La gran corrupción que ha generado la cooperación venezolana fue alentada por la férrea decisión de Ortega de perpetuarse en el poder, y explica la disminuida resistencia del sector privado a presionar todavía más para un cambio político en el país. Ambos han sido los grandes beneficiarios de este enorme y turbio esquema.
En un inusual llamado de atención, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una importante advertencia al gobierno nicaragüense, “las preocupaciones existentes en relación con el marco ALD/LFT (Anti lavado de dinero y lucha contra el terrorismo) de Nicaragua podrían tener un efecto negativo en el sector financiero, aumentar la presión en las relaciones con bancos corresponsales, y en términos más generales, deteriorar el clima de negocios”.
Esta advertencia llega en el peor momento para el gobierno dado los fuertes cuestionamientos que se han hecho a lo largo de su administración que va por los trece años.
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Con este nivel de cooperación la familia Ortega logró convertirse en un magnate llegando a crear toda una serie de empresas protegidas bajo el alero del Estado “metió a sus hijos, comenzó a comprar empresas y se convirtió en parte del sector privado”, asegura un economista consultado que no quiso que se mencionara su nombre.
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Pero no todo lo hizo solo. El dinero venezolano dio para todos, incluyendo al sector privado más conservador, que se benefició por los diferentes programas creados, bajo un esquema de relación público – privado, anunciado con toda la pompa posible por el mismo Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Supremo sueño de… Ortega
En abril de 2007 el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez arribó a Nicaragua para poner la primera piedra de lo que sería la más grande refinería de la región, con un costo calculado entre 2 y 4 mil millones de dólares, una exorbitante cantidad, incluso para la próspera economía venezolana. Así nació la empresa Albanisa, una empresa mixta cuyos socios eran Petróleos de Venezuela (PDVSA) dueña del 51 por ciento de las acciones, y la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic).
Durante esa visita se firmó un acuerdo petrolero que abría una nueva era para la administración Ortega y para el país, mediante el cual se exportarían unos 10 millones de barriles de petróleo y derivados al año, en una serie de transacciones de las que nunca se ha dado información, y que sería administrada por la todavía no bien clara Albanisa.
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El acuerdo establecía condiciones favorables para el país “El cincuenta por ciento (50%) de la factura será pagada en un período de noventa (90) días con un interés de un dos por ciento (2%) anual y el cincuenta por ciento (50%) restante será pagado en un período de veintitrés (23) años más dos (2) años de gracia, con un interés de un dos por ciento (2%) anual”, reza literalmente el tratado.
Lo raro de todo es que toda esta supuesta deuda nunca ha sido registrada como tal en los indicadores del Banco Central de Nicaragua. Lo más cercano a un informe de la misma, son las declaraciones de Bayardo Arce, asesor presidencial para temas económicos, que dijo en 2012 que “toda esta factura petrolera ya había sido pagada”. Una afirmación aventurada, si se toma en cuenta que este tipo de transacciones, aún cuando se trate de pago en efectivo tiene que ser registrada en alguna parte de las finanzas del Estado, según han afirmado varios economistas.
Es decir según la lógica del gobierno este dinero nunca existió, lo cual se convierte en una especie de ficción contable que raya en lo ilegal.
Cooperación venezolana en el marco del ALBA
Fuente: Banco Central de Nicaragua, con datos de Albanisa y Albacaruna
El control petrolero
Paralelamente en 2007 el gobierno presionó a una transnacional para que cedieran el control del negocio de petróleo, dejando que la transnacional Esso procesara el petróleo crudo, pero la distribución de los productos quedaría a cargo de la nueva empresa ALBANISA, una confusa operación en la que las dos partes salieron ganando.
Adicionalmente se hizo con el control de buena parte de la distribución de combustible a través de la compra por el Estado de la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua (DNP), con lo cual copó toda la cadena del petróleo en Nicaragua, lo que les permitió convertirse no solo en distribuidores de combustible en el país, sino también en exportadores del mismo a la región centroamericana. A sus arcas sin ningún tipo de control llegaron millones de dólares.
A través de Petronic, en control de ALBANISA, la familia Ortega-Murillo obtuvo el control del negocio petrolero y de combustibles en el país. Foto: END
Finalmente en agosto de 2007 ESSO Nicaragua concluyó un acuerdo con el gobierno “La trasnacional petrolera Esso Standard Oil formalizará el lunes un acuerdo con el gobierno de Nicaragua, que incluye la disposición de la empresa estadounidense a almacenar y procesar crudo venezolano, anunció el ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacciolli” destacó en su momento la oficialista Radio La Primerísima. A partir de allí ya nada detendría el crecimiento del emporio ALBA en Nicaragua.
