La corrupción en los gobiernos municipales de Nicaragua ya no se ve como un hecho aislado o excepcional, sino como una práctica normalizada que forma parte del día a día de la gestión local.
Según el más reciente Informe de Percepción de la Realidad Política, Social y Económica elaborado por la organización Hagamos Democracia (HD), siete de cada diez consultados perciben el uso indebido de bienes públicos como la principal irregularidad en sus alcaldías. El estudio, basado en 400 entrevistas realizadas en 40 municipios del país, revela que el 78,1 % de los encuestados afirma haber conocido actos de corrupción en su municipio durante los últimos tres meses.
Entre las prácticas más mencionadas destacan:
- Uso indebido de bienes públicos (73,2 %)
- Nepotismo (48,3 %)
- Licitaciones amañadas (39,4 %)
- Malversación de caudales públicos (32,2 %)
- Sobresueldos (18,6 %)
“La corrupción es percibida como un fenómeno extendido y cotidiano en la vida local. No aparece como un hecho aislado, sino como parte del funcionamiento normalizado del poder”. Agrega que “la combinación de uso indebido de bienes públicos, nepotismo y licitaciones amañadas muestra una percepción muy clara de captura patrimonial del Estado y de los gobiernos locales por redes de poder vinculadas al régimen” dice el informe.
Hagamos Democracia vincula estas irregularidades al control absoluto que el oficialismo ejerce sobre las 153 alcaldías del país desde 2022. El documento señala que las municipalidades se han convertido en espacios donde se articulan mecanismos de control político y uso discrecional de recursos públicos, extendiendo así el modelo de poder central hacia el ámbito local.
Nicas no ven un futuro esperanzador
El estudio también refleja un profundo pesimismo ciudadano: el 95,8 % de los consultados califica su percepción del futuro como negativa. De ellos, el 44,9 % lo atribuye a la crisis sociopolítica, el 44,1 % a la situación económica y el 11 % directamente a la corrupción. Los autores del informe advierten que “la crisis provocada por la dictadura ya no se percibe únicamente como un problema político o de libertades, sino como una crisis material de supervivencia cotidiana”.
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El informe de Hagamos Democracia recuerda además que, según el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU (GHREN), el régimen desvió al menos 5 millones de dólares de proyectos de asistencia social en los municipios para financiar, en los primeros meses de 2018, los costos logísticos de grupos paraestatales que reprimieron las protestas ciudadanas.
Esta radiografía municipal se produce en un contexto de mayor centralización: a finales de marzo de 2026, la Asamblea Nacional amplió las facultades de la Procuraduría General de Justicia para intervenir directamente en la “gestión y ejecución de políticas municipales”, consolidando el control desde Managua.
Hagamos Democracia enfatiza que estas dinámicas no solo afectan la transparencia, sino que profundizan la desconfianza ciudadana y aceleran la migración como única salida para miles de nicaragüenses que no ven condiciones mínimas para proyectar su futuro en el país.
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