Juzgados no cuentan con intérpretes que dominen las lenguas indígenas

A pesar de que la propia Constitución y el Código Procesal Penal de Nicaragua establecen que el Estado debe proporcionar un intérprete en casos en que así se requiera, abogadas confirman que en el país no se cuentan con traductores oficiales que dominen las lenguas indígenas.

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El numeral seis del artículo 34 de la Constitución Política establece que toda persona en un proceso judicial tiene derecho “a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal”.

Y a pesar de que en algunos de los casos sí se ponga a disposición a una persona para traducir las acusaciones e intervenciones, estas no figuran como intérpretes oficiales dentro de la institución.

La Dra. María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), comparte que cuando trabajó en los juzgados de Bluefields pudo notar que no tenían interpretes oficiales, sino que a quienes ocupaban “era a la secretaria, o los notificadores, o cualquier trabajador que hablara alguna lengua indígena”.

“Nunca he visto o he sabido, al menos en los casos que he llevado, que el poder judicial tenga una oficina o al menos un equipo de traductores para cumplir con la garantía constitucional del Derecho al intérprete que tienen las personas procesadas, y la de respetar el reconocimiento constitucional a las lenguas indígenas de la Costa Caribe” comparte la abogada Amy García.

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García estuvo a cargo de la defensa de Brandon Lovo y Glen Slate en 2018, quienes fueron acusados por el asesinato al periodista Ángel Gahona durante el estallido de la crisis sociopolítica del país, y recuerda que a los jóvenes se les impuso entender el proceso penal en idioma español, “que no era dominado ni en un 50% por cada uno de ellos”.

“Es más en el caso de Brandon y Glen te puedo añadir que cuando asumí en la audiencia inicial, el Juez de Audiencia de entrada le mutiló a la defensa pedir esta garantía legal, diciendo que en la audiencia preliminar él había constatado que los muchachos entendían el español” asegura.

Y aunque la abogada es consciente de que dicho juicio estaba dirigido y por ello la irregularidad se considera otra «transgresión al proceso y las garantías constitucionales», la realidad es que desde antes de 2018 en los juzgados no hay presencia de intérpretes.

Numerosas oficinas sin espacio para intérpretes

“Nuestro cuestionado Poder Judicial tiene abundantes oficinas para cualquier otra materia con tal de justificar el supernumerario de trabajadores por nepotismo, y no para cumplir como administradores de justicia de la ley nicaragüense con garantías mínimas como el intérprete o traductor, que es obligación de este Poder o del Estado garantizarla” apunta García.

Y comparte que lo mínimo sería empezar por incluir a un profesional afrodescendiente “que al menos domine el inglés criollo y uno de los dialécticos del Atlántico del país, por ejemplo, el miskito”.

En Nicaragua existe una valiosa diversidad de lenguas maternas y dialectos de las comunidades indígenas, tales como el inglés creole, el miskito, el mayagna, el ulwa, el garífuna y el rama.

Pensar en la inclusión de todas las lenguas del país más allá del español es un tema que siempre ha permanecido en pendiente, y que se demuestra con el hecho de que las propias instituciones estatales continúan desconociéndolas.

Una educación intercultural en Nicaragua resulta fundamental para la preservación de las lenguas aborígenes, las cuales, según Danilo Salamanca Castillo, Director de la Asociación Centroamericana de Lingüística (ACALING), “forman parte del patrimonio biológico de la región y la humanidad”.