«La policía me dijo que me cambiara de casa»: la indefensión de las mujeres en Nicaragua

  • Al menos cinco mujeres son asesinadas mensualmente, según organismos de derechos humanos

Fueron doce navajazos los que Yerol Josué Álvarez le dio a la joven de 26 años de nombre Seylit Parrales para tratar de asesinarla porque ella se negaba a regresar con él. La pareja ya tenía más de 17 meses de haberse separado y tienen una hija de 1 año y medio.

Anteriormente a este hecho, la joven denunció que ya había sufrido agresiones físicas por parte de Álvarez quien le reclamaba porque «le prestaba más atención a la niña que a él».

En medio de pausas que hace por el dolor en su cuello debido a las heridas, Parrales afirma haber recibido amenazas de muerte por parte de Álvarez cuando ambos ya habían finalizado su relación y ella se negaba a volver. «Decía que él soñaba con meterme un cuchillo en el cuello» recuerda la joven habitante del barrio El Recreo, en Managua.

Parrales denunció estas amenazas de muerte en la Delegación del Distrito III de la Policía Nacional, en donde una agente que la atendió le dijo que la solución era cambiar de número telefónico e irse a vivir a otro lado.

El caso de Parrales, es uno de los 58 femicidios frustrados que registra el organismo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en lo que va del año 2019, ocho más que el año pasado.

Seylit Parrales, víctima de femicidio frustrado. Foto: Nicaragua Investiga

Marco legal no garantiza la vida de las mujeres

Algunas defensoras de los derechos de las mujeres como Mirna Blandón, señalan que el debilitamiento del orden jurídico y la falta de institucionalidad en el país, permite que el número de femicidios aumente pues «no hay un marco legal que regule, funcione o que sea efectivo para garantizar la vida de las mujeres”, declara.

Un informe de la Articulación de Movimientos Sociales titulado “70 Días de Violencia Machista” señala que “fue el régimen Ortega Murillo el que cercenó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. También entre sus detractores se cuentan jerarcas católicos y evangélicos que presionaron por su derogación”.

Por su parte, Blandón asegura que “el marco legal puede ser bueno porque existe una ley integral de violencia contra las mujeres que no deja de tener sus bondades”, sin embargo, explica que el problema con esa ley, es que la reforma que le hizo el gobierno de Daniel Ortega restringe el femicidio al ámbito privado con lo cual se estaría excluyendo a que otras personas intervengan en actos de violencia contra las mujeres.

 

Comisarías de la Mujer desaparecieron

Las Comisarías de la Mujer fueron creadas en 1993, y tres años más tarde fueron incluidas en la Ley 228 de la Policía Nacional. Estas permitían una atención integral no revictimizada para las víctimas de la violencia y el acompañamiento de organizaciones de mujeres cuando una ciudadana denunciaba algún tipo de violencia, pero en la actualidad, estas comisarías desaparecieron o no están operando.

Según el informe de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), cuando Ortega regresó al poder en 2007, las comisarías se fueron debilitando, se retiró al personal especializado en temas de violencia y se desalojaron los edificios donde eran atendidas las mujeres y se instalaron otras dependencias del Estado.

“Ahora, las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual o violencia machista son “atendidas” en Auxilio Judicial de la Policía Nacional y muchas veces por personal masculino no capacitado ni sensibilizado ante estos delitos” resalta el informe.

Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres dice que las reformas impulsadas por el gobierno «ponen en una indefensión total a las víctimas», a eso se suma el cierre de las Comisarías de la Mujer, lo cual para ella es uno de los peores retrocesos en el marco legal.

El caso de Parrales es uno en donde se refleja la falta de atención a las mujeres; la joven relató a NICARAGUA INVESTIGA que el día que interpuso la denuncia policial fue subestimada y pasó el tiempo esperando que las autoridades tomaran medidas.

«Hasta que vieron que casi me mata vino un oficial llorando pidiéndome perdón. Que los perdonara, ¿de qué sirve ahora?», cuestionó la joven.

Para Mirna Blandón, la Ley 779 “fue papel mojado” y concluye que “mientras existan funcionarios partidarios, corruptos, irresponsables,  no habrá ley que funcione”.

Cinco mujeres han sido asesinadas mensualmente

De acuerdo a las cifras de Católicas por el Derecho a Decidir, al menos 5 mujeres han sido asesinadas mensualmente en lo que va del año 2019. Según el organismo, son 53 femicidios los que se contabilizan hasta esta fecha y si no se detiene esta ola de violencia en contra de las mujeres, la cifra de femicidios podría superar la del año pasado.

En 2018, la Policía Nacional registró 23 femicidios, sin embargo, CDD registró 61 víctimas a causa de femicidio, de las cuales 42 estaban entre las edades de 18 y 50 años de edad, mientras que 3 de las víctimas eran menores de edad. En los últimos 9 años, CDD registra más de 630 víctimas mortales de femicidio, de los cuales 485 menores de edad han quedado en la orfandad.

El gobierno solo reconocía 17 víctimas hasta septiembre. Rosario Murillo, vicepresidenta del país aseguró que; «la principal causa es la discordia entre parejas, generalmente ese delito grave se comete dentro de las casas», reforzando la privacidad, que según los organismos de mujeres impide a las mujeres denunciar y a las autoridades involucrarse.

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