«La piñata» del gobierno de Nicaragua con los narcobienes incautados

El pasado 27 de enero, la policía anunció la captura de dos presuntos narcotraficantes en la ciudad de Ocotal y el decomiso de un millón de dólares.

No es una cifra despreciable para un país que enfrenta una de sus peores crisis económicas, el problema es que nunca ha habido un informe que especifique qué se hace exactamente con ese dinero, además de casas, vehículos, lanchas, joyas y otros bienes que se incautan al crimen organizado.

La discrecionalidad es peligrosa, advierte el experto en seguridad Roberto Cajina, quien asegura que entre las autoridades estatales hay una «red de corrupción» en torno al manejo de estos bienes, porque se reparten como una especie de «piñata», sin respetar los procedimientos legales.

La Ley 735, para la prevención, investigación y persecución del crimen organizado, establece que se debe crear una unidad de bienes incautados para la administración correcta de estos.

Esa unidad jamás se creó desde que la Asamblea Nacional aprobó la ley en el año 2012. La legislación otorgaba a esta entidad la potestad de recibir, vigilar y disponer de estas incautaciones.

El dinero debería pasar a las cuentas nacionales, los vehículos, dependiendo de sus características, podrían ser ocupados por las instituciones estatales para uso oficial y la droga debería ser incinerada bajo supervisión.

Roberto Cajina, experto en seguridad. Foto: NI

Para la investigadora en temas de transparencia Dayra Valle, no parece haber interés el gobierno por dejar las cuentas claras con relación a este dinero y bienes.

«Esto estamos hablando del 2012 (aprobación de la ley), ya estamos en el 2020 y la unidad no ha sido creada”, cuestiona Valle.

La investigadora indica que el dinero no se reporta en el Presupuesto General de la República y revela que en los últimos años ha habido muchas quejas de abogados o litigantes que denuncian abusos e irregularidades en estos procesos.

¿Qué se hace el dinero y los bienes?

La respuesta del experto en seguridad Roberto Cajina es directa.

«Los jueces, en contubernio con el régimen lo que hacen es distribuirlo como una piñata, los bienes, propiedades, dinero en efectivo» y agrega que esta «repartidera» se da a discreción de los implicados y bajo beneficios políticos.

El exfuncionario judicial Yader Morazán, denuncia que muchos de lo incautado de menor valor presuntamente es «manejado por jefes policiales en complicidad con algunos jueces y magistrados, quienes trafican con bienes que provienen de procesos no definidos”.

Morazán dice que “muchas veces, se dictan sentencias de no culpabilidad, pero esos bienes ya pasaron a manos de un tercero, teniendo la autoridad judicial que negar el acceso a la devolución o teniendo que alegar pérdida por parte de la autoridad policial”.

Morazán agrega que “del dinero decomisado se sabe poco o nada, y los bienes materiales, se los repartían entre las instituciones, beneficiando en mayor medida al Ejército y la Policía».

Policía de Nicaragua incauta más de un millón de dólares. Foto: 19 Digital

«Por ejemplo, los vehículos de lujo se los repartían en asignación entre funcionarios del sistema de justicia, y los más sencillos para uso operativo”, señala. Además denuncia que en algunas instituciones, operan personas que tratan de vender  a trabajadores del estado, vehículos procedentes de decomisos.

Las casas y bienes inmuebles confiscadas, pasan en algunos casos, a manos de la policía. En septiembre de 2014, la institución capturó a Edder Núñez Muñoz, acusándolo de lavado de dinero y le decomisó el Hotel Las Colinas, que posteriormente fue convertido en una sede policial.

Algunas de las “repartideras” cuestionables

  • Hotel “narco”
Hotel La Pradera fue asignado sin haber resolución firme. Foto: END

Roberto Cajina recuerda que en 2012, el hotel La Pradera ubicado en el kilómetro 10.5 carretera a Masaya fue incautado a una red de narcotráfico.

Sin embargo, Telemaco Talavera, entonces rector de la Universidad Nacional Agraria, confirmó que la entidad universitaria estaría administrando el «hotel narco», supuestamente para alojar docentes, estudiantes e investigadores extranjeros que venían al país como parte de intercambios estudiantiles o programas académicos.

La jueza Indiana Gallardo, a cargo del caso, explicó que ella no había otorgado a nadie el hotel porque el juicio aún estaba en desarrollo y que su mandato legal fue que el inmueble se mantuviera bajo resguardo policial.

Al día siguiente la jueza se retractó de sus declaraciones y cambió su versión, asegurando que concedió el hotel a la Agraria de “manera temporal”. Gallardo dijo a El Nuevo Diario que fue decisión de ella asignar el bien, porque “está facultada para hacerlo”, lo cual contradice lo establecido por la legislación, que orienta que estos deben ser sometidos a subasta pública y el dinero de ello depositado a las cuentas de la nación, y esto solo después que el juicio haya terminado y se haya dictado una sentencia firme de culpabilidad.

