Las casas confiscadas por Daniel Ortega en 1979

Era 20 de julio de 1979. El dictador Anastasio Somoza Debayle había huido del país dos días atrás y las fuerzas rebeldes del Frente Sandinista habían tomado el control de todas las ciudades. La dinastía de más de 40 años llegaba a su fin.

La alegría desbordaba las calles. La gente salía de sus casas y seguía las caravanas de vehículos militares en los que guerrilleros, hasta hace poco en lucha clandestina, daban la cara por primera vez en mucho tiempo. La plaza central en Managua no da abasto para tanta gente que celebra, así que se toman la cúspide de la catedral para ondear banderas sandinistas y gritar consignas del partido.

No es para menos. La guerra ha dejado centenares de muertos, pobreza y corrupción que ahora parecían haberse ido junto a Somoza, su familia, sus funcionarios y allegados que lograron abandonar el país en las desesperadas horas de “la ofensiva final”.

Pero en una mirada retrospectiva; las primeras acciones de aquellos soldados rebeldes, que parecían entonces la personificación de la esperanza, dejan claro que la historia no cambiaba, sino solo sus protagonistas.

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Guerrilleros celebran la caída de Somoza el 20 de julio de 1979 en la plaza central de Managua, hoy Plaza de la revolución. | Foto: Tomada de Telesur.

Los lujos; tentadores desde el primer día

Un grupo de guerrilleros sandinistas logra ingresar al búnker de Anastasio Somoza. Usan su cama, su bañera y saquean los objetos de lujo. Es solo la primera muestra de lo que está por venir.

En diferentes partes de la capital otros hacen lo mismo, incluso la más alta cúpula del sandinismo se ve tentada por las extravagancias del poder. La familia Ortega-Murillo se toma la casa del entonces banquero Jaime Morales Carazo, ubicada en lo que hoy se conoce como Residencial El Carmen, en Bolonia. Para entonces, un sector de clase alta que reúne a muchas de las familias más acomodadas de la época.

La casa es una mansión de lujo que en esa fecha costaba, según Morales Carazo, 350 mil dólares, pero que tenía otras posesiones con las que también se quedaron los nuevos habitantes, entre los que destacan muebles antiguos franceses y austriacos, joyas y una colección de arte. Todo, de acuerdo con el despojado empresario, sumaba más de un millón de dólares.

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Morales tenía múltiples empresas, pero la más importante de ellas era una banca de inversión llamada INDESA, que corrió la misma suerte que su casa y todos sus negocios; la confiscación.

Él escribía una columna de opinión en el diario La Prensa, donde se mostraba abiertamente crítico al dictador Somoza.

Sin embargo, eso no impidió que el líder del Frente Sandinista, al que él había apoyado, arremetiera en su contra, acusándolo de ser allegado del derrocado dictador y bajo ese argumento justificó la toma del inmueble.

Un guerrillero usa el ostentoso baño de Somoza y se sumerge en la bañera de hidromasajes mientras otros esperan su turno. | Foto: Pedro Valtierra AFPV.

¿Confiscación premeditada?

En su libro “Mejor que Somoza, ¿cualquier cosa?” publicado en 1986 Jaime Morales Carazo relata cómo fueron los acontecimientos.

Días antes de la huida de Somoza habían salido del país para comprar unas medicinas en México, mientras su esposa y sus dos hijos estaban de vacaciones en Estados Unidos.

Se disponía a regresar cuando en el aeropuerto, a punto de abordar un avión a Managua, una amiga que era muy cercana a la cúpula de poder del sandinismo le llamó y le advirtió que no regresara al país.

Le dijo que todas sus empresas habían sido confiscadas y que el Frente Sandinista le había levantado cargos penales y que también, su sobrina, Ana Isabel Morales- actual Ministra de Gobernación- conocida como “Comandante Lucía” y guerrillera del partido, lo andaba buscando para “ajusticiar a su tío burgués”.

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Atemorizado decidió quedarse. La mujer le dijo que su casa aún no había sido confiscada, pero que temporalmente la habitarían Daniel Ortega, su compañera de vida Rosario Murillo y los dos hijos que esta tenía para entonces.

“Así logré saber que ya me tenía un “inquilino” de los más importantes del FSLN, que le había gusto ¡mucho! (la casa)”, escribió Morales en su libro.

Ana Isabel Morales «comandante Lucía» (actual Ministra de Gobernación) junto a Dora María Téllez en León. | Foto: Memorias de la lucha sandinista.

