El salario de los asesores decorativos de Daniel Ortega

Nombrar asesores presidenciales se convirtió en una estrategia de Daniel Ortega para mantener en la planilla estatal a su personal de confianza retirado de cargos ministeriales, así como a sus familiares y excompañeros de guerrilla. Es un anillo amparado por el enorme poder de la familia gobernante que crece de manera desproporcionada y se alimenta del erario público, sin que se conozcan sus aportes en la gestión gubernamental.

De acuerdo con la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, hay 16 ministerios en el Estado, por lo que a estas alturas el mandatario tiene más asesores presidenciales que ministros. En La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, se publicó el 20 de febrero de 2007, cuando Ortega asumió el poder, que el presidente contaba con dos asesores: uno para temas económicos y el otro para relaciones exteriores y asuntos limítrofes.

El precio de la lealtad: los súper salarios del orteguismo

Esta investigación de Nicaragua Investiga logró detectar 27 asesores presidenciales. La cifra era aún mayor, pero disminuyó tras el fallecimiento de cuatro de ellos que no han sido reemplazados. Otro más fue destituido. También se descubrió que uno de los asesores que supuestamente había renunciado en 2018 todavía conserva su cargo. Además, se revela por primera vez el salario que reciben de la Presidencia de la República —cuyas oficinas están ubicadas en el segundo piso de las oficinas administrativas del INSS Central— y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La lista de asesores y el salario que reciben cada mes fue extraída de una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de marzo de este año, que fue filtrada a este medio de comunicación y que fue debidamente verificada.

Una fuga millonaria de dinero público

Según datos del Seguro Social, cada asesor presidencial recibe un salario bruto mensual de entre C$133,710.59 (3,730.83 dólares) y C$138,259.41 (3,859.84 dólares). De acuerdo con el sueldo de 18 asesores que se encontraron en el documento, el Estado de Nicaragua destina en ellos cada mes unos C$2,506,672.74 (69,867.74 dólares). Es decir, que en un año se destinan al menos C$30,080,072.88 (838,412.88 dólares) para pagarle a este círculo exclusivo.

La fuga millonaria puede ser superior, ya que no se logró detectar el salario de cinco de ellos. Además, el mandatario continúa engrosando su lista de asesores: recientemente nombró a tres luego de ser destituidos de sus cargos.

Los nuevos nombramientos son: Bosco Castillo, que pasó a ser asesor para tecnologías de innovaciones productivas; Edward Francisco Centeno que fue nombrado asesor en asuntos específicos y Orlando José Tardencilla que funge como asesor para políticas y relaciones internacionales. 

Dentro del personal de la Presidencia de la República se encuentra Laureano Ortega Murillo, recibiendo un salario neto mensual de C$133,710.59 (3,732.85 dólares). Él es hijo de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Aparentemente, gana un poco menos que los otros asesores.

Sin embargo, una investigación del medio digital Artículo 66, develó que Laureano es beneficiado con inyecciones millonarias de recursos estatales para la Fundación Incanto que dirige y la cual nunca ha dado a conocer estados de cuenta sobre qué hace con esos recursos, que según la investigación, superaron los 8 millones 384 mil córdobas entre 2015 y 2018.

Laureano es uno de sus hijos más mediáticos y con mayor participación en asuntos de Gobierno. En 2009, se estrenó como asesor de promoción de inversiones para el sector turismo en ProNicaragua. En el 2012, fue nombrado asesor presidencial para inversiones y comercio internacional con rango de ministro, aunque su cargo no ha sido oficializado nunca en La Gaceta.

“Mis hijos no tienen cargos en el Gobierno. Uno de ellos (Laureano) contribuye, pero su trabajo está dentro de una Fundación (Incanto) que tiene que ver con promover el canto entre los muchachos, niños de escasos recursos”, aseguró el mandatario en una entrevista concedida en septiembre 2018 a la cadena France 24. Pero los hallazgos de esta investigación contrastan con sus declaraciones; su hijo recibe dinero del Estado.

“Sus hijos, yernos, nueras y parientes son nombrados ministros-asesores”, señala en referencia a la pareja gobernante, un exministro nicaragüense que solicitó el anonimato por temor a represalias.

