La Asamblea Nacional, controlada por diputados sandinistas, aprobó este martes el préstamo que destinó Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 200 millones de dólares, los cuales serán destinados a enfrentar el problema de los altos precios de los combustibles.
El préstamo fue aprobado de manera unánime con el voto de 90 diputados y cero abstenciones.
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Los fondos irán dirigidos específicamente a financiar «la implementación del Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en Nicaragua», según un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta el 22 de junio pasado.
“Este es un endeudamiento sano y responsable. Y lo más importante: un endeudamiento que va enfocado a continuar derrotando al único enemigo que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es la pobreza y la pobreza extrema”, aseguró el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Este millonario préstamo recae en los nicaragüenses, quienes lo pagan a través de la economía fiscal y recaudatoria que mantiene de manera agresiva el régimen de Daniel Ortega. “Para este año solo le queda a Nicaragua más 440 millones de dólares para adquirir más préstamos y seguir endeudando el país”, dijo Walter Espinoza, diputado del partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Iniciativa con trámite de urgencia”
La iniciativa fue introducida con “trámite de urgencia” por Daniel Ortega, en donde autorizó al viceministro de Hacienda y Crédito Público a que “en nombre y representación del gobierno de la República de Nicaragua” firmara el contrato millonario, ya que el ministro Iván Acosta no está habilitado por las sanciones impuestas mayo del 2020 por Estados Unidos, por proveer apoyo financiero al régimen sandinista y por amenazar a los bancos privados.
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En Nicaragua hay fuertes incrementos en el precio de los combustibles, que en los últimos meses la administración sandinista decidió congelarlos, lo que le está costando millones de dólares a las arcas estatales.
A mediados de mayo pasado, Daniel Ortega dijo en un acto público que el Estado desembolsa entre cuatro y seis millones de dólares por semana para mantener congelados los precios de los combustibles.
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