Durante el 2019, la ola de detenciones en la ciudad de Masaya continuó al filo de quienes alzaron su voz en contra del gobierno Ortega y Murillo. En ese año inició el tormento para 10 familias que han sido testigos de cómo el régimen privó de la libertad a sus seres queridos, quienes cumplirán en este 2023, cuatro años, que son sinónimo de tiempo perdido en todos los ámbitos de sus vidas.
El próximo 16 de marzo, Edward Lacayo Rodríguez, originario de Monimbó en Masaya, cumplirá cuatro años desde el día en que fue detenido en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, a dónde pretendía llegar para exiliarse. Posteriormente fue enjuiciado y condenado a 15 años de prisión y 800 días multas por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, y crimen organizado.
El hombre de 48 años, participó en las protestas de Masaya en abril 2018 y era llamado “La Loba Feroz”, quien está cautivo en una celda de máxima seguridad del Sistema Penitenciario “Jorge Navarro” conocida como La Modelo en Tipitapa.
Les inventan casos
En los meses de junio, julio y agosto de 2019, se intensificaron los operativos policiales en la ciudad y sus comarcas, donde detuvieron a: Mauricio Valencia, Gabriel Ramírez Somarriba, Javier Palacio Hernández, Samuel González y a su sobrino Ezequiel de Jesús González, de 22 años. Todos ellos fueron condenados por el delito de tráfico, fabricación, tenencia y uso de artefactos explosivos (bombas artesanales) en perjuicio del Estado de Nicaragua. El juez Howard López del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Masaya fue el encargado de dictar sentencia en estos cinco procesos judiciales considerados políticos por organismos de derechos humanos.
“El caso de Gabriel fue uno de los primeros casos en que se indicaba claramente su inocencia, procesado en Masaya en varias ocasiones se reprogramó su juicio. La situación legal de todos estos casos ya están en su última fase con sentencias ya confirmadas. Legalmente solo se le da seguimiento por alguna petición al juez de ejecución pero que pocas veces se pronuncian. Sumado a esto, el deterioro de salud que se ha intensificado en algunos casos por la falta de atención, enfermedades crónicas o estados de riesgo. Prácticamente inocentes torturados desde su captura sometiéndolos a juicios que eran ya perfilados, con desgaste de salud física y mental a consecuencias de torturas de parte de funcionarios”, explicó Yonarqui Martínez, abogada del reo de conciencia Gabriel Ramírez y defensora de derechos humanos.
Gabriel Ramírez, Ezequiel González y Javier Palacio fueron condenados a seis años de cárcel, mientras a Mauricio Valencia y Samuel González les impusieron condenas de siete años. Además, el juez dictó entre 350 y 450 días multas que equivalen a la suma de 21 mil y hasta 24 mil córdobas. Todos están presos en el Sistema Penitenciario de Granada desde hace casi cuatro años que fueron privados de su libertad.
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“La situación que vivimos es lo más triste, porque parte de nosotros (familia) está encerrado en ese sistema, sufrimos al no poder hacer nada ni cómo sacarlo, más él era el que llevaba el trabajo de esta casa. Él ha perdido valioso tiempo, parte de su vida, él se preocupa mucho porque no puede ayudar a mi mamá con el trabajo, es un chavalo que está detenido injustamente por pensar diferente. Ya van casi 4 amargos años de sufrimiento, agonía, impotencia vemos qué pasa el tiempo y nada que sacan a nuestros hermanos es injusto que sigan matándonos con este dolor y humillaciones que pasamos en las visitas”, señaló un familiar del preso político Javier Palacio Hernández.
Condenados a 15 años por supuesto narcotráfico
Otro caso que involucra a tres opositores de Masaya que se encaminan a cumplir cuatro años tras los barrotes de la cárcel La Modelo es el del excarcelado político José Santos Sánchez, Uriel José Pérez y José Ángel González, quienes pagan condena de 15 años por el supuesto delito de tráfico de droga y pertenecer a la misma banda delincuencial. El juicio estuvo a cargo de la jueza Adela Cardoza, del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua.
Los tres autoconvocados fueron detenidos en sus respectivos hogares el 13 de noviembre de 2019 mediante fuertes operativos policiales y sin orden judicial, según afirmaron sus familiares, quienes denunciaron que les pusieron la droga para inventar el delito común. Sus familias llevan cuatro navidades sin tener en casa a sus seres queridos. En el caso de Uriel su mamá no logró verlo en libertad, ya que en diciembre de 2021 lamentablemente falleció.
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El último de los encarcelados detenido en 2019 es Norlan Cárdenas, quien fue vinculado al caso del opositor “Chabelo” en Masaya, quien fue asesinado a inicios del mes de diciembre de ese mismo año. Cárdenas tiene condena de 13 años por los supuestos delitos de obstrucción de funciones, intento de homicidio frustrado, posesión ilegal de armas restringidas y fabricación de artefactos explosivos. Él se encuentra encarcelado en la cárcel La Modelo y al igual que otros reos de conciencia, sus familias han sido víctimas de asedio.
En Nicaragua hay 235 presos políticos, entre ellas 14 mujeres, en los diferentes sistemas penitenciarios nicaragüenses y en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como: El Nuevo Chipote. Diversos sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y comunidad internacional han demandado su liberación, pero el régimen ha hecho caso omiso.
Nicaragua Investiga
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