CIDH solicita protección para cuatro opositores nicaragüenses

Las medidas provisionales son para proteger los derechos de los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, y a sus núcleos familiares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este 23 de junio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), proteger a cuatro opositores en Nicaragua y su núcleo familiar ante el «extremo riesgo» que viven por la persecución política en su contra.

«Adoptar medidas provisionales para proteger los derechos de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, y sus núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua», dice parte del informe.

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La organización internacional de derechos humanos remarcó que a pesar que existen medidas cautelares para Félix Maradiaga, Violeta Granera y miembros de la Alianza Cívica; la situación de riesgo actual se incrementó para estos opositores en las últimas semanas, y continúan estando en riesgo sus vidas e integridad personal.

«Existen indicios de arbitrariedad en la detención realizada en junio de 2021 relacionada con la utilización de un marco normativo que termina criminalizando a la oposición«, expone la CIDH, y agrega que no existe información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto, «ni de las medidas efectivas para proteger sus derechos en riesgo, ni las presuntas violaciones al debido proceso en sus causas».

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Hasta el momento se encuentran bajo las rejas los precandidatos Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, esta última bajo la condición de casa por cárcel y quien permanece incomunicada desde hace varias semanas.

CIDH presenta informe a OEA

Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, manifestó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que la crisis política y democrática se ha profundizado en este país ante la nueva ola de arrestos contra los detractores de Daniel Ortega.

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«Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, con graves consecuencias políticas y democráticas», expresó Urrejola ante los embajadores que participaron en la reunión.

Además dijo que la gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua en las últimas semana, «se refleja en el incremento del número de solicitudes de medidas cautelares que hemos recibido».

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Luis Alvarado, delegado de Nicaragua ante la OEA, rechazó el informe y lo catalogó como una “falacia”, ya que lo calificó como una «manipulación de este organismo que está siendo utilizado como punta de lanza por el gobierno de los Estados Unidos».

Alvarado, férreo defensor de los intereses del gobierno sandinista, dijo además que los informes de la CIDH no tienen ninguna «credibilidad» ya que son «tergiversados» y niegan los supuestos ataques terroristas.

Sin embargo, este organismo estuvo en Nicaragua y documentó los hechos ocurridos en el país, revelando que la represión estatal de 2018 cobró la vida de más de 325 personas y dejó diversas desapariciones. Estos hechos permanecen en la impunidad y hasta ahora no ha habido ningún acusado por parte de la Policía Nacional, la cual es señalada de reprimir fuertemente a los manifestantes.

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