El pasado domingo 31 de diciembre venció la ley estadounidense de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, también conocida como Nica Act, por sus siglas en inglés, la cual prometía reducir los fondos de inversión proporcionados por Estados Unidos y organismos financieros hacia la dictadura Ortega-Murillo.
Aunque la ley tuvo ciertos efectos sobre el régimen, algunos analistas sostienen que no ha sido suficiente para atar al «monstruo» que no solo ha cercenado los derechos fundamentales de los nicaragüenses sino que mantiene un constante ataque a quienes cuestionen sus desmanes.
Para la opositora Haydee Castillo, la Nica Act fue “subutilizada” al carecer de una estrategia más amplia y consensuada con la oposición.
“Ninguna sanción sacará a Nicaragua de la crisis por sí sola. Se requiere de una abordaje más integral que incluya acciones concretas que limiten el acceso a recursos al régimen y ahondar en temas de corrupción relacionados con el narcotráfico, tráfico de armas y de personas, y corrupción como lavado de dinero. Así darle curso a medidas de presión en el orden más amplio (económicas y comerciales)”, sostiene Castillo.
La opositora cataloga de “inaudito” el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyectó “crecimiento económico estable” de 4 por ciento para Nicaragua al cierre de 2023, en gran parte a costa del consumo privado impulsado por el constante aumento de las remesas que envían los nicaragüenses que han huido del país por la represión del régimen.
Comunidad internacional indolente
También cuestiona “la cantidad de recursos venidos de préstamos internacionales” pese a las violaciones a las cláusulas de derechos laborales y desarrollo sostenible en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como CAFTA y en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
“La comunidad internacional justifica este flujo de recursos bajo la falsa idea de que no pueden limitarlo porque haría daño al pueblo nicaragüense, una falsa narrativa ya que el pueblo sigue saliendo como río buscando opciones fuera de Nicaragua… Entonces ¿quién se lucra de todos esos préstamos y ese flujo de recursos? Nada más y nada menos que el círculo represivo del régimen. O sea, de forma indirecta la comunidad internacional apoya la represión y la permanencia del régimen aun cuando haya resoluciones que condenan su actuar, este es el doble rasero del que hablo”, cuestiona la también experta en desarrollo e integración.
El economista Juan Sebastián Chamarro tiene una valoración más positiva sobre la Nica Act, pero lamenta que no se haya dado el seguimiento debido a los “avances y los reportes”.
“Un efecto que sí tuvo la Nica Act es que efectivamente mucho del financiamiento que antes se le daba a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han sido reducidos a solo casos de extrema urgencia, es decir, la cartera de créditos de estos bancos donde Estados Unidos tiene una influencia ha tenido su efecto”, explica el economista.
Presión continuará con Ley Renacer y otras iniciativas
Ambos analistas no creen que el régimen de Ortega la tenga tan fácil este 2024, pues a pesar que la Nica Act perdió vigencia, se mantiene en pie la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, aprobada en 2021, así como otras iniciativas que promueven el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine.
La Ley Renacer también requiere que el gobierno de Estados Unidos imponga sanciones adicionales contra los actores clave del régimen que socavan las elecciones democráticas en Nicaragua, además le pide al presidente estadounidense revisar la participación en el tratado comercial DR-CAFTA, los fondos que se destinan a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y los préstamos o ayuda técnica a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas en inglés).
“Si bien es cierto la Ley Nica Act venció este diciembre de 2023 pasado, ya hay en curso desde el 8 de junio del 2023 una iniciativa de extender la vigencia y efectos de la misma. La propuesta consiste en extender la autoridad del Gobierno de EE. UU. para imponer sanciones en contra del régimen de Nicaragua hasta el 31 de diciembre del 2028”, explica Haydee Castillo.
La experta en desarrollo e integración hace un llamado “urgente” a los nicaragüenses que adversan al régimen a “avanzar sin dilación” en propuestas y conformar un solo bloque de oposición que conlleve a articular las acciones de la comunidad internacional y así lograr que tengan un efecto más fuerte sobre la dictadura nicaragüense.
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