Un día de mayo de 1960 el Primer Secretario de la embajada de Nicaragua en Washington recibió una noticia que lo dejó impactado: Edwin Castro Rodríguez, Cornelio Silva y Ausberto Narváez, que habían formado parte del complot que costó la vida al dictador Anastasio Somoza García, habían sido asesinados. La noticia le avivó los remordimientos que guardaba desde hacía casi cuatro años. Él había sido el fiscal militar que los había acusado. Su nombre: Agustín Torres Lazo.
La historia de Torres Lazo sirve para ilustrar lo que es ser un fiscal al servicio de una dictadura, como los que hoy sirven al régimen de Daniel Ortega, pero en caso particular de Torres se puede hablar de un hombre que también salvó vidas, logró huir de los Somoza, denunciarlos y reinvindicarse, aunque aún así, vivir arrepentido de su paso por la Guardia Nacional.
Somoza García fue baleado por Rigoberto López Pérez el 21 de septiembre de 1956 y murió ocho días después. Los hijos del dictador, Luis y Anastasio Somoza Debayle, desataron una brutal cacería de opositores y recurrieron a Torres Lazo para ser el fiscal militar de la corte de investigación. Era un joven cadete que acababa de regresar de España donde se había graduado de abogado.
Los Somoza lo eligieron porque “no tenía nada que la opinión pública pudiera tachar”, y supuestamente querían un juicio “ejemplar en transparencia”, explicó ya en su vejez al programa “Mi vida, mi historia”, conducido por la periodista Jennifer Ortiz y transmitido por Vostv, canal 14.
La misión que le encomendaron era muy dura: entre los arrestados estaban algunos amigos e incluso familiares, como Pedro Joaquín Chamorro y Emilio Álvarez Montalván, casados con primeras de él.
“Mi obligación era convencer al tribunal militar de la culpabilidad o no culpabilidad de los procesados”, expresó.
Agustín Torres Lazo fue convocado para convertirse en el Fiscal Militar y acusar a opositores durante años más oscuros del somocismo. Foto: MVMH Canal 14.
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Torturados
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los testigos que entrevistaba ya habían sido interrogados y que sus declaraciones eran dudosas.
“El 80% de las personas que yo interrogué habían sufrido torturas físicas de parte de los miembros de la Oficina de Seguridad y de parte de los hermanos Somoza porque ambos participaban de las torturas en el llamado “cuarto de costura” (ubicado en la antigua casa presidencial)”, manifestó Torres.
El joven abogado pensó en renunciar al caso, pero tuvo miedo de que los Somoza lo mataran, así que en una actitud valiente se propuso salvar a muchos de los acusados a escondidas del régimen. Finalmente hubo 21 condenados, y cuatro ellos, Edwin Castro Rodriguez, Ausberto Narvaez, Cornelio Silva y Juan Calderón Rueda, señalados por estar implicados directamente en el asesinato.
La valentía del joven fiscal fue a tal nivel que aunque Anastasio Somoza Debayle pedía la pena de muerte, él le aclaró que no se podía implementar, ya que aunque estaba en la Constitución, la ley no estaba reglamentada. Somoza cedió y los acusados fueron condenados a 15 años de cárcel.
Conflicto de conciencia
A “Mi vida, mi historia”, Torres Lazo le manifestó que al concluir el juicio le ofrecieron el cargo de Primer Secretario en la embajada de Washington. Hacia allí marchó con su familia, pero con él, aseguró, también llevaba un “conflicto de conciencia”.
Su esposa Coralia de Torres explicaba que el asesinato de Castro, Silva y Narváez “fue un golpe” para él. “Allí ya no pudo más”, indicó.
Los análisis forenses de los cuerpos confirmaron balas de distintos calibres, torturas e incluso algunas castraciones.
Torres ya estaba decidido a renunciar, pero su hermano Raúl también era oficial de la Guardia Nacional, por lo que decidió esperar que este saliera del país. Poco tiempo después Raúl fue enviado a una misión a Estados Unidos, pero al momento de regresar a Nicaragua no se apareció en el aeropuerto.
