La organización Amnistía Internacional publicó este lunes un documento titulado “Silencio a cualquier costo: tácticas del estado para profundizar la represión en Nicaragua” el cual evidencia la forma en que el gobierno ha puesto en práctica una serie de “tácticas sofisticadas” para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social.
Entre las tácticas de represión enlistadas por la organización están las campañas de desprestigio y estigmatización, el hostigamiento, la intimidación y ataques, que están presentes tanto en redes sociales como en discursos públicos. Los defensores de derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática diseñada para detener su labor, advierte el documento.
“El miedo ha sido el arma principal que en este periodo ha usado Daniel Ortega para doblegar a la gente”, compartió la presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en conversación con Amnistía Internacional.
Ausencia de independencia en los poderes del Estado
El informe señala que el Poder Judicial parece ser “una de las armas favoritas” del gobierno contra quienes critican sus políticas. La falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua ha significado que activistas amenazados no tengan a dónde acudir a hacer denuncias o solicitar protección. “Las organizaciones de derechos humanos han cubierto parte de esa necesidad de documentación y denuncia, pero también son hostigadas y sin poder de incidencia más allá de las denuncias públicas, su efectividad es limitada” destacan.
Por otro lado, el Poder Legislativo ha aprobado una serie de leyes que buscan coartar el trabajo de personas y organizaciones consideradas críticas al gobierno. En la segunda mitad del 2020, la Asamblea Nacional aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y el establecimiento de la cadena perpetua).
Detenciones arbitrarias
De igual forma, las autoridades continúan utilizando al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios según informan organismos nacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que, entre abril de 2018 a noviembre de 2020, 1,614 personas fueron encarceladas arbitrariamente por su participación en las manifestaciones. A finales de noviembre de 2020, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria “pese a que en marzo de 2019 el gobierno se comprometió a poner en libertad a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas”.
Desde abril de 2018 se han ignorado garantías básicas como el respeto a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado frente a un juez independiente e imparcial, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección.
INTI OCON / AFP
Las detenciones incluyen la adjudicación de cargos falsos por motivos políticos. Los crímenes que más frecuentemente se les imputan a quienes son vistos como opositores al gobierno incluyen la extorsión y el tráfico de drogas. Abogados y abogadas consideran que este tipo de cargos buscan, además de castigar, dañar la reputación de las personas defensoras. Un abogado explicó a la organización que en 2018 la mayoría de presos políticos eran acusados de delitos complejos como crimen organizado y terrorismo, ahora los acusan de crímenes comunes como robo con intimidación y tráfico de drogas. Tal es el caso del joven John Cerna y María Esperanza Sánchez, quienes continúan bajo detención.
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De igual forma, las personas encarceladas siguen reportando malos tratos y hostigamiento como elementos adicionales de castigo. Además, la falta de condiciones en las cárceles se ha agravado con la pandemia del COVID-19 que van desde falta de acceso a agua potable, alimentos de calidad y altos índices de hacinamiento.
Amnistía Internacional y otros organismos han documentado casos de criminalización como forma de represión o intimidación, y tras las excarcelaciones el acoso continúa latente, lo que les impide a los activistas ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos u otras actividades, además de mantener latente el riesgo de ser reencarcelados.
Otras agresiones
El organismo destaca la falta de justicia, verdad y reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familias. Recuerda que en julio de 2018 Daniel Ortega anunció la “Operación Limpieza”, la cual consistió en destruir por la fuerza las barricadas que se levantaron en distintas localidades y enviar a grupos parapoliciales y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban.
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Destaca igualmente las agresiones contra periodistas y el cierre de medios de comunicación considerados críticos. Desde 2018 el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. En 2019 el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuó hasta finales del 2020.
Personas defensoras de derechos humanos temen que de cara a los comicios presidenciales de noviembre de 2021 las violaciones a los derechos humanos —que hasta ahora no se han detenido— se recrudecerán “mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.”
Estas nuevas herramientas represivas han marcado un capítulo más sombrío en la historia reciente del país según señala Amnistía Internacional. “En Nicaragua, el recrudecimiento de la campaña de represión se ha visto reflejado en la utilización de nuevas estrategias, en colaboración con los poderes legislativo y judicial, para generar un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones”.
Amnistía Internacional: “Nicaragua vive una de las peores crisis de DD.HH. del continente”
La organización insta a las autoridades gubernamentales a poner fin al hostigamiento de personas por razones políticas, acabas con las detenciones arbitrarias y liberar a las personas detenidas por ejercer sus derechos, desmantelar a grupos parapoliciales, ejercer justicia, verdad y reparación; adherir el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y garantizar el escrutinio internacional. De igual forma, llama a la comunidad internacional a mantener en su agenda la crisis de derechos humanos de Nicaragua.
Nicaragua Investiga
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