Corte IDH brinda medidas provisionales a cuatro opositores detenidos

El gobierno nicaragüense deberá informar a la Corte IDH a más tardar el próximo 8 de julio sobre la adopción de las medidas urgentes para dar cumplimiento a la resolución.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) resolvió este 24 de junio solicitar al gobierno de Nicaragua la adopción de medidas provisionales para cuatro de los líderes de la oposición que se encuentran bajo detención en el país, en respuesta a la solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Este tipo de medidas son dictadas por la Corte IDH «en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario para evitar daños irreparables a las personas».

Los opositores que serían beneficiados con dichas medidas son los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro García y Félix Alejandro Maradiaga Blandón; así como el empresario, José Adán Aguerri Chamorro; y la ex candidata a vicepresidenta de la República, Violeta Mercedes Granera Padilla.

La Corte IDH ha requerido al gobierno de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata de los cuatro opositores. Asimismo, que «adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal» de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera; así como la de sus núcleos familiares.

El gobierno nicaragüense deberá informar a la Corte IDH a más tardar el próximo 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Con posterioridad, el Estado deberá presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas.

«Requerir a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión Interamericana que presenten sus observaciones dentro de un plazo de una y dos semanas, respectivamente, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado» se lee en la resolución.

Reconocen riesgos

La Corte concluyó que existen suficientes elementos «para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad» debido a «las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones, la posterior falta de información del Estado sobre el paradero y condiciones de detención de los propuestos beneficiarios, su situación actual de incomunicación, así como el alegado delicado estado de salud y la falta de acceso a medicamentos y atención en salud» de la mayoría de ellos.

Reconoce que la falta de información de la situación procesal de los opositores, lleva a la conclusión de que se trata de detenciones arbitrarias, y alerta que la privación de su libertad «conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos».

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