Morales dice que conocía a Murillo porque fue secretaria de Pedro Joaquín Chamorro en La Prensa y porque su hermana, Violeta Murillo trabajaba para él en INDESA también como secretaria, por lo que dedujo que “todo estaba fríamente calculado”.

Al pasar varias semanas y ver que la estadía de Ortega y su familia no parecía ser temporal a como su amiga le había dicho y hacer un análisis de las circunstancias que lo llevaron a determinar que hubo “un engaño”, decidió comunicarse con Violeta Barrios de Chamorro, quien entonces formaba parte de la Junta de Gobierno.

“Lo primero que me preguntó fue: “¿por qué no has regresado?”. Le expliqué las causas y ella me contestó que no sabía absolutamente nada, mucho menos de “cargo” alguno del FLSN en mi contra”, relató Morales en su testimonio.

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Chamorro le ofreció a Jaime Morales que enviara a su esposa, Amparo Vásquez, quien por ser de nacionalidad mexicana esperaban estuviera más segura en aquellos momentos convulsos que vivía el país y hasta le dio alojamiento en su casa por esos días.

Amparo Vásquez se encontró con Rosario Murillo y se enteró que aquella familia no pensaba abandonar la casa nunca más. La ahora vicepresidenta le ordenó a la mujer despojada que abandonara la propiedad y se negó a entregarle algunas de sus pertenencias y recuerdos familiares.

Violeta Barrios de Chamorro en la Junta de Gobierno de 1979. | Foto: CSUN Collections.

“Así mi casa con su contenido, sin prueba, cargo, proceso o juicio alguno, pasó “revolucionariamente” a manos de los Ortega-Murillo”, escribió Morales Carazo.

Según diversos relatos ofrecidos por la esposa del empresario confiscado a otros medios de comunicación, Murillo salió a recibirla en la puerta de su casa tomada usando la bata de baño y unas joyas que le pertenecían.

“Ya habían quitado los crucifijos y puesto los retratos de Sandino y había cajas llenas de muchos, muchos libros comunistas”, dijo la esposa de Morales para el diario Los Angeles Herald Examiner en 1985.

La “Ley de los ausentes” a la medida de Ortega

En 1981 el Frente Sandinista, desmoralizado por las críticas en torno a las confiscaciones más allá del círculo de poder de Somoza y su familia, decidió aprobar el decreto 760 que fue conocido como la “Ley de los ausentes”, el cual legalizaba la confiscación de propiedades y bienes a aquellas personas que estuvieran fuera del país por seis meses o más. Lo peor de todo, era retroactiva.

Nada podían hacer quienes vinieran a reclamar sus pertenencias, la ley estaba vigente desde el aquel 19 de julio de 1979 cuya idealización terminaba sin freno a la vista del enriquecimiento ilícito de quienes llegaron sin nada y terminaron siendo la nueva clase rica del quebrado país.

En el Diario Oficial La Gaceta del 25 de julio de 1981 se lee que el Ministerio de Justicia “declara que todos los bienes, derechos y acciones propiedad del señor Jaime Morales Carazo, han sido objeto de abandono”.

Las propiedades pasaron, supuestamente, a manos del Estado, y Daniel Ortega las compró después a un precio ínfimo al Banco de la Vivienda de Nicaragua BAVINIC.

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Jaime Morales Carazo, durante la época de la confiscación. | Foto: Asamblea Nacional.

Siete casas tomadas para la familia presidencial

Morales dice en su libro que Daniel Ortega dio muchos argumentos diferentes sobre cómo se apropió de la casa, que era una mansión lujosa y que contradecía los preceptos revolucionarios, anticapitalistas y anti burguesía que propagaba en sus discursos el caudillo sandinista y aseguró que no había razón alguna para que ellos se tomaran la propiedad. Ni él era funcionario del somocismo, ni allegado del dictador derrocado, ni tampoco había faltado al pago de su hipoteca a como justificaron estos para hacerse de la vivienda.

En su libro Morales Carazo llama a aquel acontecimiento “la gran estafa”. Además, considera que es una de las más claras muestras de “la moral, falsedad y engaño, ejemplificados por la más alta cúpula de la nomenclatura sandinista: La familia presidencial Ortega-Murillo”.

Atrás habían quedado los años de necesidad de la familia más emblemática del sandinismo y el conflicto con Morales Carazo, que se negaba a entregar su casa, se extendió por 26 años.

