Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de la ciudad de León, revelaron que un total de 16 mil 395 bachilleres serán ubicados por esta casa de estudios en las 62 carreras académicas que oferta.
Aunque aún se desconoce con exactitud el total de bachilleres que aplicaron a esta universidad estatal, Erick Quintana, responsable de admisión UNAN-León, indicó que se ha integrado al 99% del total de la demanda estudiantil para el periodo 2022.
“En relación con el año 2021, hemos crecido en un 17% con el ingreso estudiantil, esto se debe a la ampliación de la oferta académica, modalidades y turnos”, dijo Quintana a medios oficialistas.
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Del total de estudiantes aprobados por esta universidad, 7 mil 840 lograron ingresar tras culminar con éxito la prueba de habilidades y aptitudes para 19 carreras , y 8 mil 792 no hicieron prueba, de los cuales el 78% provienen de colegios estatales, el 16% de colegios privados y el 6% de colegios subvencionados.
Desde 2020 los bachilleres que decidan ingresar a esta casa de estudios no realizan examen de admisión.
La rectora de la universidad, Flor de María Valle Espinoza, manifestó que dichos resultados académicos permitirá «seguir avanzando en la erradicación de la pobreza de nuestra querida Nicaragua”.
UNAN-León expulsó decenas de estudiantes activistas desde 2018
Esta universidad que es la más antigua y más grande del país ahora controlada por el régimen sandinista a través de Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), una comisión de universitarios sandinistas que se encargan de tomar medidas fuertes para evitar manifestaciones contra Ortega.
Desde la rebelión de abril de 2018 que conllevó a la toma de universidades, incluida la UNAN-Managua, las autoridades de esta casa de estudios superiores tomó medidas represivas contra quienes participaron en las manifestaciones antigubernamentales que fueron calificadas por el régimen sandinista de supuesto «golpe de estado».
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En septiembre de 2018, la UNAN-León expulsó a 13 estudiantes, entre ellos los exreos políticos Byron Estrada y Nahiroby Olivas, y dio por terminado el contrato de tres docentes académicos que sumaron la lista de 12 trabajadores más que fueron despedidos meses anteriores. Informaciones periodísticas revelaron que el alumnado expulsado pertenecía a la facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
En julio del años pasado, el régimen ordenó nuevamente la expulsión de cinco universitarios porque supuestamente “han estado promoviendo y realizando acciones que atentan contra la paz, estabilidad de la comunidad universitaria, en aras del bien común y el interés institucional”.
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