El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que luego de una investigación de dos años determinó que Nicaragua incumplió los requisitos para seguir siendo beneficiaria del DR-CAFTA y propuso como sanciones la suspensión del acuerdo comercial y la imposición de 100% de aranceles a los productos nicaragüenses, pone en un dilema a la dictadura, pero también a parte de la oposición nicaragüense.
La investigación estadounidense determinó que la dictadura Ortega-Murillo cometió graves violaciones a los derechos humanos y laborales, que son condiciones de ineludible cumplimiento para sus socios comerciales.
#ElDato 📊 Uno de los empresarios involucrados se retrata con la dictadura, como lo demuestra una fotografía que circuló al conocerse el embargo, junto a Camila Ortega Murillo https://t.co/TTD8rrcFd9 pic.twitter.com/T4ztJoPolV
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 21, 2025
Hasta ahora las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nicaragua por la crisis sociopolítica iniciada en 2018 solo implicaron afectaciones individuales contra funcionarios o empresas ligadas a la familia dictatorial, pero es cierto que unas sanciones como las que propone el Departamento del Tesoro esta vez sí tendrán consecuencias para toda la ciudadanía.
Desempleo masivo y carestía de la vida serían algunas de las repercusiones, así como la significativa reducción de la inversión extranjera directa, han advertido algunos especialistas.
El economista y activista opositor Juan Sebastián Chamorro indicó en un video publicado en su cuenta de X que «las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense».
Chamorro recordó que casi el 50% de lo que Nicaragua exporta tiene como destino Estados Unidos y que la aprobación del DR-CAFTA significó una dinamización enorme en la economía local. Aunque dejó claro que los únicos culpables de que una medida como esta se esté considerando son los dictadores que se rehúsan a enrumbarse a la democracia.
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Momentos decisivos
Con los informes y los hallazgos de la investigación en sus manos, la última palabra ahora la tiene el presidente de Estados Unidos Donald Trump, sin embargo, como parte del proceso, la ley otorga un período para escuchar alegatos y comentarios finales que permitan al mandatario tener mayor claridad para definir el rumbo económico de Nicaragua.
Este período concluye el 19 de noviembre y es ahora mismo que empieza una contienda durísima. Tanto la dictadura, como la oposición harán esfuerzos para plantear sus posiciones y tratar de convencer a Trump de una decisión a favor de sus intereses.
La posición de la dictadura será clara, aunque sus enviados posiblemente sean los que menos esperamos. Más que funcionarios y lobistas profesionales, Ortega ha usado en el pasado a reconocidos empresarios para hacer lobby de alto nivel en Estados Unidos y detener las sanciones. Así sucedió por ejemplo entre 2017 y 2018 cuando el reconocido periódico The Miami Herald filtró que entre quienes llegaron a cabildear fuertemente a Estados Unidos para detener la Nica Act contra el dictador sandinista estaba como negociador principal el empresario Carlos Pellas.
Ortega no está solo
En el caso de la Nica Act el cabildeo de Pellas y otros reconocidos empresarios nicaragüenses fue tan eficiente que la entonces congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal promotora de la iniciativa, se enfrentó a su colega Francis Rooney porque después de haber sido uno de los 25 firmantes del proyecto de Ley, echó pie atrás por apartentes y nacientes intereses con Ortega.
Para entonces se señaló que la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua AMCHAM contrataba cabildeadores para ser enviados a Washington a reunirse con congresistas y detener la Nica Act, e incluso se llegó a especualar que Rooney era uno de los reclutados.
Aunque en un principio AMCHAM negó estas gestiones, más tarde, en septiembre de 2017 lo reconoció públicamente en un comunicado publicado en sus redes sociales donde anunciaba que iniciaban «el cabildeo para evitar eventuales sanciones económicas que puedan afectar la economía de Nicaragua».
