En una reciente entrevista transmitida por el medio oficialista Canal 6, la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Díaz, se pronunció sobre la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que ha generado una serie de críticas y temor entre la población, debido a los amplios poderes que otorga al régimen para controlar las comunicaciones telefónicas y digitales en Nicaragua.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes N° 1223, que fue oficializada este miércoles 6 de noviembre de 2024, tras su publicación en La Gaceta N° 204, es vista por expertos en ciberseguridad, como una herramienta para incrementar el control estatal sobre el acceso y flujo de información de los nicaragüenses, lo que ha causado preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
En un tono desafiante, la funcionaria orteguista criticó a quienes, según ella, han manifestado su desacuerdo sin comprender a fondo los detalles de la ley.
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«La ignorancia es totalmente atrevida», señaló, haciendo referencia a quienes han criticado la normativa, asegurando que esos cuestionamientos son «infundados y basados en malentendidos».
En sus declaraciones, Díaz defendió los beneficios de la ley, destacando su enfoque «moderno y ágil» en el marco de la regulación de las telecomunicaciones.
«La ley es muy clara, muy transparente, tanto para el operador como para el usuario. Antes, las obligaciones y responsabilidades estaban estipuladas en los contratos, pero ahora esas responsabilidades están claramente definidas en la ley, lo que la hace más honesta y accesible para nuestro pueblo», agregó.
Funcionaria es hija de ficha clave de la dictadura
En su rol como directora de Telcor, Díaz no solo supervisa el control de las telecomunicaciones en el país, sino que también se ha convertido en un símbolo de la consolidación del poder dinástico y represivo dentro del régimen, debido a su estrecha vinculación con las figuras más poderosas de la dictadura.
La funcionaria es hija de Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, una figura clave dentro del aparato represivo del régimen de Ortega y quien no duda en seguir las órdenes del dictador.
En una entrevista divulgada recientemente en octubre de 2024 en la cadena RT, el director policial reconoció que todas las acciones violentas que la institución del orden ha realizado desde 2018, en el contexto de las protestas civiles que iniciaron en abril, han sido ordenadas por Daniel Ortega, quien también es su consuegro.
Las declaraciones eran para congraciarse con Ortega y reafirmar su lealtad con el régimen, pero sirvieron para demostrar la participación directa del dictador en la represión contra los manifestantes de las protestas de 2018.
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Alineada con la complicidad que mantiene su padre con el régimen, la directora de Telcor, continuó su defensa de la nueva legislación de las telecomunicaciones y afirmó que esta introduce un innovador sistema de “títulos habilitantes únicos”, lo que simplificará los trámites para las empresas que operan en el sector.
Explicó que en lugar de múltiples permisos y contratos, ahora existirán sólo tres títulos habilitantes, lo que según ella, facilita la inversión en el país.
La directora también hizo énfasis en que la nueva ley está en línea con los estándares internacionales y que Nicaragua es uno de los primeros países de la región en adoptar mecanismos como el «sandbox regulatorio«, lo que explicó, es un sistema flexible que permite la experimentación de nuevos modelos de negocios en un entorno controlado y que constituye “un paso significativo para fomentar la innovación en el país”.
«Nos enorgullece muchísimo decir que Nicaragua es el primer país en la región en implementar este modelo dentro de su legislación. Otros países, como Colombia y México, lo han hecho solo a nivel de normativa, pero nosotros lo hemos incluido como parte de nuestra ley», afirmó Díaz.
Sin embargo, la directora no dejó de responder a las críticas que han surgido en torno a la ley, especialmente a aquellas que cuestionan el impacto de la legislación sobre la libertad de expresión y el control estatal de las comunicaciones.
Críticas y preocupaciones
A pesar de la defensa de la nueva ley que hizo la funcionaria sandinista, existe preocupación por el incremento del control estatal sobre las telecomunicaciones y el acceso a la información a través de la reciente legislación, considerada como una herramienta más de control político y social.
Los críticos de la ley señalan que, bajo el pretexto de modernizar el sector, el gobierno podría aumentar su capacidad para espiar y censurar las comunicaciones digitales, limitando la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos.
La nueva Ley de Comunicaciones obliga a las operadoras de servicio de internet y telefonía a proporcionar al régimen información detallada de los usuarios, incluyendo datos de geolocalización y navegación, como parte del sistema represivo y autoritario de la dictadura; algo que desde la perspectiva del experto en ciberseguridad, Manuel Díaz, ya se hacía de manera extraoficial pero se refuerza con la reciente legislación aprobada.
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