Nicaragua tiene ya tres años de severa recesión económica, pero el gobierno de Daniel Ortega presentó un proyecto de Presupuesto General de la República 2021 aparentemente bastante equilibrado, con 80 mil 671.2 millones de córdobas en ingresos y 81 mil 528.8 millones de córdobas en gastos.
El reto que enfrenta el gobierno es hacerle frente a ese presupuesto en medio de los problemas económicos derivados de la crisis sociopolítica y la pandemia de coronavirus. Dos especialistas consultados por NICARAGUA INVESTIGA aseguran que todo esto será vía carga tributaria, es decir, aplicando impuestos.
— Proyecto de Presupuesto de 2021 con déficit
Más base tributaria
El economista Luis Murillo no cree que la administración Ortega Murillo vaya a imponer una segunda reforma tributaria, lo que sí cree que va a hacer ampliar la base recaudatoria.
“Eso ya lo está haciendo, lo está haciendo a nivel nacional y a nivel municipal”, asegura.
“Muy difícilmente van a hacer una segunda reforma tributaria, yo lo que creo que ellos están haciendo es ampliar la base, de tal manera que están identificando a aquellas personas que les deben y comienzan una persecución brutal”, subraya.
Efectivamente para el 2021 el gobierno espera recaudar 75 mil 101.4 millones de córdobas en ingresos tributarios, lo que representa un aumento del 6.5%.
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Tejido productivo lacerado
El economista Maykell Marenco advierte que el problema está en que “existe una contracción económica donde el tejido empresarial, el tejido productivo nacional se encuentra bastante lacerado”. Indica que además de impuestos, otras alternativas para financiar el presupuesto son la emisión de bonos por parte de Hacienda y Crédito Público y los préstamos y donaciones internacionales, pero que el gobierno enfrenta el problema de que tiene limitados los accesos a créditos.
Marenco subraya que la estructura tributaria de Nicaragua descansa mayormente sobre el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Selectivo al Consumo.
Una medida insostenible
Las medidas recaudatorias que está implementando el gobierno Ortega no son sostenibles porque implican una mayor carga para los contribuyentes, quienes llegará el momento no van a poder hacer frente a la voracidad del Estado.
“Recordemos que el poder adquisitivo de la mayor parte de las personas ha mermado con estas dos crisis (la sociopolítica y la derivada de la pandemia), ante lo cual es muy difícil (que sea sostenible). Lo que van a tener es una gran cantidad de morosos y el Estado va a comenzar a embargar o a ejecutar algunas propiedades, algunos bienes pero la gente no tiene cómo pagar con esta crisis”, explica Luis Murillo.
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En lo mismo coincide Marenco, al indicar que el gobierno por ahora sí puede cumplir sus metas recaudatorias, aunque esto no será siempre así.
“Cuando se aumenta la carga tributaria, en un primer momento recaudás, pero luego empujás al tejido productivo o a los agentes económicos a caer en mecanismos de elusión y evasión fiscal. En un primer momento recaudás porque aumentás la presión tributaria pero en el segundo momento desinsentivás tu mercado”, alertó.
Ambos economistas aseguran que el Presupuesto General de la República 2021 presenta un déficit bastante menor en comparación a años anteriores.
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