En enero de 2015, los hermanos Rafael, Camila y Luciana Ortega Murillo, viajaron con sus padres a San José, Costa Rica, para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). En ese momento las dos jóvenes fueron acreditadas como “asesoras presidenciales”. De igual manera, Rafael fue acreditado como “asesor presidencial” con rango de ministro. Sus cargos tampoco se han oficializado en La Gaceta.

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Un asesor que “renunció” sigue en planilla y acepta recibir dinero público 

Jaime Incer Barquero, científico y ambientalista con una voz más o menos crítica dentro del gabinete, es asesor presidencial para asuntos del medio ambiente y los recursos naturales desde 2009, según consta en un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta. 

En 2018, se conoció que el científico renunció a su cargo, pero hasta marzo de este año, fecha de la planilla filtrada a Nicaragua Investiga, aún aparecía en la lista del personal de la Presidencia de la República que cotiza al Seguro Social, con el salario de un asesor. 

Nicaragua Investiga se comunicó vía telefónica con Jaime Incer Barquero para preguntarle sobre su salario y confirmó que cada mes recibe un cheque del Banco Central de Nicaragua (BCN). Según él esto se debe a que no le aceptaron la renuncia y que el dinero es para “justificar” unos reembolsos por trabajos anteriores.

Además, indicó que el contacto directo lo mantiene con Rosario Murillo y que nunca habla directamente con Daniel Ortega, a pesar que funge en planilla como asesor del presidente.

“Yo recibo del Banco Central un cheque todos los meses que incluye varias cosas: el reembolso por los años que trabajé en la Biblioteca del Banco Central y un aporte que me da la Presidencia en compensación a que actualmente ya no estoy en ninguna planilla del Estado. Incluso, para justificar eso, me nombraron asesor ecológico presidencial. O sea, estoy a la disposición del Gobierno para cualquier problema de carácter ecológico que deseen resolver”, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre su renuncia en 2018, dijo que “no se la aceptaron” porque el régimen supuestamente no tiene a quién recurrir cuando hay problemas ecológicos. “No me han contestado, no me han dicho ni sí ni no. Yo más bien me dirijo a la primera dama, con quien tengo amistad desde hace muchos años, cuando los dos trabajábamos en La Prensa”, aseguró.

“Me acuerdo claramente que cuando hubo aquel proyecto del Canal Interoceánico, yo fui el único dentro del gabinete que me opuse a la idea del Canal por las razones ecológicas que vi”, dijo el científico de 88 años, quien sostiene que desde entonces “no ha habido nada especial como para responder u orientar en ese sentido, pero el cargo existe virtualmente”.

“Un asesor de un presidente democrático da consejos para perfeccionar la democracia, y que la gente vea buena su gestión”, dice el exdiplomático nicaragüense José Dávila Membreño. Y añade: “Un dictador puede remover a un asesor si sus consejos dejan de verlos acertados, pero nunca los apartan totalmente, los mantienen en el presupuesto público”, indica.

De guerrilleros a consejeros presidenciales

Los exguerrilleros sandinistas son los que más engrosan la lista de asesores presidenciales. Al menos cinco personajes con este tipo de historial figuran entre los supuestos consejeros de Ortega, de los que nunca se han conocido sus recomendaciones.

El primero en la lista es Bayardo Arce Castaño, quien es asesor para asuntos económicos y financieros. El otrora comandante revolucionario asumió este cargo en el año 2007, cuando Ortega retomó el poder. Antes, fue diputado de la Asamblea Nacional durante dos periodos: entre 1996 – 2001 y posteriormente 2002 – 2006, una década legislando como opositor y recibiendo salario del Poder Legislativo.

Arce Castaño fungió como enlace entre el gobierno y el sector privado del país, hasta que esa relación se rompió tras la represión estatal de abril de 2018. Luego de estos acontecimientos, desapareció de la palestra pública y dejó los temas políticos cuando dijo durante una entrevista a la cadena Univisión que el presidente “se equivocó” en las reformas al Seguro Social. La última vez que reapareció fue en diciembre del año pasado, cuando aplaudió el restablecimiento de las relaciones con China. En esa ocasión, aprovechó para criticar las sanciones que él mismo ha recibido de Canadá y la Unión Europea. 

