Régimen introduce iniciativa para ilegalizar otras 100 oenegés

La Asamblea Nacional, bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ilegalizará otros 100 organismos no gubernamentales (ONG) en los próximos días.

La iniciativa, presentada el martes 26 de julio, fue realizada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien es conocido por la sociedad nicaragüense como el «verdugo de las oenegés», donde se cancelará la personería jurídica de 100 organismos entre los que se encuentra la Asociación de Representantes de Casas Extranjeras de Nicaragua (ARCEN).

Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha arremetido contra los organismos de la sociedad civil, acrecentándose tras la insurrección pacífica causada por las protestas antigubernamentales, dado que hasta la fecha se han criminalizado al menos 800 ONG.

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Otras organizaciones que serán cerradas son la Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos, Asociación Bloque Común Costeño (BCC), Fundación Reconciliación Juvenil (FRJ), Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible (ADER), y la Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Juventud (ADENIJU).

Las bases legales que presenta Rodríguez para la cancelación de la personería jurídica de estas organizaciones que actúan en pro de la sociedad civil se encuentran la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, alegando que estos organismos no presentan estados financieros detallados, al mismo tiempo datos y documentos oficiales de los donantes y de los miembros de las juntas directivas.

También, la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, puesto que, según el régimen, estos organismos de la sociedad civil no presentan informes detallados de los ingresos y egresos.

Al momento de presentada esta iniciativa, la dictadura sandinista aún todavía tiene en agenda la ilegalización de al menos 100 ONG, entre las que se encuentra la Asociación Confiscados y Afectados Arges Sequeira; organismo dedicado a las personas afectadas por la expropiación a nicaragüenses en los años 80.