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Ministerio del Interior desaparece a los Comités de Defensa Sandinista CDS

15 organizaciones más dejaron de operar hoy, cinco pidieron disolución voluntaria y diez fueron canceladas.

El diario oficial La Gaceta reporta hoy la aprobación del Ministerio del Interior a la solicitud de disolución voluntaria de cinco organizaciones de sociedad civil mediante el acuerdo ministerial 25-2024-OSFL, por lo que ha procedido a la cancelación de su personalidad jurídica y número perpetuo.

Lo curioso de esto es que una de esas organizaciones es la Asociación Comités de Defensa Sandinista, que aunque se inscribieron legalmente el 23 de marzo de 1990, operaron al margen de la ley y con un papel protagónico durante los 80 cuando el FSLN los usaba para hacer labores de vigilancia dentro de los barrios y comunidades.

Según informa el MINT, los CDS alegan «no contar con fondos suficientes para continuar con los objetivos de la Asociación».

Los CDS surgieron en 1978 bajo el nombre de Comités de Defensa Civil como un movimiento social que buscaba la autodefensa del régimen de Somoza. Luego de la salida de esa dictadura adquirieron el nombre actual.

El papel de estos CDS era tan importante para mantener en el poder al sandinismo, que en octubre de 1982 emitieron la Ley 1115, «Ley de Protección al vigilante revolucionario», que atribuye a esa estructura el «deber patriótico» de «defender la revolución», y habla de la existencia de al menos 150 mil «vigilantes» integrados a estos grupos. Además, les otorga seguridad social.

En La Gaceta, diario oficial del 10 de octubre de 2017, se publica una reforma a los objetivos de esta asociación, que ahora indica que dedica a «promover el mejoramiento constante de las condiciones materiales, intelectuales y morales de la comunidad».

Los CDS se encontraban prácticamente inactivos y fueron sustituido por los CPC, Consejos del Poder Ciudadano que organiza y dirige directamente Rosario Murillo y que cumplen las mismas tareas de vigilancia política contra la población.

Otras ONG que pidieron disolución voluntaria

Otras ONG que solicitaron su disolución voluntaria ante el Ministerio del Interior son:

1. Asociación una gota de amor hace feliz un corazón, creada en junio de 2012 y cuyos miembros alegaron problemas de salud que les impide seguir operando.

2. Tabernáculo bautista Nueva Jerusalén, de origen canadiense e inscrita el 15 de febrero de 2013. Según el MINT, solicitaron ser disueltos por falta de fondos.

3. Asociación nicaragüense pro amistad con la República Popular de China y su pueblo, establecida en septiembre de 2006 y solicita disolverse por haber cumplido con los objetivos propuestos.

4. Asociación brillando la luz de Cristo en Nicaragua, que fue creada el 04 de octubre de 2016 y que pide cesar su funcionamiento por falta de donantes para financiar sus operaciones.

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10 más canceladas

Otro acuerdo ministerial, el 26-2024 OSFL publicado en la misma Gaceta, ordena la cancelación de otras 10 organizaciones por supuestamente «haber incumplido con sus obligaciones conforme Ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro».

Y el que de acuerdo con el Ministerio del Interior estas organizaciones «no reportaron por períodos de entre 2 a 23 años sus estados financieros», ni tampoco el detalle de donaciones.

Las diez organizaciones canceladas son:

  1. Asociación Misioneros del Sagrado Corazón
  2. Asociación de Ganaderos de Boaco (ASOGABO)
  3. Asociación Católica Vida Nueva para la Promoción Humana (ACVINPROH)
  4. New Life Nicaragua (Nueva vida Nicaragua)
  5. Asociación de iglesias evangélicas Nueva Jersusalén de Nicaragua (ADINNIC)
  6. Asociación Deportiva Acuática Nicaragüense (ADAN)
  7. Asociación Ministerio Interdenominacional en Abundancia (AMIA)
  8. Federación de Cámaras de Exportadores de Nicaragua.
  9. Global Action Against Poverty
  10. Asociación de iglesia Pentecostés Última Trompeta.

Daniel Ortega reconoció el pasado 18 de mayo que han confiscado «varios millones» en propiedades y bienes que han tomado de opositores, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil canceladas desde 2018. No hay rendición de cuentas ni informe de lo tomado. Una investigación de Hagamos Democracia detalla que por ahora lo confiscado podría rondar los 250 millones de dólares.

Autor
Nicaragua Investiga

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