Recientemente, el exguerrillero se vio envuelto en un escándalo de corrupción en España. El Juzgado Central de la Audiencia Nacional de ese país investiga al cónsul honorario de Nicaragua en Las Palmas de Gran Canaria, José Herrero de Egaña, por el supuesto cobro de comisiones a empresas para desarrollar proyectos en Nicaragua, presuntamente, en compañía con Arce Castaño. Hasta ahora no se ha desmentido esta información y ambos funcionarios se ocultan entre las sombras.

El segundo hombre es Manuel Alí Rivas Vallecillo, asesor de seguridad de la Presidencia de la República. Fue exjefe de la seguridad personal en la década de los 80 y durante siete años compañero de cárcel de Daniel Ortega. 

En 2007 se conoció que un grupo de civiles estaban a cargo de la seguridad personal del mandatario, se hacían llamar “los camisas azules”. Esta fuerza civil estaba compuesta por 150 hombres, todos ellos ex-militares y antiguos integrantes de la cooperativa de transporte “Parrales Vallejos”. Se señala como su creador y jefe a Rivas Vallecillo, quien está casado con Mayra Salinas Uriarte, magistrada del Poder Electoral que fue propuesta para representar al partido Frente Sandinista. 

Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, recoge información que vincula a Rivas Vallecillo con la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra. “Se les vio utilizando camisas de algún color como distintivo azul y verde”, señala el documento.

“Para los sandinistas, el Estado es un botín y ellos hacen uso del erario público en función de sus necesidades de poder y de distribuir prebendas. De hecho, hay dos cosas que mantienen unidos al Frente Sandinista: la prebenda y la impunidad”, sostiene Eliseo Núñez, analista político nicaragüense.

“Los asesores de dictadores pueden ser calificados de malvados, pues ayudan a perfeccionar su gestión autoritaria. Les ayudan, por ejemplo, a ser más represivos, o que ejerzan más control sobre la sociedad, o para agudizar su desconfianza en los círculos que los rodean”, indica José Dávila Membreño.

Exmilitares en el privilegiado círculo de protegidos

Por otro lado, el líder sandinista tiene a dos exmilitares como asesores presidenciales para asuntos de infraestructura. El primero es Óscar Salvador Balladares Cardoza, un exmilitar que pasó al retiro en el 2013. La segunda figura decorativa es Óscar Salvador Mojica Obregón, otro exmilitar y hombre de confianza del mandatario. El salario de este último no pudo ser detectado.

Mojica Obregón entró a este círculo de asesores cuando el mandatario le quitó poderes administrativos y financieros como titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por promover la estrategia “exilio, cárcel o muerte” para callar a la oposición. Además, se le señala de administrar “una parte significativa de las finanzas personales de Ortega y Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”, lo que lo ubicaría como un testaferro de la poderosa familia gobernante.

La lista de personas que tuvieron un vínculo con el Ejército de Nicaragua no termina acá: Martha Elena Ruiz Sevilla fue nombrada ministra asesora para políticas y asuntos internacionales mediante un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta. Ella sustituyó el cargo de Paul Orquist Kelley, quien falleció el 12 de abril de 2021 por complicaciones presuntamente asociadas a la COVID-19. 

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Ruiz Sevilla es abogada y fue ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en el país en ocupar ese cargo (2014-2019). Fue secretaria general del Ministerio de Defensa y luego secretaria adjunta de la Secretaría Privada Para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, un cargo que ostentan los más fieles al mandatario. Por otra parte, ella es esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.

En 2017, Ortega se otorgó facultades mediante un decreto presidencial para crear cargos de ministros delegados de la presidencia en temas específicos. Desde entonces comenzó a ubicar a sus más leales como asesores y uno de ellos fue Omar Halleslevens Acevedo, un exmilitar que actuó como vicepresidente de Nicaragua entre 2012 – 2017 con el caudillo sandinista.

Él es ministro asesor delegado para Asuntos Específicos y Presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), una dependencia adscrita a la vicepresidencia “cuyo objetivo principal es regular el ámbito de la ciencia y la tecnología en los diferentes sectores”, según se describe en su sitio web. El general en retiro nació en La Libertad, Chontales, de donde también es originario Daniel Ortega.