Nacen empresas como hongos
Era solo el principio. Siguiendo el mismo esquema utilizado por su antecesor Anastasio Somoza Debayle, el actual mandatario Daniel Ortega, empezó a incursionar en todo negocio posible, pero a diferencia de los Somoza, el actual presidente no fue una competencia desleal para la empresa privada, sino que fue su complemento ideal.
Aún cuando muchos de ellos fracasaron, los negocios empezaron a surgir con una enorme velocidad a la vista y paciencia del sector privado, como la compra del grupo ganadero Seminole o la del hotel del mismo nombre, cuyo cierre fue anunciado en junio de 2018, por el mismo grupo Albanisa y que habían sido adquiridas en 2009 cuando el mismo presidente lo anunció como una forma de mejorar el hato nacional “mejorará la calidad del hato que se enviará a Venezuela”.
En noviembre de 2008, se construyó una supuesta fábrica de sacos de polipropileno Sandino-Bolívar, según lo anunció el portal La Voz del Sandinismo, cuyo costo era de 2.5 millones de dólares provenientes de la cooperación ALBA. Un proyecto que tuvo una vida efímera y sus operaciones fueron y siguen siendo un misterio.
Hotel Seminole, una de las tantas adquisiciones de la familia Ortega-Murillo a través del esquema de ALBANISA. Foto: Booking.com
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Paralelamente Ortega fue estructurando una alianza con el sector privado que constituyó la piedra angular de su gestión económica “El trabajo que hemos hecho de consenso, producto de los 5 años de acuerdos salariales, las 68 leyes de consenso, los 39 esquemas de alianza público-privada que estamos desarrollando en este momento, los acuerdos comerciales que han abierto la posibilidad para que el sector productivo pueda encontrar nuevas oportunidades, han sido facilitadores para atraer esta inversión”, aseguró José Adán Aguerri, Presidente del Cosep.
No fue el único, Carlos Pellas aseguró después de un encuentro con el presidente “es necesario institucionalizar este modelo, porque está dejando frutos extraordinarios para el país”.
Bayardo Arce, asesor presidencial para temas económicos, dijo que el presidente Ortega ha decidido crear despachos camerales para que los ministros se reúnan con todas las cámaras y ”allí mismo se resuelvan los problemas”. Era el matrimonio perfecto.
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Es así que el programa ALBANISA se convirtió en acuerdo entre gobiernos a un acuerdo entre un gobierno y una empresa privada, cuyos beneficios no solo quedaron en manos de la familia presidencial y sus allegados sino también en gran parte del sector privado que se benefició enormemente con estos acuerdos, “fue un sector muy comprometido” (con este gobierno), asegura Róger Arteaga, ex presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), al destacar la íntima relación alcanzada entre el sector privado y el gobierno y que terminó abruptamente el 18 de abril de 2018.
Lo que empezó como un programa para mejorar el acceso de productores a los insumos como la urea, se convirtió en un emporio que abarca el negocio petrolero, ganadería, acopio y exportación de alimentos, bienes raíces, turismo y hotelería, grupos financieros, transportes, medios de comunicación, servicios.
Por 11 años, el modelo «diálogo y consenso» favoreció a Ortega al darle enorme poder y control sobre todo el aparato estatal, y a empresarios que se beneficiaron de la cooperación venezolana manejada turbiamente. Foto: END
De esta forma la economía se volvió dependiente de la cooperación venezolana arrastrando de esa forma al sector privado.
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Empresarios cabildeando contra Nica Act
En 2016 Estados Unidos aprobó la ley conocida como Nica Act, la cual establece una serie de sanciones contra Nicaragua y contra funcionarios de su gobierno. Esto pese al fuerte cabildeo que realizaron empresarios y aliados del gobierno desde que se anunció la posibilidad de aprobar esta ley. Según el diario La Prensa, en su edición del 27 de mayo de 2017, el empresario nicaestadounidense, Roberto Argüello habría gastado más de 40 mil dólares en cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para evitar la aprobación de la Ley.
Foto principal: Reuters
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Nicaragua Investiga
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