Gobierno de Daniel Ortega ya reprimía antes del 18 de abril de 2018

Desde antes del 18 de abril de 2018 el gobierno de Daniel Ortega daba señales de cero tolerancia ante cualquier manifestación pacífica

El gobierno de Daniel Ortega ya reprimía antes de 2018. Toda manifestación pacífica que organizaban los ciudadanos nicaragüenses para mostrar su inconformidad por diversas medidas impuestas por el caudillo sandinista, eran reprimidas por huestes de la Juventud Sandinista y motorizados civiles, quienes siempre han tenido luz verde para vapulear a sus adversarios.

En el año 2013, cuando Ortega estaba en su segundo periodo consecutivo luego de haber retomado el poder como presidente en 2007, iniciaron varias protestas en contra de su gestión en la seguridad social y una de las formas en exigirle cuentas a su administración eran precisamente las manifestaciones; sin embargo, el caudillo sandinista y sus secuaces respondieron violentamente a todas estas actividades cívicas. Nicaragua Investiga recuerda los momentos de represión más destacados de antes del estallido social de abril 2018.

OcupaINSS

Una de las protestas más sonadas fue la de OcupaINSS, en junio de 2013, cuando los adultos mayores, protagonistas de aquella manifestación pacífica, comenzaron a demandar la pensión reducida. Al no ser escuchados por el gobierno sandinista, los llamados “viejitos” decidieron tomarse la sede central del INSS como forma de presión.

El presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, dijo en esa fecha que iban a tomarse varias sedes del Seguro Social hasta que el gobierno y la Asamblea Nacional aprobaran una ley de pensión mínima para más de 15.000 trabajadores retirados que no completaron las 750 cotizaciones semanales exigidas para tener derecho a ella.

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Momento en que los ciudadanos quieren romper el cordón policial. Foto | OcupaINSS

En aquel momento los policías se mostraron indiferentes y mantuvieron acordonado los alrededores de la sede central del Seguro Social estando adentro los ancianos por varios días sin alimento y agua. Fue una forma de presión para que desistieran de su legítimo derecho de protestar. Los agentes policiales destruían las bolsas del vital líquido y cualquier tipo de comida que los jóvenes intentaban pasarle a los “viejitos”.

Un robo masivo por turbas sandinistas

A las cuatro de la madrugada del sábado 22 de junio de 2013 cinco camiones de la Alcaldía de Managua trasladaron a los agresores a ejecutar las órdenes de desalojo forzado de los ancianos y jóvenes que acampaban pacíficamente en las inmediaciones del INSS. Ese día se dio el asalto de varias pertenencias y vehículos por parte de paramilitares, según denuncias.

Jorge Hurtado se sumó en apoyar la protesta de los adultos mayores como un ciudadano autoconvocado. Hasta el día de hoy, Hurtado no sabe qué pasó con su vehículo.

“Después que fuimos golpeados y desalojados, estos vehículos simplemente desaparecieron. En mi caso hay un video que evidencia cómo miembros de la Juventud Sandinista en coordinación con los policías y paramilitares trasladaron mi vehículo”, declaró a Nicaragua Investiga. El vehículo del joven estaba valorado en 11 mil dólares y apenas tenía un año de haberlo adquirido.

Hurtado sostiene que no conoció más el paradero de su vehículo a pesar que interpuso la denuncia en la Policía, “pero hubo un total silencio departe de las instituciones del Estado que negaban el hecho”. Dice que hizo todos los trámites correspondientes con el seguro del carro para recuperarlo, lo que resultó en vano ya que la institución policial nunca le dio un dictamen que fue robado.

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Otro joven que nunca recuperó su carro

Isaac Zelaya también estaba en las inmediaciones del INSS junto a su hermano cuando llegaron las turbas y los agredieron a ambos. “Nos golpearon en frente de la policía y nos comenzaron a robas las cosas”, comenta, y recuerda las turbas encapuchadas tenían la tarea de robar todo lo que estaba a su alcance.

Zelaya dice que varias personas comenzaron a quebrar los cristales de su vehículo con maso y martillos. Luego de esa acción los jóvenes simpatizantes comenzaron a robarse todo lo que estaba dentro de automotor y el joven fue agredido a tal punto que recibió un golpe en la cabeza con un martillo.

Isaac Zelaya perdió su carro en el año 2013 cuando apoya la protesta OcupaINSS. Foto | Cortesía

Huyó del lugar para socorrer a su hermano que le habían robado todo y lo dejaron completamente desnudo, cuenta. Horas después regresó por su vehículo ya no estaba en el lugar por lo que quiso hacer todos los trámites con el seguro para recuperarlo pero le sucedió igual que a Hurtado, no le resolvieron nada.

En aquel momento varios vehículos fueron robados en los alrededores del Seguro Social y desaparecieron rotundamente. Nueve años después, el asalto se encuentra en la impunidad.

Marcha contra la empresa MPeso

El 11 de octubre de 2013, un grupo de nicaragüenses decidieron protestar en contra de la empresa MPeso. Los manifestantes se reunieron en el sector del 7 Sur y tenían previsto marchar hasta las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA).

