¿Qué significan las zonas económicas exclusivas que montará el régimen en Nicaragua?

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua intenta contrarrestar las consecuencias que traería al país la suspensión del Tratado de Libre Comercio con EEUU DR-Cafta, una medida que pidió aplicar la Oficina del Representante Comercial de ese país ante las masivas violaciones a los derechos humanos en el país por parte de la dictadura.

La respuesta ante ello fue la de la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, un instrumento jurídico que se presentó el miércoles 29 de octubre a la Asamblea Nacional del país y que en menos de 24 horas se aprobó en el Parlamento sin mayor debate. Solo fueron elogios de los diputados sandinistas que controlan el Legislativo y sus aliados, quienes unanimemente le dieron el visto bueno e hicieron legal el marco normativo que permitirá la instalación de zonas territoriales con incentivos fiscales para empresas extranjeras, especialmente las chinas, a las que la pareja dictatorial busca atraer.

En esencia convertiría a Nicaragua en un gran paraíso fiscal, crearía una dualidad empresarial, con los nacionales pagando impuestos y las arbitrariedades del régimen, mientras que otros, los que estén en esas zonas, podrán disfrutar de exenciones fiscales de todo tipo por un lapso de 10 años y el apoyo del Estado para instalarse en el país, en detrimento de los productores ya establecidos.

Nicaragua Investiga entrevistó al economista Jonathan Braudy Sánchez, exiliado, quien es especialista en planificación económica, análisis de políticas públicas, desarrollo organizacional y aplicación de inteligencia artificial en negocios.

Ortega busca sustituir al CAFTA convirtiendo a Nicaragua en un paraíso fiscal

Economista analiza la nueva Ley

Esto fue lo que respondió sobre la ya aprobada Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta:

— ¿Cuál es la verdadera intención del régimen?
— No es desarrollo: es poder y control. El régimen sandinista busca crear zonas fuera del sistema legal y fiscal nacional para manejar dinero, tierras y contratos sin rendir cuentas. Es un bypass institucional, una manera de financiarse y premiar lealtades políticas mientras proyecta una falsa imagen de “modernización económica”. El texto legal concentra el poder en una comisión dirigida por asesores presidenciales y ministros subordinados al Ejecutivo, lo que elimina la supervisión del Parlamento y de la Contraloría. Además, permite exenciones fiscales totales y renovables indefinidamente, lo cual convierte estas zonas en espacios de opacidad financiera.

—¿Es sólo para beneficiar a empresas chinas o también a socios internos?
—Ambos. Aunque la ley menciona que cualquier capital puede participar, el control de entrada lo mantiene el Gobierno. En la práctica, las empresas chinas servirán como vehículos de legitimación internacional, mientras los socios locales del régimen —empresarios afines, testaferros y operadores económicos— actúan como intermediarios. El patrón ya se ha visto en proyectos previos: concesiones mineras, licencias energéticas y contratos públicos terminan en manos de grupos cercanos al poder. Esta ley institucionaliza ese esquema dentro de un marco “legal”.

No es una política de desarrollo para Nicaragua

— ¿Este viraje hacia China implica que ahora sí llegarán inversiones grandes?
— No. Desde que se rompieron relaciones con Taiwán y se reconoció a China en 2021, no existe evidencia de inversión directa significativa de capital chino en Nicaragua. No hay proyectos industriales ni financieros de alto impacto en ejecución; sólo anuncios de cooperación técnica, becas y promesas diplomáticas. China tiende a invertir en países con volumen de mercado o recursos estratégicos —como litio, petróleo o corredores portuarios con acceso masivo al comercio—. Nicaragua no ofrece eso. Lo que sí puede ofrecer, y la ley habilita, son puntos logísticos de tránsito, zonas portuarias y depósitos fiscales que facilitan operaciones comerciales de reexportación o triangulación.
En resumen: no es una política de desarrollo, sino de alineamiento geopolítico, útil para Pekín pero no necesariamente para la economía nicaragüense.

— ¿Es una respuesta al riesgo de ser suspendido del DR-CAFTA?
— Sí. El régimen busca un plan de contingencia comercial ante una posible suspensión o revisión del DR-CAFTA por parte de Estados Unidos, debido a las violaciones de derechos humanos y el cierre político interno. Sin embargo, esta estrategia no sustituye el acceso al mercado estadounidense, que absorbe más del 60% de las exportaciones nicaragüenses. China no ofrece preferencias arancelarias equivalentes, ni demanda significativa de los productos clave del país (cárnicos, textiles, café, oro).

Intentar reemplazar el DR-CAFTA con las Zonas Económicas es económicamente inviable y políticamente riesgoso, pues puede profundizar las sanciones y aislar aún más al país del sistema financiero occidental.

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Una economía dual

—¿Qué beneficios reales tendría el país?
— Los beneficios potenciales son limitados y concentrados. Podrían crearse empleos en sectores logísticos o de ensamblaje, pero serían de baja productividad y sin obligación de transferencia tecnológica ni encadenamientos locales. El costo fiscal es altísimo: exenciones totales del Impuesto sobre la Renta, IVA, aranceles, dividendos y tributos municipales por tiempo indefinido. Eso significa renunciar a ingresos públicos en un contexto de déficit estructural y deuda creciente. Además, el diseño de “ventanilla única” bajo control político elimina la competencia administrativa y aumenta la vulnerabilidad a la corrupción y el clientelismo.

— ¿Habrá dos tipos de empresarios en Nicaragua?
— Sí, y de forma institucionalizada. Los empresarios aliados al poder podrán operar con exoneraciones, energía subsidiada y trámites exprés.
Los empresarios independientes seguirán pagando impuestos altos y enfrentando un sistema regulatorio asfixiante. Se formaliza una economía dual: una élite blindada y un sector productivo castigado, donde la eficiencia y la innovación quedan desplazadas por la lealtad política. Esto genera distorsión competitiva, desincentiva la inversión local y consolida un modelo extractivo al servicio del poder. Los datos disponibles y el texto mismo de la ley muestran que no hay un plan de desarrollo nacional ni un modelo productivo sostenible detrás, sino un esquema de control económico, geopolítico y fiscal. No son zonas de progreso, son zonas de entrega. La soberanía no se negocia, se defiende.