Exponen ante CIDH muertes ocurridas durante régimen de excepción en El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este viernes la audiencia ‘Derechos humanos y estados de excepción en El Salvador’, a solicitud de al menos 10 organizaciones de derechos humanos que expusieron supuestas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones ocurridas durante los más de 15 meses de vigencia del régimen.

Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se ha mantenido bajo un régimen de excepción que le ha permitido la captura de 71.479 personas hasta el 11 de julio. Al menos 142 han fallecido en prisión, según datos oficiales.

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«El Estado dice que estas muertes se deben a causas naturales. Sin embargo, familiares y expertos independientes han identificado señales de tortura en los cuerpos. Otras veces la muerte se debió a falta de atención médica», explicó la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés) en un comunicado, previo a su participación en la audiencia.

Según las organizaciones, hasta la fecha, 174 personas han muerto bajo custodia del Estado. Las organizaciones presentaron el testimonio de un familiar de uno de los fallecidos al interior de las cárceles salvadoreñas. «Desde que se lo llevaron ya no pude ver a mi hijo. No pude volver a ver a mi hijo», dijo ante la Comisión un testigo, que participó bajo condición de anonimato y mediante videoconferencia.

«El Estado de Excepción se ha vuelto una medida permanente de violación y represión a los derechos humanos, volviéndose la única herramienta de política pública en materia de seguridad del actual gobierno. El Estado no rinde cuentas ni prevé los efectos futuros de esta medida en la sociedad», explicó , Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho de la organización de derechos humanos Cristosal.

A parte de las muertes, las organizaciones registran 6.436 denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares. Las violaciones incluyen capturas arbitrarias, estigmatización de personas que habitan en zonas con presencia de pandillas, doble juzgamiento, etc.

Asimismo, en 2022, se registraron 182 casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, siendo el acoso y el hostigamiento las más recurrentes. También 209 agresiones al gremio periodístico, sobre todo, discursos de odio contra periodistas y medios no afines a la narrativa oficial.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que continúe monitorizando la situación de derechos humanos en El Salvador; y que se incluya al país e el informe anual del organismo; que se exhorte al país a derogar el régimen de excepción y que se investigue a los responsables de las torturas y muertes en cárceles.

El Estado se defiende

Luego de exponer un breve contexto sobre la situación que vivió El Salvador a merced de las pandillas, la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, recalcó que las verdaderas víctimas de la situación en El Salvador no son los pandilleros. “Las víctimas reales son los salvadoreños de bien, la gran mayoría de bien, ellos son quienes merecen ser tenidos en cuenta en primera instancia, que se hagan respetar sus derechos», esgrimió.

De igual manera, el comisionado presidencial de los derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, rechazó las afirmaciones de que en El Salvador existen torturas y violaciones a la libertad de expresión, y destacó no existen denuncias formales. “Seis millones de personas deberían de tener mucha más importancia que aquellas sobre las que se está enfocando la mayoría de las preguntas», dijo.

Guzmán dijo que el gobierno salvadoreño ha trabajado en un informe que presentarán este sábado sobre los casos planteados ante la Comisión sobre el régimen de excepción.

Asimismo, el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien se hallaba presente en la audiencia, dijo que el Ministerio Público no ha recibido ninguna denuncia sobre torturas, ni tratos malos, crueles o degradantes en contra de algún salvadoreño.

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“En relación con los fallecidos al interior de los centros de detención, a partir del año 2019, la tasa de fallecidos se redujo aproximadamente al 50 %. Es decir, en la administración anterior, la cantidad de personas fallecidas en los centros penales fue superior a la que se registra actualmente”.

En torno a los fallecidos actualmente, Delgado detalló que fueron médicos -y no empleados de funerarias- los que certificaron que las muertes de reos no fueron violentas.