Su lealtad con el mandatario data desde los tiempos de las guerras contra el somocismo. Participó en el asalto a la casa de José María Castillo, conocido como Chema Castillo, un exministro de Somoza en tiempos de la dictadura. En esta invasión se tomaron varios rehenes para negociar la liberación de presos políticos sandinistas, entre ellos Daniel Ortega. Era parte del comando “Juan José Quezada”, que estaba conformado por tres escuadras y es miembro fundador del Ejército de Nicaragua desde que se formó como tal en 1979.

Otro ministro delegado es Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, quien se encarga de la promoción de las inversiones y la facilitación del comercio exterior. Su participación política y visibilidad en los medios de comunicación oficialistas se ha reducido en los últimos años, sobre todo a raíz de que Laureano Ortega tomó mayor control sobre esa cartera.

“Puedo afirmar que es el presidente que ha tenido más asesores con rango de ministros en toda la historia de Nicaragua”, asegura el exministro nicaragüense que pidió guardar su identidad. Y agrega: “No fue así en los años 80, aunque si proliferaban una enorme cantidad de viceministros en cada institución”, asegura.

Los extranjeros asesores

La lista de asesores asalariados no termina aquí. El líder sandinista ha “premiado” en la arena diplomática internacional a personas de nacionalidad extranjera: Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del exdictador libio Muamar Gadafi, es ministro asesor y delegado del presidente para África, Medio Oriente y Países Árabes (como consta en La Gaceta). Su salario es mayor que los demás consejeros y lo recibe de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, cobrando cada mes C$194,974.76 (5,428.97 dólares).

Farrara Lashtar es el tercer socio de Celeste S.A, Canal 13, un medio privado que gana contrataciones públicas para supuesta “publicidad”. El medio televisivo lo dirigen los hermanos Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo. El libio fungió como secretario privado del líder sandinista y además fue diputado suplente del difunto Jacinto Suárez ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los otros extranjeros que asesoran a Ortega son: Rubén Ángel Berríos Martínez, un político puertorriqueño y líder del movimiento independentista, que es asesor en políticas internacionales en asuntos de descolonización. También está en la lista un italiano llamado Marco Marcucci, quien funge como asesor sobre la economía europea. De ellos no se encontró su salario en la planilla.

“Que un mandatario busque asesores extranjeros, es que quieren hacerles, o pagar favores muy especiales, o es que los considera piezas con capacidades específicas para ayudarle a sostener su régimen. Generalmente son camaradas ideológicos, pero también hay como una arista de desprecio hacia sus propios connacionales”, dice el exembajador José Dávila Membreño.

Los asesores sancionados 

Sonia Castro González, la exministra de Salud, fue la primera mujer que incorporó el mandatario a su club exclusivo como ministra asesora sobre temas de salud luego que Estados Unidos y Canadá le impusieran sanciones por considerar que formó parte del proceso represivo contra la ciudadanía nicaragüense, al prohibir la atención médica a los heridos en las protestas de abril, así como despedir a médicos que cumplieron con el deber de brindar asistencia a pacientes opositores en estado delicado. 

José Francisco López, otro hombre de confianza de la dupla Ortega-Murillo, estaba al frente de la Empresa Nacional de Petróleos (PETRONIC) y fue también “protegido” cuando Estados Unidos le aplicó sanciones. Lo nombraron asesor presidencial para la producción y el comercio.

Esta fue una estrategia del caudillo sandinista para mantener los beneficios salariales y bonificaciones de estos funcionarios, generando mayores costos para los nicaragüenses y elevando el gasto público. Tanto Francisco López como Sonia Castro reciben cada mes 3,859.84 dólares. El exministro nicaragüense explica que, cuando un ministro es sancionado, “lo que hace [Ortega] es nombrarlos asesores con rangos”, pero manteniendo “sueldos y prebendas” de ministro. 

Al recurrir a tantos asesores Daniel Ortega no solo pone en duda sus capacidades de gestión, sino que además atenta contra la economía de un país que lleva 4 años azotado por las consecuencias económicas de la represión estatal que él impulsó. Ortega sabe que sostenerse en el poder tiene un alto precio, pero no lo paga él, lo paga el pueblo nicaragüense.