Uno de los jefes de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz, sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong, en la que solicitó asistencia técnica para mejorar los sistemas de monitoreo y control en el país. Según un comunicado oficial emitido el 14 de septiembre, el objetivo declarado es combatir amenazas como el terrorismo, el tráfico de drogas y los delitos cibernéticos.
Durante el diálogo, se enfatizó en la expansión de la cooperación bilateral, enfocada en la formación de agentes policiales nicaragüenses en áreas de seguridad pública, prevención del crimen y avances tecnológicos. Sin embargo, críticos y organizaciones internacionales señalan que estas figuras delictivas han sido utilizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para justificar la represión contra disidentes políticos, incluyendo arrestos, exilios y confiscaciones de bienes.
En el marco del encuentro, Díaz recibió una condecoración del funcionario chino por sus contribuciones a la «paz y la seguridad comunitaria». Este reconocimiento se produce en un contexto de crecientes denuncias sobre un sistema de vigilancia masiva en Nicaragua.
Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua destaca que el régimen ha intensificado el espionaje desde 2023, involucrando a instituciones estatales, la Policía, inteligencia militar y grupos partidarios del Frente Sandinista. El documento advierte que esta red no solo persigue a opositores identificados –quienes a menudo deben reportarse diariamente ante autoridades– sino que extiende su alcance a la población general, incluyendo la interceptación de comunicaciones privadas.
El pasado 19 de julio, durante la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega instó a sus seguidores y fuerzas de seguridad a mantener una «vigilancia revolucionaria» en barrios y comunidades para detectar y neutralizar cualquier signo de disidencia, promoviendo capturas y procesamientos inmediatos.
Organizaciones de derechos humanos describen esta estrategia como un «exterminio silencioso» de críticos, disfrazado bajo pretextos de seguridad nacional. La solicitud de tecnología china podría potenciar estos mecanismos, según analistas.
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