  • La mansión Fariñas
Al empresario Henry Fariñas le decomisaron lujosas propiedades, no se sabe su paradero final. Foto: END

Henry Fariñas, un empresario de clubes nocturnos destapó una olla podrida en la policía al denunciar que supuestamente existía dentro de la institución una estructura paralela vinculada al narcotráfico y presentó fotos de sus hermanas, implicadas en estos negocios, junto a altos comisionados policiales.

Pero además de eso, los bienes decomisados a Fariñas, vinculado al asesinato del cantautor Facundo Cabrales, incluían una lujosa mansión valorada en 250 mil dólares y ubicada en la exclusiva zona de Serranía en Carretera Sur, también incautaron propiedades en Las Colinas, carretera a Masaya, Nueva Guinea, Boaco y Villa Tipitapa, todas pasaron a manos de la Procuraduría General de la República sin que se conozca su uso actual o su destino final.

  • Los falsos Televisa
Raquel Alatorre, jefa de la banda «falsos televisa», contradijo la versión oficial sobre el monto de lo incautado. Foto: 19 Digital

El otro caso es el de «Los falsos Televisa». 18 mexicanos a bordo de 6 vehículos con documentación de la cadena mexicana, trataron de entrar al país con una fuerte cantidad de dinero oculto en caletas internas de cada automotor.

La Policía afirmó que se habrían encontrado 9.2 millones de dólares. Por órdenes de Daniel Ortega el dinero fue supuestamente transferido al Sistema Penitenciario, según informaron medios oficialistas, con el fin de construir nuevas cárceles en el país.

Pero la cabecilla de los narcotraficantes, Juana Raquel Alvarado Torres, dijo una vez estando en México, que en realidad habían 17 millones de dólares. «¿Dónde están los otros 8 millones de dólares restantes?» se pregunta Roberto Cajina. Nunca hubo una explicación oficial sobre la incongruencia.

¿Cuánto se ha mal distribuido?

La investigadora Dayra Valle manifiesta que las autoridades no han rendido cuentas de todo lo que se ha decomisado, tanto en dinero en efectivo como en propiedades, a lo largo de los últimos ocho años desde que se promulgó la ley. «Si hay opacidad es imposible determinar lo que se ha hecho con esos recursos o a quiénes ha ido a parar (…) todos pueden haber metido la mano en la administración de los recursos y nadie va a rendir cuentas de eso porque no existe la unidad que por ley debería de hacerlo», explica la investigadora.

Apenas en junio de 2012 se logró conocer una cifra conglomerada, en un informe que la Primer Comisionada Aminta Granera, envió a Washington, en el que indicó que de 2006 a 2011 (cinco años) la policía incautó 31.5 millones de dólares, 7.5 millones de córdobas, 1,417 armas, 1,234 medios de transporte terrestre, 18 medios aéreos y 168 medios marítimos.

Años más tarde, en un evento público, Granera dijo a Daniel Ortega que en el año 2014, se habían incautado 3 millones de dólares en efectivo, 196 vehículos livianos y pesados, 39 medios de transporte acuático y 111 bienes inmuebles.

Es todo lo que se tiene en cifras conglomeradas. No hay informes del resto de años, ni del destino de todos esos bienes.

Sentencias por conveniencia

Yader Morazán advierte que lo más preocupante son los casos que involucran bienes de mayor valor, principalmente casas y otras infraestructuras.

«Muchas veces sobre ellos pesan condenas infundadas, en algunos casos cuando el bien es del gusto de algún funcionario o ya está siendo el bien utilizado, por alguna institución, difícilmente lo van a devolver a su verdadero dueño, por lo que van a inventar cualquier argucia jurídica dentro del expediente para mantener su condena», asegura Morazán.

La ley establece que en los casos sobre los que aún no hay condena firme, la autoridad solo puede resguardar el bien y no puede usarlo, ni disponer de él, porque no se ha comprobado el delito a su propietario.

En febrero de 2018 Heyzel Carrión Ríos denunció al Diario La Prensa que las autoridades se negaban a devolverle dos módulos que le fueron incautados como parte de un proceso penal en contra de un Colombiano que le alquilaba los locales para operar un Karaoke en Bello Horizonte.

Uno de los módulos tomados arbitrariamente por la Policía. Foto: Tomada de La Prensa

Carrión dijo que logró demostrar que los bienes estaban en calidad de alquiler y que habían sido adquiridos de manera lícita, sus pruebas fueron consideradas válidas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que en septiembre de 2017 ordenó levantar el depósito judicial y devolver las propiedades, sin embargo la policía, que tomó los módulos para instalar una dependencia policial, no acató la resolución. Los bienes fueron incautados desde el año 2009.

Foto principal: El 19 Digital

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