La Asamblea Nacional aprobó este viernes 10 de diciembre la iniciativa de Ley Anual de Presupuesto General de la República para el año 2022. A pocos días de que se venciera el plazo para ejecutar dicho proceso.
Con 89 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones los legisladores aprobaron la Ley del PGR 2022. Durante la sesión los parlamentarios sandinistas aprovecharon para ensalzar la gestión de Daniel Ortega y defendieron la iniciativa actual.
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Los diputados de otras bancadas también se mostraron conformes con la iniciativa de Ley, aunque hicieron mención al aumento en la recaudación de impuestos para los nicaragüenses durante el 2022 y el incremento del endeudamiento público de Nicaragua.
El diputado Brooklyn Rivera también cuestionó la baja partida destinada a los gobiernos territoriales para atender las necesidades de la población en las regiones del Caribe. «Esto apenas va a ayudar a financiar la burocracia regional, las actividades de las estructuras políticas y hasta algunos enrequecimientos de personas y familias, y no así para las comunidades» indicó.
«A nuestra manera de ver las cosas aquí hubiera sido saludable que la comisión hubiera invitado a los gobiernos regionales para que informe de sus supuestos avances logrados con las asignaciones recibidas» agregó. Un comentario que generó incomodidad en la bancada sandinista, cuyos miembros aprovecharon sus intervenciones para contradecir lo expresado por el representante del partido costeño.
¿De cuánto es la partida para el 2022?
El presupuesto de ingresos, aprobado por la Asamblea señalada de ser afín al sandinismo, es de C$91,542.5 millones, de los cuales las principales fuentes corresponden a ingresos tributarios. Mientras tanto el presupuesto de egresos asciende a C$91,802.2 millones, por lo que el déficit fiscal del presupuesto para el año 2022 asciende a más de 259 millones de córdobas.
Uno de los puntos polémicos del PGR 2022 es que Daniel Ortega le incrementó en más de 600 millones de córdobas los fondos de la Policía Nacional y el Ejército, demostrando que las fuerzas armadas continúan siendo una de sus prioridades.
Tanto la Policía como el Ejército están señaladas como instituciones de violaciones a los derechos humanos. Sus principales jefes incluso están sancionados por los Estados Unidos.
Un presupuesto bajo secretismo
Aunque la propuesta fue presentada desde el pasado 15 de octubre ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, su contenido se mantuvo bajo un cuestionado secretismo durante casi un mes, y públicamente fue presentado en el hemiciclo hasta el 11 de noviembre.
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Algunos expertos cuestionaron que el secretismo con la divulgación de los ingresos y gastos de las instituciones públicas para el año 2022 presupuestados por el Gobierno estaba asociada con la jornada de votaciones generales y parlamentarias, celebradas el pasado 7 de noviembre, las cuales fueron reconocidas como ilegítimas por la comunidad internacional.
El economista Oscar René Vargas detallaba que conocer el PGR “es importante porque te da la idea por donde va a crecer el país, cuál es la perspectiva que el gobierno tiene de crecimiento” y que, al ocultarlo durante casi un mes, únicamente se confirmó “que no tienen ellos un panorama claro y que más bien están viendo ese panorama de futuro negativo”.
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