La Asamblea Nacional, controlada por el régimen sandinista, aprobó este viernes 22 de noviembre de 2024, una «reforma parcial» a la Constitución Política de Nicaragua que, en realidad, constituye una transformación completa de la Carta Magna que reconfigura el sistema político del país.
Esta propuesta de reformas a la Constitución, consideradas como ilegítimas por sectores de la sociedad civil, fue presentada el pasado 19 de noviembre de 2024 por Claudia Curtis, miembro del equipo jurídico de la Secretaría de la Presidencia, y diseñada aparentemente a la medida de Rosario Murillo.
La propuesta de la dictadura recibió el voto favorable de 91 diputados entre sandinistas y aliados del PLC y otros partidos zancudos. La propuesta, recibida apenas hace tres días por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en un acto protocolario cargado de propaganda oficialista, fue aprobada con celeridad, sin debate real ni participación ciudadana.
Dictadura creará «regímenes especiales de desarrollo» para despojar tierras y riquezas
El régimen justificó esta jugada política como un intento por “modernizar y actualizar” la Constitución, asegurando que responde a las necesidades de los “nuevos tiempos”. Sin embargo, detrás de este discurso oficialista se encuentra una maniobra evidente para consolidar el poder dinástico de Ortega y Murillo, eliminando cualquier resquicio de democracia en el país.
Esto evidencia el control absoluto que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ejerce sobre el parlamento, un órgano que opera más como un apéndice del Ejecutivo que como una institución independiente.
Arrasan con la democracia e intensifican represión
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han condenado esta reforma, calificándola como un ataque directo a los principios democráticos y una institucionalización del autoritarismo.
En un golpe certero a la ya debilitada democracia de Nicaragua, esta aprobación institucionaliza un sistema que centraliza el poder, militariza la vida civil y perpetúa la represión contra cualquier forma de disidencia.
La reforma introduce la figura de la «copresidencia», que será asumida por Rosario Murillo y le otorga igual estatus que el del dictador Ortega.
Esto significa que ambos dictadores, quienes ya comparten el control del Poder Ejecutivo, oficializan su dinastía política y preparan el camino para posicionar a Laureano en las primeras filas de mando.
Tras la aprobación de la nueva Constitución, la dictadura define al país como un «Estado socialista, cristiano y revolucionario», basado en los principios del sandinismo. Este cambio excluye otras perspectivas ideológicas, justificando la represión contra opositores en nombre de la defensa de estos valores.
El control de la dictadura se extiende a todos los poderes del Estado, eliminando cualquier contrapeso institucional. Además, la reforma otorga al Ejército la facultad de intervenir en conflictos internos sin necesidad de autorización legislativa, una medida que refuerza la militarización del país.
Paralelamente, se institucionaliza la figura de la «policía voluntaria», que incorpora a civiles leales al gobierno en tareas de seguridad, avalando las acciones de los grupos paramilitares responsables de la violenta represión de las protestas de 2018.
La reforma también apunta directamente contra la libertad de expresión y religión. Bajo el pretexto de combatir «noticias falsas», el régimen podrá censurar medios de comunicación y perseguir a periodistas independientes, ahora de forma constitucional.
«Traidores a la patria» a la cárcel o el exilio
Asimismo, las prácticas religiosas estarán sujetas a estricta supervisión estatal, una medida que busca silenciar a líderes religiosos críticos.
Por otro lado, el régimen podrá retirar la nacionalidad a quienes considere «traidores a la patria», un mecanismo que legitima la persecución y el exilio forzado de opositores, como ya ocurrió con cientos de críticos y defensores de derechos humanos.
Esta reforma no solo consolida el totalitarismo en Nicaragua, sino que aniquila cualquier intento futuro de transición democrática. Ortega y Murillo avanzan con paso firme hacia un modelo político que anula las libertades ciudadanas y perpetúa la represión bajo un marco legal diseñado a su medida.
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