La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) resolvió este lunes 19 de julio otorgar medidas provisionales en favor de la activista feminista y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Daysi Tamara Dávila.
La opositora se encuentra detenida desde el pasado 12 de junio por supuestos «actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua», y hasta el momento ni sus familiares ni representantes legales han podido establecer ningún tipo de comunicación con ella para asegurarse de su condición actual.
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Asimismo, han denunciado que no se les permite ingresarle alimentos, a pesar de que Dávila padece de enfermedades como gastritis y colitis gástricas, para lo que requiere tratamientos específicos que alivien las crisis de fuertes dolores de estómago y una dieta especial que no les permiten proveer.
Las medidas provisionales en favor de Dávila forman parte de una ampliación de las ya anteriormente solicitadas en favor de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro García, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri Chamorro y Violeta Mercedes Granera Padilla.
Como a ellos, la resolución hace énfasis en que el Gobierno de Nicaragua otorgue medidas «urgentes de protección» en favor de Tamara y su núcleo familiar, y que se proceda a su inmediata liberación. El Estado debe brindar información sobre la situación de la opositora a más tardar el próximo 30 de julio.
A través de la resolución, la Corte IDH reconoce a Dávila como activista feminista y líder juvenil, miembro de la UNAB y de la junta directiva de UNAMOS (antes MRS), quien desde 2018 ha participado en protestas cívicas y brindado apoyo humanitario a víctimas de la represión estatal; y que desde entonces, había sido víctima de asedio, persecusiones, amenazas y vigilancia constante, por lo que ya había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gobierno ignora llamados
El pasado 24 de junio la Corte IDH había solicitado al gobierno de Nicaragua la adopción de medidas provisionales para cuatro de los líderes de la oposición, en respuesta a una solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que estas personas enfrentan una situación de «extrema gravedad».
Sin embargo, dicha resolución ha sido ignorada por el Gobierno de Daniel Ortega. «En una muestra de incumplimiento a sus compromisos internacionales, el Estado de Nicaragua ignoró la orden de liberar inmediatamente a Chamorro, Maradiaga, Granera (y José Adán Aguerri) emitida el pasado 24 de junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», puntualizó hace unos días Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro.
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Jared Genser, abogado defensor de Chamorro y Maradiaga, indicó que al continuar presos los líderes opositores, «es posible que proporcionarían una respuesta escrita a la Corte, pero todavía no sabemos… ahorita tenemos que esperar un par de días para ver si Nicaragua proporcionó una respuesta oficial a la Corte».
Hasta el momento se desconoce si el Gobierno ha presentado ante la Corte información sobre la situación de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y si estará cumpliendo con la nueva ampliación de dicha resolución que incluye ahora a Dávila.
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