Luego de conocerse que el gobierno del presidente Daniel Ortega hizo oficial la nacionalización del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para evitar su extradición y ser juzgado por los delitos de corrupción, surge la siguiente pregunta: ¿Puede Nayib Bukele extraditar a Sánchez Cerén?
Al adquirir la nacionalidad nicaragüense Sánchez Céren, no podrá ser extraditado ya que las leyes de este país impiden que dicho proceso se aplique a sus nacionales.
“En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, dice el artículo 43 de la Constitución de Nicaragua.
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Sánchez Cerén está bajo búsqueda y captura internacional acusado de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La orden de arresto dirigida a la Interpol incluye a otros cuatro exfuncionarios, de los nueve implicados en el caso de desfalco público, aparte del exmandatario.
El prófugo de la justicia internacional solamente está protegido en territorio nicaragüense, pero si es encontrado en otro país inmediatamente puede ser extraditado hacia El Salvador.
Mauricio Funes, prófugo de la justicia internacional
La jefa de la Unidad Contra el Lavado de Activos, Maricela Velásquez, aseguró que fue el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador quien decretó la orden de captura internacional para Sánchez Cerén.
Este mismo tribunal que inició la fase de instrucción de los presuntos delitos, que datan del periodo 2009-2014, años en que Sánchez ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno de Mauricio Funes, también buscado por la justicia de ese país y que goza de nacionalidad nicaragüense.
El exdiputado Eliseo Núñez Morales explicaba a un medio local de El Salvador que la decisión tomada por Ortega al darle la nacionalidad a Funes “es ilegal, pero también es antiético, porque Funes está acusado de delitos de corrupción en El Salvador, lo que complica este caso aún más”.
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“Si cualquiera de ellos sale del país y tiene una orden internacional de captura, se va de regreso a El Salvador”, señaló Núñez en ese entonces.
Muchos políticos han señalado que la estrategia de Ortega al brindarle nacionalidad nicaragüense a políticos acusados de corrupción, es un blindaje a priori para protegerlos y que no sean procesados en su país.
Nicaragua Investiga
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