Una vez más el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una nueva terna de candidatos para secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), compuesta por tres operadoras políticas sancionadas por Estados Unidos.
Luego de fracasar en su anterior propuesta encabezada por el funcionario orteguista Valdrack Jaentscke, la dictadura propuso a Arling Patricia Alonso Gómez, diputada del Frente Sandinista; María Amelia Coronel Kinloch, titular del Ministerio Interior y Sonia Castro, exministra de Salud, quien recientemente fue ratificada como asesora presidencial con rango de ministra para asuntos de salud.
Las tres candidatas de la dictadura son parte de los funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos, señalados de socavar procesos democráticos y participar en actos corruptos para mantener el régimen de Ortega y Murillo.
Candidatas con graves señalamientos
Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la OEA, criticó la terna de la dictadura y recordó que la exministra de salud, Sonia Castro es señalada de haber girado órdenes para que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas cívicas de 2018.
“La doctora ´muerte´ cerró las puertas de los hospitales, dejando morir a decenas de hombres, mujeres y niñas en abril de 2018”, recordó McFields a través de una publicación en redes sociales.
Según un acuerdo de los presidentes centroamericanos de 2017, a Nicaragua le corresponde liderar la Secretaría General del SICA, para el período 2021-2025.
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Sin embargo, entre junio de 2021 y 2022 el SICA estuvo sin este cargo, porque el régimen de Ortega ha propuesto candidatos sin conocimiento del servicio exterior y meramente por fines políticos.
En junio de 2022, los presidentes centroamericanos aceptaron la candidatura de Werner Isaac Vargas Torres, quien estuvo al frente hasta el 16 de noviembre de 2023, sin que hasta ahora se haya informado el motivo de su renuncia.
Tras la salida de Vargas Torres, el régimen envió una nueva terna de candidatos liderada por Valdrack Jaenstcke, uno de los operadores políticos de Ortega; Violeta Irías, de la Procuraduría de Derechos Humanos e Iris Montenegro, diputada del Frente Sandinista, cuyas propuestas tampoco fueron aceptadas por varios países del organismo regional.
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