Agustín Torres Lazo confesó haber sufrido remordimientos por condenar a presos políticos durante época somocista. Foto: MVMH, canal 14.
«Traidor»
El exfiscal militar del caso Somoza renunció a su cargo de Primer Secretario. La dictadura no lo perdonó y lo declaró “traidor a la patria”, un calificativo que 60 años después también usa el régimen sandinista para tachar a los opositores.
Tras su renuncia, el embajador de Nicaragua en EEUU se dedicó a bloquearle cualquier oportunidad, a tal punto que Torres Lazo se vio obligado a vender cigarrillos en una farmacia y sortear grandes dificultades para sacar adelante a su familia.
Pasadas las décadas escribió «La saga de los Somoza. Historia de un magnicidio», una obra de obligada lectura para conocer los procesos en los que formó parte. Pasaron muchos años pero logró aliviar su conciencia, aunque siempre arrepentido de haber sido miembro de aquellos cuestionados procesos.
Los fiscales de Ortega
La historia de Torres Lazo es un ejemplo de las intrigas, violaciones a los derechos humanos y cómo funciona el sistema de justicia para reprimir a opositores y hasta para acabar con sus vidas.
Las protestas antigubernamentales del 2018 contra el régimen de Daniel Ortega reavivaron en memoria la colectiva de los nicaragüenses esos tristes recuerdos y el papel de los fiscales como verdugos de opositores.
Entre los principales fiscales señalados de ser partícipe de estos procesos están Carlos Rafael Espinoza, Manuel Rugama, Jorge Arias, Andrea Salas, Yubelka Pérez, Jean Dylan Rivas, Martha Morales, Perla Baca, todos ellos considerados junto a los jueces como leales servidores de la maquinaria oficialista. Y claro, no escapa la Fiscal General Ana Julia Guido.
Sujetos de sanciones penales en un futuro
Algunos abogados consultados creen que en un futuro estos fiscales podrían enfrentar sanciones penales e incluso ser implicados en los crímenes de lesa humanidad, de los que se señala al régimen de Ortega.
“Pueden ser acusados individualmente por delitos particulares que están cometiendo e incluso en carácter de coautores con los mismos jueces, ya que se trata de una estrategia tramada, planificada y dolosa entre las principales instituciones del sistema penal de Nicaragua: Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial”, explica el abogado Juan Diego Barberena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).
Entre los delitos por los que podrían ser acusados están “la privación de la libertad”.
El artículo 432 del Código Penal también establece sanciones por abuso de autoridad y funciones. La pena es de seis meses a 2 años de prisión. “Este es uno de los delitos que sin lugar a dudas los fiscales han cometido”, explica Barberena.
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Igualmente podrían ser procesados por las acusaciones falsas hacia los opositores. En este caso, las sanciones son cárcel de seis meses a un año si se imputa un delito grave y de seis meses a un año en caso de ser leve.
“Los hechos en que se han basado las acusaciones son atípicos, es decir, hechos que no constituyen ningún delito porque son meros ejercicios de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión”, agrega Barberena, destacando las acusaciones de “conspiración” hechas por los fiscales hacia una sola persona sin explicar dónde están los otros “conspiradores”.
La sancionada fiscal Ana Julia Guido (a la derecha). Foto Hector Retamal, AFP.
La abogada Yonarqui Martínez es enfática en que son cómplices y en un futuro podrían ellos mismos ser procesados. “Acusar a un inocente no tiene escrúpulos ni moral, pero sobre todo por la violación al debido proceso a los derechos humanos, el hacer solicitudes sin fundamento, son parte de un sin fin de atrocidades que cometen los fiscales al mando de la doctora Ana Julia Guido”, expresó la abogada.
Vale apuntar que contrario a lo que hizo Torres Lazo hace más de 60 años, los fiscales de Ortega se han mostrado implacables, haciendo acusaciones, que según las defensas, son falsas, y trabajando en contubernio con la Policía y los jueces. Ningún opositor ha sido declarado inocente, mientras tanto estos siguen sufriendo graves abusos dentro de las cárceles, de acuerdo a las denuncias.
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