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Las políticas neoliberales del izquierdista Daniel Ortega

Incluso si el discurso del Frente Sandinista mantiene en alta estima las gestas comunistas del siglo pasado, las acciones del gobierno distan mucho de un sistema socialista.

Incluso si el discurso del Frente Sandinista mantiene en alta estima las gestas comunistas del siglo pasado, las acciones del gobierno distan mucho de un sistema socialista.

A pesar de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional surgió como una guerrilla de ideología marxista-leninista, su líder y eterno candidato, Daniel Ortega, lo ha sometido a una serie de transformaciones que le alejaron de sus raíces doctrinales.

El radical cambio de imagen de Daniel Ortega

Incluso si el discurso del Frente Sandinista mantiene en alta estima las gestas comunistas del siglo pasado, las acciones del gobierno distan mucho de un sistema socialista o al menos preocupado por los pobres más allá del asistencialismo.

Concesiones a grandes corporaciones extranjeras

Desde hace varios años, en el territorio nacional han operado empresas extranjeras de minería, como la colombiana MINESA, Minerales Nueva Esperanza S.A. y B2Gold, estas últimas de Canadá. También Corazón Exploraciones, S.A., COEXSA Minera Buenaventura, S.A. y la Minera Glencairn, S.A. Pero la lista completa de concesiones mineras a empresas extranjeras es mucho más larga.

El gobierno de Ortega ha otorgado extensas áreas de terreno para que corporaciones extranejras de minería las exploten. En concreto, las concesiones dadas a B2Gold en Rancho Grande motivaron protestas entre los pobladores, que se tornaron violentas en 2015. El gobierno calificó a los manifestantes de «un grupo vandálico delincuencial».

La concesión a Wang Jing

Más notorio es el caso de la concesión al empresario chino Wang Jing, asociado a unas 15 empresas registradas en Beijing, Hong Kong, Holanda, Islas Caimán y Nicaragua. En 2013, Ortega concedió a Jing derechos plenos por más de 100 años sobre propiedades, territorios y recursos naturales invaluables, como el Lago Cocibolca, para la construcción de un canal interoceánico.

Grandes cantidades de tierras fueron aprobadas para su expropiación, desatando protestas por parte de los campesinos anticanal y ambientalistas, principalmente.

Supuestamente la empresa HKND de Wang Jing iba a invertir 50 mil millones de dólares y generar cientos de miles de puestos de trabajo y disparar el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Nada de esto sucedió, aunque la concesión sigue vigente.

Modelo de consenso con COSEP

El sandinismo en sus inicios tuvo una relación hostil con la empresa privada y en consecuencia, con su gremial, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). En los años ochenta, el COSEP se enfrentó al FSLN y por ello miembros y ex-miembros de la organización pagaron con sus vidas, como Jorge Salazar y Arges Sequeira.

Sin embargo, ese historial represivo no evitó que los altos dirigentes de la organización se sentaran a negociar con Ortega cuando este fue declarado ganador en las elecciones de 2006. De hecho, la cooperación del sector privado a partir de 2007 fue vital para la entronización del Frente Sandinista en el poder.

El modelo de consenso y cooperación con el sector privado fue celebrado por el expresidente de la organización y hoy reo político de Daniel Ortega, José Adán Aguerri, quien aún en 2017 lo consideraba «el modelo para una Nicaragua próspera y democrática».

Luego de las protestas del 2018 Ortega volvió a imponer reformas al INSS

El gobierno de Daniel Ortega intentó reformar la seguridad social en abril de 2018, lo que causó una oleada de protestas en su contra que paralizaron al país. Ortega retrocedió las reformas con un decreto presidencial el 23 de abril, pero ya la violencia policial había elevado los ánimos de la población, que exigía la renuncia de Ortega.

Con el poder del aparato policial y el establecimiento de grupos armados del FSLN, el gobierno aplastó las protestas. El 1 de febrero de 2019, La Gaceta publicó un decreto presidencial aprobando esta vez de manera definitiva una reforma al reglamento general de la seguridad social.

El experto Manuel Ruiz aseguró en el número 107 de la revista Business de AMCHAM, que estas reformas afectaron «a empleadores, trabajadores y a la misma institución» y que además «seis de los ocho artículos reformados son inconstitucionales».

Los testaferros de los hijos de Ortega, una red que ayuda a absorber el presupuesto

Los artículos 11 y 16 elevaron la cuota patronal a empresas con menos de cincuenta trabajadores (de 19% pasa a 21.5%) y con más de cincuenta trabajadores (pasa a 22,5%) para el Régimen Integral, que incluye conceptos de Invalidez, Viudez y Muerte (IVM); Riesgos Profesionales; Víctimas de Guerra y Enfermedad; y Maternidad.

Los artículos 26, 27 y 29 elevan las cotizaciones al seguro facultativo a 14% para el régimen IVM y 22.5% para el Régimen Integral. Los artículos 58, 85 y 96 redujeron las pensiones en un 50%, de modo que los pensionados recibirían la mitad de lo que les correspondía.

Con todo esto, Ortega demuestra que su administración, exhibe todos los rasgos de un gobierno neoliberal que impone las medidas capitalistas que tanto critican él y sus seguidores.

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