Más de 180 presos políticos sufren condiciones inhumanas en las cárceles de Nicaragua en violación a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, según señalan especialistas y organizaciones de derechos humanos.
«Las reglas Mandela forman parte de los estándares mínimos o estándares aceptables (de trato humano a reclusos) y tienen que ser observados» explica el jurista Uriel Pineda. Señala además que estas reglas son de larga data y que fueron considerados para la elaboración de la Ley de Régimen Penitenciario en el año 2003.
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«Hay una inobservancia tanto de la normatividad interna como de estándares internacionales establecidos… en realidad no estamos hablando de violaciones a las condiciones carcelarias, estamos hablando de comisión de crímenes de lesa humanidad» sentencia Pineda.
«Tenés, por un lado, un primer momento donde se aprueban leyes dirigidas u orientadas a la persecución política, como la Ley de Agentes Extranjeros o la Ley de Ciberdelitos, y las reformas al código procesal penal que vienen a ser instrumentos de la estructura gubernamental para perseguir a los opositores» explica el jurista.
«Un crimen de lesa humanidad es lo que es no porque se haya dado un asesinato, un encarcelamiento o una desaparición forzada. Es crimen de lesa humanidad porque pertenece a una política de Estado y esa política de Estado se refleja no sólo en el accionar de las autoridades, sino en este conjunto de normas que se han adoptado por la Asamblea Nacional en Nicaragua en los últimos años a efectos de perseguir a la clase política» comenta Pineda.
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La Organización de las Naciones Unidas, de la cual Nicaragua es parte desde 1945, establece una serie de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que luego se conocerían como reglas Nelson Mandela por el abogado, revolucionario y político sudafricano que por su lucha contra el gobierno nacionalista de Sudáfrica, que sostenía el sistema de segregación racial llamado Apartheid, pasó veintisiete años en prisión.
Mandela no podía hablar con sus abogados, estaba confinado a una celda húmeda y excesivamente pequeña. Lo obligaban a picar piedra todo el día mientras los guardias le insultaban y agredían. Tampoco lo dejaban ver a sus familiares. Esta experiencia llevó a la elaboración de un tratado universal para la gestión carcelaria, considerando como punto de partida el hecho de que el prisionero pierde su libertad, pero no su condición humana.
Establece así el tratado el derecho a la defensa, a espacios y ventilación adecuados, a una higiene y alimentación adecuados, servicios médicos oportunos, visitas de familiares, derechos religiosos, lectura e información.
El tratado prohíbe someterlos a condiciones de aislamiento prolongado ni recibir torturas físicas y psicológicas, normativas que han sido violadas por el gobierno de Nicaragua en su trato hacia los más de 180 presos políticos retenidos desde la crisis de 2018, según señalan especialistas y organizaciones de derechos humanos.
Braulio Abarca, activista de derechos humanos parte del Colectivo Nicaragua Nunca +, explica que, desde su organización, han logrado «documentar más de 138 casos de tortura tanto a personas encarceladas como a sus familiares y de estos».
«Esto ha transgredido no solamente las normas de Mandela, sino también la Convención contra la tortura» señala Abarca, añadiendo que «todas estas torturas que son de carácter psicológico y que atacan la psique humana, la parte intangible de la personalidad, crean daños graves y en muchos casos irreparables».
Abarca explica que estos tratos generan «unos daños y secuelas en la estima de la persona. Daña la parte más interna, la dignidad humana, que es la fuente primigenia de todos los derechos humanos. Las torturas que están ejerciendo están diseñadas para dañar la dignidad humana; el aislamiento completo genera un daño irreparable a la psicología de la persona».
«Es necesario que la comunidad internacional lo conozca… es necesario que se conozcan y se denuncian todas estas torturas de las que nos hablan los presos políticos y sus familiares» concluye Abarca.
Nicaragua Investiga
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