Una jueza guatemalteca abrió este jueves un proceso penal contra cuatro magistrados electorales perseguidos por la cuestionada fiscalía, en una causa paralela a las emprendidas contra el presidente Bernardo Arévalo.
La jueza Karen Chinchilla resolvió abrir la investigación por el delito de fraude y desestimó el de incumplimiento de deberes, como lo pedía la fiscalía. Además, les impuso una coacción económica de unos 13,000 dólares a cada uno como medida sustitutiva al encarcelamiento.
Chinchilla afirmó que no se le demostró que exista un peligro de fuga ni obstrucción a la averiguación de la verdad por parte de los magistrados, aunque les decretó arraigo y no podrán salir del país.
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Cambio de jueza
En un principio se informó que la jueza Wendy Coloma iba a conocer el proceso, pero al final fue Chinchilla quien resolvió contra la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, y sus colegas Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.
Asimismo, Chinchilla les otorgó una medida cautelar para evitar una orden de detención emitida hace dos meses en su contra.
Los cuatro magistrados se presentaron este jueves ante un tribunal tras permanecer exiliados desde finales del año pasado.
Fiscal «corrupta»
Dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, considerada “corrupta” por Estados Unidos y la Unión Europea, la fiscalía abrió en 2023 un proceso por supuesta corrupción contra los magistrados, además de iniciar otras causas contra Arévalo y su partido, que pusieron en duda la transición presidencial.
Al concluir la audiencia, Palencia comentó a la prensa que Chinchilla fijó cinco meses para la investigación por fraude por la compra supuestamente a sobreprecio de un sistema informático de transmisión de datos usado en las elecciones ganadas por Arévalo en 2023.
El Congreso, dominado entonces por los aliados del anterior presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, les despojó de su inmunidad el 30 de noviembre pasado.
Al día siguiente, los magistrados salieron del país y permanecían en el exilio desde entonces. El 11 de enero un juez ordenó su detención.
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Sanciones de Estados Unidos
Dos semanas después de que el Congreso quitó la inmunidad a los magistrados, Estados Unidos sancionó a 300 guatemaltecos por “socavar” la democracia, entre ellos un centenar de diputados.
Arévalo asumió la presidencia el 14 de enero tras un tortuoso camino desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, en junio de 2023. Ganó en balotaje por amplio margen con su promesa de combatir la corrupción, uno de los males del país.
La Fiscalía acusó al mandatario de anomalías en la formación y creación de su partido Semilla en 2017, que fue inhabilitado por la justicia. Además, se le acusó de instigar la ocupación por un año, entre 2022 y 2023, de la única universidad estatal del país.
Esas acciones fueron calificadas como un intento de “golpe de Estado” para evitar la transición presidencial.
