Este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas cercanas al gobierno de Daniel Ortega, el cual es reconocido por la comunidad internacional por «socavar la democracia y perpetrar violaciones de derechos humanos contra civiles».
Las medidas de este miércoles 9 de junio, se adoptaron conforme al Decreto Ejecutivo 13851, “Bloqueo de bienes de determinadas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, que está dirigida a personas funcionarias del gobierno de Nicaragua o que se han desempañado como funcionarias de dicha administración en algún momento a partir del 10 de enero de 2007.
Estados Unidos sanciona a cuatro allegados del gobierno de Daniel Ortega
«Las acciones del presidente Ortega perjudican a los nicaragüenses y hunden cada vez más al país en la tiranía… Resulta claro que el régimen de Ortega se propone seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense. Estados Unidos seguirá exponiendo a los funcionarios que continúen desoyendo la voluntad de sus ciudadanos» expresó Andrea M. Gacki, directora de la OFAC.
Las personas a quienes se les impusieron sanciones por primera vez en este año son: Camila Antonia Ortega Murillo, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Edwin Ramón Castro Rivera, y Julio Modesto Rodríguez Balladares.
Consecuencias de las sanciones
Las sanciones restringen a los bancos que operan bajo el sistema financiero estadounidense —la mayoría— para abrir cuentas, otorgar préstamos o hacer cualquier otro tipo de transacción bancaria. Ciudadanos norteamericanos tampoco pueden tener vínculos económicos con los sancionados, quienes además quedan vetados para ingresar a territorio norteamericano.
Además, los bienes que las personas sancionadas tienen en Estados Unidos o que están en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC. En el caso de las propiedades, estas pueden ser embargadas.
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Las sanciones son una especie de «muerte financiera» para las personas designadas, pues también son bloqueadas todas las entidades en las que el 50 % o más les pertenezca —en forma directa o indirecta—. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro del territorio de Estados Unidos, que involucren bienes o participaciones en bienes de estas personas.
¿Por qué fueron sancionados?
Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, fue sancionada por ser una asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, además de coordinar la Comisión Nacional de Economía Creativa. Desde 2011, Camila Ortega ha gestionado el Canal 13 de televisión, el cual EE.UU. reconoce como un medio de gestión familiar que difunde propaganda oficial «mientras el presidente Ortega utiliza el gasto público y las leyes impositivas para promover canales manejados por la familia y asfixiar a medios rivales independientes».
Edwin Castro es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especial de Asuntos Electorales. El 4 de mayo de 2021, los parlamentarios aprobaron una serie de reformas controversiales a la Ley Electoral, las cuales no incorporaron la resolución que emitió en octubre de 2020 la Organización de los Estados Americanos (OEA). En cambio, las reformas «institucionalizan leyes represivas que habilitan al gobierno a impedir que partidos políticos participen en la próxima elección y no prevén la observación internacional de los comicios» señala el Departamento de Estado a través de un comunicado de prensa. La Asamblea Nacional, en la cual Castro es diputado, también nombró a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), en su mayoría personas leales al oficialismo que «ya han incrementado el control del proceso electoral».
Ovidio Reyes, como presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), «colidera la implementación de la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a realizar operaciones con personas sancionadas en Nicaragua, exponiéndose al riesgo de facilitar transacciones pasibles de sanciones» indica el comunicado. Las instituciones financieras que se nieguen a cumplir la ley podrán ser objeto de medidas punitivas por parte del BCN y la Superintendencia de Bancos (Siboif), las cuales EE.UU. señala de ser «adeptas al régimen». La sanción ha sido aplicada únicamente a Reyes, y no ha alcanzado al BCN.
Julio Rodríguez es General de Brigada del Ejército de Nicaragua. «El Ejército prestó apoyo a las fuerzas policiales y paramilitares que cometieron abusos de derechos humanos y ataques contra manifestantes, lo cual provocó la muerte de más de 300 personas y graves daños físicos y psicológicos» durante las manifestaciones cívicas de 2018. Rodríguez es además director ejecutivo del IPSM, el fondo de inversión pública del Ejército. La sanción se aplicó únicamente a Rodríguez, el IPSM no fue alcanzado por esta.
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