La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una de las instituciones públicas que más personal tiene a nivel nacional. Su planta casi alcanza los 10 mil trabajadores según un recuento que realizó la Unidad de Investigación de Nicaragua Investiga en la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que corresponde al mes de febrero de 2023.

El poder judicial tiene 21 sedes a nivel nacional y está conformado por un personal de 9,964. En ello se gasta en pago de salario cada mes al menos 121.443.773,06 millones de córdobas, sin incluir otros beneficios que gozan como el aguinaldo, canastas básicas, combustible y vehículos lujosos que son asignados por la institución.

Las cinco mentiras del régimen al descubierto

El gasto anual en pago de salarios es descomunal. Se destinan al menos 1,457.325.276.72 millones de córdobas para todo el personal, según un cálculo que se realizó para este reportaje.

“El régimen Ortega-Murillo se han caracterizado por emplanillar a toda su estructura paraestatal, como los del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), la secretaría política que están en cada uno de los ministerios”, indicó a Nicaragua Investiga Carlos Guadamuz, abogado nicaragüense y defensor de derechos humanos.

Él sostiene que estas estructuras reciben dinero público para realizar un trabajo de operadores políticos con el fin de “privarlos” de que puedan ejercer sus funciones con el profesionalismo que debe corresponder.

Salarios a capricho y una Contraloría ineficiente

Algunos salarios en el poder judicial está por el “capricho” de los magistrados, quienes después de 2010 “hacían nombramientos y le ponían a algún familiar o como lo que se conoce “las queridas”, salarios al antojo de estas personas”, explicó Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial.

Morazán detalló que una secretaria que gana 18 mil córdobas al mes, otras reciben más de 30 mil córdobas, “una cosa exorbitante que obedece al capricho del magistrado que a través de nómina le ponían el salario que ellos querían”.

“El poder judicial se convirtió en un centro de corrupción en donde opera el Frente Sandinista y Daniel Ortega en detrimento de la división de los poderes del Estado”, dice Guadamuz. “Lo más grave para los nicaragüenses es privarnos del derecho de contar con una Corte Suprema de Justicia que vele por la supremacía constitucional”.

Guadamuz recuerda que los nicaragüenses cuentan con una Contraloría General de la República (CGR) que fiscalice, pero lamenta que desde hace mucho tiempo no ejerce esta función. “Los nicaragüenses no contamos con esta institución”, reafirma. 

En Nicaragua la CGR está intervenida por la dictadura que encabeza el dictador Daniel Ortega y es incapaz de realizar algún tipo de fiscalización. De hecho, la directiva de esta institución son funcionarios obedientes a la dictadura. Recientemente, Ortega propuso a María Dolores Alemán Cardenal, hija del expresidente Arnoldo Alemán, acusado de cometer corrupción durante su mandato, como contralora.

¿Cuántos es el personal por departamento?

Este equipo de investigación dividió al personal del poder judicial por departamento. En la planta central de la Corte Suprema de Justicia, aparecen 7,841 empleados. Para ellos se gasta cada mes en salarios al menos 105.539.299,18 millones de córdobas.

En el poder judicial de Managua hay 1,071 empleados. Para ese personal se destina 8.237.814,63 millones de córdobas en salarios cada mes.

León es uno de los departamentos donde hay más personal del poder judicial. Son al menos 112 personas que trabajan allí; para ellos se gasta en sueldos cada mes 999.343,52 mil córdobas.

A este departamento le sigue Matagalpa. Trabajan 107 personas y se destina en dinero público 896.275,91 mil córdobas.

El poder judicial atraviesa una crisis interna a nivel nacional luego que Horacio Rocha, el expolicía “superministro” que ejecutó las purgas en ese poder estatal, sacó a la magistrada Alba Luz Ramos de su oficina y fue trasladada a su casa bajo vigilancia policial. De momento está desaparecida y no se sabe nada de ella. Después de eso, fuentes judiciales afirmaron a los medios de comunicación que ha habido despidos que podrían superar unas mil personas. Es decir, solo un 10 por ciento del personal fue afectado por la barrida del régimen.

Pero esa purga “no viene a resolver ninguna problemática, no viene a garantizar justicia. La purga y su principal interés no corresponde a mejorar los actuales niveles de corrupción”, remarca Guadamuz, quien agrega que el objetivo de esa barrida es la siguiente: “Lo que busca realmente Daniel Ortega es fortalecer su control político-partidario y de igual manera fomentar esa corruptela y continuar destruyendo lo que una vez fueron la división de los poderes y la imparcialidad con la que deben operar los judiciales”.

¿Salarios fantasmas?

Otros datos que llaman la atención, según la base del Seguro Social, son los salarios por debajo del mínimo y otros que son aún más bajos. Los “salarios fantasmas” han generado múltiples sospechas según denuncias realizadas en varias ocasiones por el abogado Morazán.

El salario mínimo para el Gobierno Central y Municipal es de 6,480.04 córdobas.

Pero en la planilla se encontró sueldos de 5.954,29 córdobas; 3.599,14 córdobas; 1.479,43 córdobas; 1.242,71 córdobas.

En la planta del poder judicial de Managua hay 82 personas que tiene el salario de 5.954,29 córdobas, lo que significa que para “pagarles” a ellos cada mes son 488,251.78 mil córdobas. También existen 363 personas que supuestamente devengan un salario cada mes de 1,242.71 córdobas, lo que significa un gasto mensual para ellos de 450,907.71 mil córdobas.

Diez datos sobre Alba Luz Ramos

Sumando el total de estos dos montos, la cifra es de 939,159.49 mil córdobas.

“El poder judicial tiene dos nóminas, una del Ministerio de Hacienda que es la que reportan al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), que es el reporte de un monto pequeño, no es todo el salario. La otra nómina es la que se paga con dinero del poder judicial”, dice Morazán, quien señala que muchos funcionarios cuando están por renunciar, “unifica el salario para que le aparezcan los últimos seis meses por una cantidad mayor”.

Morazán ejemplifica que existen juzgados que no tienen ningún tipo de razón de ser. “Hay judicaturas que no deben existir. Por ejemplo, antes de 2018 se inventó un juzgado que se llama Juzgado de Certificación de Sentencias. Y es un juez que gana arriba de 40 mil córdobas por emitir fotocopias y certificaciones. Esto lo hacían antes los juzgados individualmente”.

El tráfico de influencia de los magistrados

A parte de los salarios fantasmas y las judicaturas inventadas, se suman los feudos que se han creado en el poder judicial. Morazán resaltó que a cada magistrado tiene asignado una circunscripción y eso le ha servido para que ellos tengan ciertas ramificaciones y oficinas de abogados con los que trafican influencias todo el tiempo.

Pero también señala que los supernumerarios son galopantes en la Corte. “Se puede verificar haciendo un pequeño recorrido por muchas de las instalaciones en las que siempre vas a ver personal básicamente desocupado, y eso que solo se labora desde las ocho de la mañana hasta las una de la tarde en las sedes judiciales y administrativas”, dice Morazán.

“Desde mi experiencia como defensor de derechos humanos, era bien sabido que había tráfico de influencia de los magistrados. Es todo un sistema de corrupción que dio lugar al nepotismo y fueron incorporando a sus familiares al poder judicial”, rememoró Guadamuz. A esto se le puede sumar “El nepotismo impulsado por la magistrada Alba Luz Ramos”, quien fue una de las funcionarias que más promovió esa práctica en la Corte.