Asamblea Nacional aprueba Ley de Ciberdelitos para silenciar a prensa independiente

Se aprueba en la Asamblea Nacional  la Ley de Ciberdelitos con 70 votos a favor; 16 en contra y 4 abstenciones.

Luego de haber autorizado la creación de una comisión especial en la Asamblea Nacional para analizar la reforma al artículo 37 de la Constitución Política para modificar el límite de pena de cárcel y con ello dar paso a la «Ley contra crímenes de odio» que establece la cadena perpetua en el país, los diputados sandinistas presentan y discuten la «Ley de Ciberdelitos», conocida también como «Ley Mordaza».

La ley pretende castigar a toda persona que filtre información oficial, lo cual afectaría directamente a trabajadores del Estado, así como a aquellas que divulguen lo que el gobierno considere «información falsa, tergiversada o que genere zozobra» en el país. Serán las mismas autoridades de gobierno las que determinen cuando una información cumple con las características para ser objeto de penas o sanciones.

Las catastróficas consecuencias que tendría para Nicaragua unas elecciones fraudulentas

La Ley de Ciberdelitos fue consultada la semana pasada por medios y periodistas oficialistas, quienes solicitaron «todo el peso de la ley» contra quienes insulten o se burlen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las redes sociales, uno de los pocos espacios de comunicación que seguía siendo libre hasta ahora.

La Ley es altamente restrictiva e invasiva de la privacidad, ya que entre otras cosas permite que las empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet, graben los datos de los usuarios y puedan ponerlo a la orden de las autoridades cuando estas así lo demanden. También faculta a la policía y otras instituciones judiciales confiscar bienes electrónicos como celulares, tabletas, computadoras y cualquier otro dispositivo que se considere importante en las investigaciones.

Consultada solo con periodista oficialistas

La Ley fue solamente consultada con instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ejército, el Ministerio de Gobernación (Migob);  y con los periodistas oficialistas Edgar Curtis, de Canal 2; Alberto Mora, de Canal 4, Aarón Peralta, de Canal 6; Erving Vega, de Canal 8; Denis Schwartz, de Radio Ya; Tirsa Sáenz, de Radio La Primerísima; y Martha Espinoza, Guadalupe Padilla e Isaías Bonilla de la sandinista Red de Jóvenes Comunicadores.

Diputados liberales: Ley viola la Constitución

Los diputados de la bancada liberal se opusieron a la ley por violar la Constitución Política de Nicaragua.

«Nos oponemos en lo particular al artículo 30 de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, dictaminado por la mayoría de los diputados oficialistas, pues consideramos que dicho articulado violenta los derechos humanos y constitucionales que tenemos los ciudadanos nicaragüenses a la libertad de expresión establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, ya que viene a crear un obstáculo a la labor que ejercen en general los distintos medios de comunicación social, impresos, radiales, televisivos y digitales, de igual manera a la población en general pues a la población”, manifestaron.

Cosep preocupado porque Ley de Agentes Extranjeros bloquea a posibles candidatos presidenciales

No busca realmente combatir los ciberdelitos

La diputada liberal Azucena Castillo dijo que la ley es discrecional en cuanto a qué es un ciberdelito y a quien se perseguirá con ella. “Buscar culpables en lo que se dice, en lo que se hace es venir en contra de la liberad de expresión de la ciudadanía, de los medios y las redes sociales”, indicó. En relación a esto último, aseguro que con la ley se pone como “chivo expiatorio” a la oposición.

Maximino Rodríguez, también diputado de la bancada liberal, subrayó que la ley no tiene nada que ver con la persecución de los ciberdelitos.
“Esta iniciativa tiene nombre y apellido, es para reprimir a quienes consideren que el gobierno esta yendo por un camino equivocado”, reprochó.

Noticias falsas y libertad de expresión

El diputado sandinista Jose Antonio Zepeda insistió en que la ley combatirá las noticias falsas que supuestamente divulgó la oposición en redes sociales “para hacer daño y provocar el caos y la destrucción de la economía” durante las protestas antigubernamentales del 2018”.

En los mismos términos se expresó su compañero de bancada Wálmaro Gutiérrez, quien negó que la ley violente la libertad de expresión en Nicaragua, ya que, según él, la oposición ha “tergiversado” el concepto de la información y el de opinión”.

“En este documento que estamos discutiendo hoy no hay una sola palabra que tenga que ver con la libertad de expresión”, dijo

Gutiérrez refirió que efectivamente el artículo 66 de la Constitución “garantiza a los derecho a la información veraz”, pero “no a la información manipulada” y a la “alternación de los hechos”.

“Una cosa es información y otra cosa es opinión, lo que aquí se está garantizando, lo que aquí se está preservando es que los nicaragüenses tengamos acceso a la información veraz”, indicó, omitiendo que en Nicaragua el oficialismo es el que decide qué es veraz y qué no es, independientemente de las pruebas.

Contra quienes supuestamente causen temor a la población

Carlos Emilio López refirió que no se prohibirá el uso de las redes sociales sino que se sancionará a quienes cometan los delitos estipulados en la ley.

Si bien el sandinismo niega que se quiera acallar la crítica, López atacó a los opositores y los acusó de infundir miedo en Nicaragua.

Va dirigida “a quienes atormenten, hostiguen, insulten, por medio de las tecnologías de la información y la telecomunicación poniendo en riesgo la vida, la integridad física y la estabilidad emocional”, señaló.

“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difunden falsas noticias creando alarma, temor, zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público, la salud o la seguridad soberana”, dijo López, enumerando una serie de supuestas noticias falsas divulgadas por los opositores desde abril del 2018.