Violencia de género en Nicaragua: un flagelo que cobra decenas de vidas cada año

“El refugio para las víctimas de la violencia éramos las organizaciones de mujeres y hoy por hoy la inmensa mayoría de esa organizaciones han sido clausuradas, y peor aún, el régimen nos ha considerado enemigos, y por eso muchísimas de las defensoras han tenido que salir al exilio forzado”, dijo Blandón.

La activista dijo que las oenegés feministas brindaban capacitaciones sobre prevención sobre la violencia. Algunas, como La Corriente, brindaban apoyo psicológico a las víctimas.

El gobierno de Ortega declaró ilegal a La Corriente en febrero de 2022.

Las feministas alegan también que el gobierno minimiza las denuncias de violencia machista.

El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentarios de la Voz de América para este reporte.

Parrales dijo que antes del ataque fue objeto de amenazas de muerte de su expareja y acudió a una estación policial cercana, donde le dijeron únicamente que se “moviera de casa”.

El hombre fue detenido posterior al intento de feminicidio y condenado a 20 años de prisión por el delito de «femicidio en grado de frustración».

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Una ley cuestionada

Debido a presión de activistas, el gobierno del presidente Daniel Ortega aprobó una ley conocida como Ley 779 o Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres en 2012 como una forma de luchar contra la violencia machista.

Cuando fue aprobada, la Ley 779 reconocía el delito de femicidio en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y calificaba de femicida a quien «diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado”.

Pero la ley ha sufrido al menos tres reformas desde entonces. En una de las reformas, el delito de feminicidio se limitó a las relaciones de pareja.

Cuando entró en vigencia la Ley 779 no se permitían las mediaciones. Como parte de las reformas se restableció la «mediación» obligatoria entre una pareja.

Activistas dijeron que estas reformas buscaban «maquillar» el número de cifras de feminicidios.

La abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a la VOA que la ley fue un paso «importante», pero que perdió fuerza por las reformas.

La Ley 779, a pesar de su intención inicial de proteger a las mujeres, «se ha enfrentado a varios desafíos que incluyen falta de recursos de formación adecuada para los encargados de su implementación», dijo.

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Los cambios posteriores «han debilitado su enfoque en la protección a las mujeres», agregó.

No obstante feministas nicaragüenses aseguran que siguen en la lucha por las demandas de los derechos de las mujeres.

«La lucha debe seguir porque existe un Estado patriarcal que no considera la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema principal y que entonces se vuelve cómplice de esa violencia», dijo Blandón.