Para entonces contrató a la firma Carmen Group para que «haga las debidas gestiones con el fin de evitar posibles sanciones económicas que puedan ser aplicadas a nuestro país que afectarían la inversión y el comercio con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial», indicaba el comunicado.
Para ese año se proponían otra serie de sanciones a la dictadura como la prohibición de acceder a préstamos de organismos financieros internacionales. The Miami Herald consideró que esta era una de las principales preocupaciones de los empresarios y la razón por la cual se alinearon con la dictadura en esas altas esferas diplomáticas, ya que ellos se beneficiaban de esos recursos.
«Si permitimos que la élite gobernante de Nicaragua explote los préstamos internacionales para incorporar aun más dinero a empresas corruptas de regímenes antiamericanos, nos estaremos haciendo de la vista gorda», dijo a ese pretigioso medio el senador Ted Cruz.
Lo cierto, es que este intercambio de beneficios fue expuesto por Ortega en diciembre de 2019, cuando su alianza con los empresarios parecía fracturada tras los eventos de abril del año anterior.
En ese momento Ortega reprochó a los empresarios el háberles «dado la mano para que se levantaran» al haberlos beneficiado con jugosos y numerosos contratos con el Estado, mencionando uno de los acuerdos comerciales más polémicos hasta ahora, porque implicó una aparente deuda pública de casi 5 mil millones de dólares que fueron usados para crear un emporio petrolero familiar; la deuda con Venezuela.
«Ya se les olvidó a los vende patria cómo ellos disfrutaron y se enriquecieron con los programas del Alba, de Nicaragua y Venezuela, ya se les olvidó», dijo Ortega entonces, y fue más allá al amenazarlos.
«Ya se les olvidó y ahí tenemos toda la documentación de la cantidad de operaciones económicas, financieras, de las cuales ellos se beneficiaron, ganaron y entonces no hablaban mal de Venezuela».
El dilema de los empresarios es que si no ayudan a Ortega a salir de este apuro sus negocios se verán seriamente afectados, pero también el contrato prebendario que por años habían establecido y que al parecer no estaba del todo terminado a pesar de las grietas abiertas en abril.
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La oposición sin una narrativa común
Y si bien Ortega sí está claro qué es lo que luchará en este mes de escucha de comentarios por parte de Estados Unidos y hasta tiene posiblemente y de nueva cuenta a estos influyentes y diligentes aliados del pasado que siguen teniendo intereses económicos en Nicaragua e incluso, lazos comerciales o hasta familiares con gente dentro de la oposición sobre quienes aún ejercen alguna influencia, los grupos opositores en cambio no abogarán solamente por una suspensión del DR-CAFTA.
Muchos sectores opostores podrían considerar esta vez cabildear a favor de la posición de Ortega, ya sea por convicciones políticas, intereses económicos aún dentro del país o porque creen que el costo a pagar es demasiado alto para la población nicaragüense.
Se sabe que en el pasado, muchos opositores que públicamente se mostraron a favor de la Nica Act, tenían una posición totalmente contraria a la hora de reunirse en privado con congresistas y funcionarios clave de Estados Unidos.
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El doctor Guillermo Belt, diplomático y ex asesor de la OEA cree que sería «espantoso» que «supuestos opositores aboguen por los intereses de la dictadura», pero dice que tampoco le sorprendería que a estas alturas, cuando la medida parece mucho más cerca de implementarse, muchos cambien su discurso alegando que sacar a Nicaragua del DR-CAFTA «afectaría duramente a los nicaragüenses».
El temor de los sectores de oposición que están más convencidos de que un golpe económico de este tipo contra Ortega es casi lo único que podría tambalear su poder, es que algunos opositores y empresarios ayuden a Ortega a sino a detener las sanciones, al menos a suavizarlas. Algo que echaría abajo años de incidencia y esfuerzos para lograr algo que cuesta muchísimo trabajo, poner a la dictadura en un debate decisivo para su futuro en las más altas esferas políticas y diplomáticas.
Nicaragua Investiga