Miles de propiedades más, también tomadas por el sandinismo bajo el mismo mecanismo de ocupación, estaban igualmente bajo reclamo. Casi todos los comandantes se habían hecho de lujosas casas, incluso más de una.

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La casa del Padre del fundador del FSLN Fausto Amador, entre las confiscadas por Ortega. | Foto: Archivo histórico.

De hecho, para Ortega, la casa de Morales Carazo fue solo el inicio de su incesante necesidad de acaparamiento. En total, la familia gubernamental se tomó, o en algunos casos obligó a vender a precios irrisorios, siete propiedades circundantes a la que ahora por la fuerza era su vivienda, completando así todo un complejo familiar que ocupa buena parte del reparto el Carmen y en el que vive toda la familia junta, incluyendo hijos, nietas, nueras y bisnietos, y que ahora se ha convertido en una fortaleza policial, un “búnker” como en su momento se llamó a la lujosa y extremadamente protegida casa de Somoza.

Una de las casas confiscadas para Ortega en ese perímetro fue nada más y nada menos que la de Fausto Amador, padre del fundador del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador y del ahora vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Cairo Amador, quien había trabajado por muchos años como administrador de la familia presidencial.

La toma definitiva del complejo residencial

El Frente Sandinista en el poder, había ordenado que los funcionarios y comandantes debían tener esas propiedades en calidad de bien asignado. Lo que además de casas incluyó vehículos y enseres y mobiliario de estas, para según ellos poder ejercer sus funciones con tranquilidad.

Pero Ortega se apresuró a inscribir a su nombre las propiedades el 24 de abril de 1990, un día antes de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro.

Lo mismo hicieron miles de sus allegados que también se quedaron con las propiedades supuestamente asignadas. Antes habían creado una ley a su medida para vendérselas a sí mismos a precios de chiste.

Daniel Ortega compró esas siete propiedades por una suma que alcanzaba apenas los 41 mil 500 dólares, es decir por lo que puede adquirir uno actualmente una casa de interés social Ortega compró siete mansiones lujosas.

La repartición de bienes que no solo fueron tomados de la familia Somoza y sus funcionarios sino también a muchos otros que no tenían vínculos con ellos y que solo fueron víctimas de despojo por tener propiedades que fueron del agrado de altos mandos sandinistas, fue conocida como “La Piñata”, considerada la mayor degradación moral del FSLN y costó al país mil 300 millones de dólares, ya que el gobierno posterior, el de Violeta Barrios de Chamorro decidió pagar con bonos de indemnización a todos los reclamantes. Anualmente se emiten unos 72 millones de dólares para pagar esa deuda y aunque pareciera un tema del pasado, no es así. La deuda se sigue pagando y hacen falta aún 12 años para saldarla por completo.

Aunque a juzgar por las nuevas confiscaciones cometidas por el nuevo gobierno de Ortega, la historia podría repetirse.

El “pacto de caballeros” y la nueva visión ética de Morales Carazo

Jaime Morles Carazo y Daniel Ortega se reconcilian y se convierten en fórmula en las elecciones de 2006. | Foto: AFP /Miguel ALVAREZ.

En 2005 Jaime Morales Carazo asombró al anunciar que hizo un acuerdo de “caballeros” con Daniel Ortega para finalmente dejar de reclamar la propiedad. Los detalles nunca se hicieron públicos. Pero al año siguiente Jaime Morales Carazo fue compañero de fórmula del sandinismo. Ese año ganaron y el exbanquero confiscado se convirtió en el vicepresidente del país. Desde entonces olvidó sus discursos críticos, en los que acusaba al partido, a Ortega y su familia de inmorales y su visión sobre la ética había cambiado.

Al ser consultado por la periodista Tifani Roberts de la cadena Univisión sobre el acaparamiento de medios de comunicación por parte de los hijos Ortega-Murillo, esta fue su respuesta.

“Ninguna ley prohíbe que los hijos del mandatario o que el mismo mandatario pueda tener intereses personales en diferentes medios de comunicación.

-Tifani Roberts: Usted dice que es legal, pero la pregunta que le hago es si es ético.

-“Como no soy ni cura ni sacristán, ni abogado, ni leguleyo yo no opino con una profundidad ni conocimiento de causa en la separación entre lo ético, lo moral, lo legal y lo ilegal”.