CIDH otorgó medidas cautelares a Alex Hernández

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a favor del ex miembro del Consejo Político de la UNAB (Unidad Nacional Azul y Blanco), José Alejandro Quintanilla Hernández, y a su familia, en un comunicado emitido el jueves 23 de junio.

Al opositor y a su familia, se les otorgaron estas medidas luego que la CIDH considerara que viven en una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».

«Según la parte solicitante, Quintanilla Hernández es identificado o percibido como opositor al actual gobierno nicaragüense y está privado de libertad desde agosto de 2021 sin recibir atención médica oportuna», expresó el comunicado.

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La CIDH informó que tienen registros de que Quintanilla se encuentra en una celda pequeña, donde es víctima de agresiones y es puesto bajo interrogatorio a pesar de ya haber sido condenado.

A su vez, el organismo de derechos humanos manifestó que es de su conocimiento que los familiares del preso político son sufren de acoso por parte del sistema penitenciario, donde no pueden visitar a Alejandro Quintanilla.

«La CIDH observó que José Quintanilla se encuentra en condiciones de detención contrarias a la dignidad humana, y no ha recibido la atención médica requerida», manifestó.

La Comisión´Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado de Nicaragua, que se encuentra bajo el régimen de Daniel Ortega, que se respetara el derecho a la vida, salud e integridad física del reo de conciencia y de su familia.

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También pidió que «asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales», tales como el contacto de manera regular con sus familiares y abogados; además que se le realice una valoración médica correspondiente a su actual estado de salud, y que el régimen se encargue de brindar los tratamientos y medicamentos prescritos por «beneficiario por el personal de salud competente».

«Alex Hernández», fue declarado culpable por la dictadura de Ortega, junto al gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, y el abogado Roger Reyes, bajo los cargos del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.