Cuando los protestantes se encontraban listos para iniciar la marcha, llegaron motorizados que circulaban sin placas, cubrieron su rostro con casco y según reportes periodísticos de la época estas personas de civil portaban armas.

Los testigos de la zona y quien era concejal en ese entonces, Walter Espinoza, ahora diputado del PLC, identificó a los motorizados como trabajadores de la comuna capitalina.

Motorizados vapulearon a las personas que se quejaban contra la empresa MPeso. Foto | Cortesía

El objetivo de la “fuerza paramilitar” era paralizar con agresión a los manifestantes. Los policías presentes no hicieron nada y permitieron que las turbas progobierno agredieran a los protestantes con piedra, palos y hasta usaron su casco para vapulear con más saña.

Como resultado de las agresiones violentas de los motorizados, se registró a una persona desmayada que fue identificada como Esperanza López.

El objetivo del asedio de la “fuerza paramilitar” fue impedir a este grupo de personas a que no se movilizaran hasta la UCA, pues en la Rotonda El Periodista había otro grupo estaba esperando para paralizar la marcha.

Marcha del Movimiento Campesino

El Movimiento Campesino comenzó a protestar en el año 2013, cuando Daniel Ortega y un empresario chino llamado Wang Jing anunciaron la construcción del «Gran Canal» que afectaba directamente a más de 100 mil familias nicaragüenses.

Nelson Zeas, líder campesino, asegura que ellos consideraron que la concesión canalera entregaba la soberanía nacional a Wang Jing «para hacer cualquier cosa en el territorio de Nicaragua». De tal forma que comenzaron a protestar en varios puntos del país levantando tranques para ser escuchados, pero fueron reprimidos por agentes policiales en plena víspera de Navidad.

«Una de las primeras masacre que sufrimos el Movimiento Campesino fue un 24 de diciembre de 2014, cuando nos manifestábamos exigiendo al gobierno de Nicaragua la derogación de la Ley 840. A las cuatro de la mañana de ese día fuimos reprimidos brutalmente por más de 800 antimotines y policías que nos atacaron por distintas partes», recuerda el líder campesino. Más de 50 heridos hubo en esa brutal represión.

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Los hechos ocurrieron en las comunidades de El Tule, departamento de Río San Juan, Tola, departamento de Rivas, en las costas del Pacífico de Nicaragua. Ambas zonas serían afectadas por la ruta del Canal que nunca comenzó a construirse. En Nueva Guinea los campesinos decidieron levantar la manifestación para evitar más violencia en una jornada que fue bautizada como una “Navidad negra”.

En cierta ocasión los líderes campesino intentaron llegar hasta Managua para seguir protestando pero en el camino eran asediados por la policía nicaragüenses. “Nos podían miguelitos, alambres de púas, nos ponían llantas en las carreteras para que los camiones se dieran vuelta”, señaló el líder campesino.

Los «miércoles de protesta»

La Coalición Nacional por la Democracia, encabezada por el extinto Partido Liberal Independiente (PLI), realizaba marchas cada semana llamadas los «miércoles de protesta» en las afueras del Consejo Supremo Electoral (CSE), para exigir elecciones libres y transparente para los comicios de 2016.

En el año 2015, durante la marcha número 31 varios diputados y periodistas fueron agredidos por un grupo de jóvenes durante dichas protesta, dejando al menos 5 heridos.

«Infiltrados de los miércoles de protesta atacan a periodistas y diputados del PLI incluyendo a Eduardo Montealegre (presidente del partido)», declaró la organización política en la red social Twitter.

Según denunciaron que los manifestantes fueron agredidos por miembros de los movimientos Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional (Rejudin) y Fundación Forjando el Futuro Nicaragüense (Forfunic).

«Hay mucha gente en la protesta que fue agredida, a nosotros nos tiraron piedras, robaron los megáfonos, atacaron a las muchachas que estaban con las mantas reclamando su derecho a elecciones limpias, claramente tenían toda la pinta de ser fuerzas de choque o pandilleros», denunció Ana Margarita Vigil.

Y llegó abril de 2018

En abril de 2018 la represión escaló a una fase que fue condenada por organismos de derechos humanos internacional y señalaron al gobierno sandinista de cometer crímenes de lesa humanidad.

En ese año hubo una rebelión cívica-pacífica de miles de nicaragüenses que se desbordaron en las calles por la ineficiencia del gobierno sandinista ante el incendio forestal en la Reserva Indio Maíz y sumada las reformas al Seguro Social, lo cual terminó en un desborde masivo en todos los puntos del país.

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Las manifestaciones pacíficas fueron brutalmente reprimidas por la policía nicaragüense, parapolicías y miembros de la Juventud Sandinista. Esto dejó cientos de asesinados y detenidos y miles de desplazados. Los hechos aún permanecen en la impunidad y no hay ningún policía detenido por reprimir, en cambio, el gobierno mantiene más de cien presos políticos bajo las rejas.

El periodista Ángel Eduardo Gahona López fue asesinado el 21 de abril de 2018 y es uno de los casos que continúa impune.

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