El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes 13 de octubre de 2026 que su gobierno estudia un mecanismo de liberación anticipada y condicional para aproximadamente la mitad de las personas detenidas por haber colaborado con pandillas. La medida no implicaría absolución: los beneficiarios seguirían siendo considerados culpables, pero podrían salir de prisión bajo supervisión y con condiciones específicas.
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Bukele formuló la propuesta durante una conferencia de prensa realizada tras el anuncio de un acuerdo de inversión en energía con el grupo español COx. Según explicó, el plan apunta a quienes participaron en actividades de colaboración de menor gravedad en el contexto de dominio territorial que ejercían las maras durante años.
Diferenció, por ejemplo, entre quien alertaba la presencia policial en un pasaje y quien participaba de forma más activa en acciones de mayor impacto, como ocultar cuerpos. “Es culpable, pero liberarlo condicionalmente, con monitoreo”, precisó.
El mandatario argumentó que el país vivió durante décadas bajo el control real de las pandillas, a las que calificó como una “dictadura” de facto en muchos territorios. En ese escenario, señaló, colaborar no era excepcional y, de aplicarse un criterio estricto a todos los que tuvieron algún vínculo, se podría llegar a detener a un porcentaje significativo de la población. Por ello, el Ejecutivo revisa caso por caso si las circunstancias históricas justifican una excepción para un volumen importante de reos que, según su visión, merecen estar presos pero no necesariamente cumplir la totalidad de la pena en reclusión.
La propuesta se enmarca en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha permitido más de 93.000 detenciones de personas señaladas como miembros o colaboradores de estructuras criminales. El gobierno sostiene que esta política ha reducido de forma drástica la violencia y ha permitido recuperar territorios. Al mismo tiempo, Bukele ha reiterado que le gustaría levantar la medida excepcional en algún momento —la ha comparado con una “quimioterapia” que no puede retirarse mientras persista el “cáncer”—, aunque considera que aún no es posible porque quedan estructuras residuales.
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Hasta el momento no se han definido plazos, cifras exactas ni criterios formales de elegibilidad. El anuncio llega en un momento en que El Salvador mantiene altos índices de popularidad gubernamental por los resultados en seguridad, mientras organizaciones de derechos humanos continúan documentando denuncias de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. El propio Bukele ha insistido en que no existe intención de mantener personas inocentes en prisión y que ya se han liberado miles de casos en los que no se hallaron elementos suficientes.
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