La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el FSLN, se ha convertido en una especie de sala donde se firma el acta de defunción de Organizaciones de la Sociedad Civil, aunque ha sido el Ministerio de Gobernación el que emite el decreto de muerte.
Según registros de la Oficina de América Central y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en los últimos años en Nicaragua le han sido canceladas sus personerías jurídicas a un total de 210 Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Esta arremetida se da precisamente bajo el gobierno de FSLN, una formación política que durante décadas se presentó como cercana a las organizaciones de base, y cuyo líder, Daniel Ortega, mantiene hasta hoy un discurso dirigido a un supuesto modelo “comunitario”.
Muchas de las organizaciones canceladas a partir del 2018 tienen raíces sandinistas o bien sus propios directivos fueron parte del proceso revolucionario de los años ochenta, como por ejemplo el escritor Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua cuando Ortega dirigió por primera vez el país. A Ramírez le fue cancelada el 20 de febrero del 2022 la Fundación Luisa Mercado.
JS encumbrados en lo más alto del poder dentro del régimen Ortega-Murillo
Una larga lucha por abrirse camino
Sin embargo, las ONG no son ni por cerca una herencia de la “revolución” sandinista, sino que fue el resultado de un largo proceso de lucha organizativa y reivindicaciones sociales más globales.
Las primeras menciones al término ONG se remonta al 26 de junio de 1945 cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, fue hasta 1950 cuando la ONU las definió e instauró el 27 de febrero como el Día Internacional de las ONG.
En Nicaragua, en medio de la represión durante la dictadura somocista, fueron surgiendo diferentes voces que buscaban reinvidicar el papel organizativo de los diferentes sectores sociales. Así nació la Asociación de Educadores (ANDEN) y la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), ambas ligadas actualmente al FSLN y fundadas hace 43; la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fundada en 1977; el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), fundado en 1972; y otras organizaciones de carácter político y social.
Sin embargo, con la llegada de los sandinistas al poder en julio de 1979 se da un auge organizativo nunca antes visto en Nicaragua, aunque hay que decir que todo ello era ligado al proyecto político del FSLN.
Para la socióloga Zoilamérica Narváez lo que está haciendo actualmente su padrastro Daniel Ortega y su madre Rosario Murillo es acabando con algo que había ayudado a forjar el mismo sandinismo.
“Lo que tenemos en Nicaragua es la destrucción de un modelo de organización social que incluso fue instaurado por la misma revolución sandinista, es decir, fue en la era de la revolución que surgen los movimientos sociales”, explica.
Gobierno de Barrios permite legalización de ONG
Sin embargo, hay que señalar que fue hasta 1992, bajo el gobierno democrático de Violeta Barrios cuando en Nicaragua se dio un paso fundamental para el desarrollo de las ONG al aprobarse la Ley 147, Ley de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. Dicha ley fue fundamental para que las ONG recibieran personerías jurídicas y por tanto funcionar legalmente.
“Fue en los noventa con doña Violeta Chamorro que emergen una cantidad de Organizaciones No Gubernamentales para integrar esa cultura que siempre ha habido en Nicaragua de la comunidad ayudando a la comunidad, de iniciativas de autogestión permanente”, subraya Narváez, quien se encuentra desde hace años exiliada en Costa Rica.
Una de las organizaciones emblemáticas surgidas en esos años fue el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Esta organización fue fundada en 1990 y trabajó libremente, aunque no sin lidiar con dificultades, hasta diciembre del 2018 cuando el régimen de Daniel Ortega le canceló su personería jurídica y le confiscó sus bienes.
Al Cenidh acudieron durante décadas todo tipo de personas, incluyendo muchos de los que hoy la atacan, como el reconocido propaganidsta del FSLN, William Grigsby.
Hasta el general Avilés las ha atacado
La arremetida del régimen Ortega contra las ONG inició, básicamente, en los últimos meses del 2018 al cancelar las personerías jurídicas al Cenidh, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), a Hagamos Democracia y otras organizaciones.
El oficialismo las acusaba de recibir millones de dólares para realizar actividades “desestabilizadoras” en Nicaragua.
Con la profundización de la crisis política, también se acrecentó el lenguaje confrontativo hacia las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales se las acusa de “golpistas” y vende patria”.
A los ataques se sumó el mismo jefe del Ejército, general Julio César Avilés, quien el 2 de septiembre del 2019 acusó a las ONG de incitar un supuesto golpe de Estado un año antes. “Hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno” de Daniel Ortega, afirmó el militar, sancionado en mayo del 2020 por EEUU.
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Nicaragua, en un lugar sin expresiones autónomas
No obstante, ha sido en el 2022 cuando más oenegés han sido eliminadas. El día más negro fue el 4 de mayo. Ese día de un solo plumazo la Asamblea Nacional despojó de la personería jurídica a 50 organizaciones.
“Esto se suma a un exterminio de expresiones de la sociedad civil. En Nicaragua hemos visto que ya no es únicamente una razón de afinidad política el criterio para destruir las Organizaciones No Gubernamentales sino sobre todo convertir a Nicaragua en un desierto de expresiones autónomas”, subraya Zoilamérica Narváez.
La socióloga sostiene que en el país “se está tejiendo un cerco” en el que “cualquier tipo de política de atención social va a venir exclusivamente del gobierno” y por tanto el ciudadano se muestre “agradecido” con Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Hay un doble propósito en ese sentido, primero evitar que los nicaragüenses tengan espacios de organización autónomo, y, segundo. concentrar toda la asistencia social para que los nicaragüenses tengan que eternamente ser fieles a través de someter su conciencia”, explica.
En un reforzamiento del discurso de que las ONG responden a intereses extranjeros e intervencionistas, en octubre del 2020 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la cual bloquea la financiación y donaciones internacionales a medios de comunicaciones, defensores de derechos humanos, ONG y organizaciones de la sociedad civil.
El 31 de marzo del 2022 aprobó también la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro, la cual viene a endurecer las medidas de presión del régimen hacia este tipo de organismos. En el artículo 47 de esta ley se legaliza la confiscación de los bienes de las ONG acusadas de actividades de «desestabilización».
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