La justicia de El Salvador condenó este martes a 15 años de prisión por el delito de estafa al defensor de derechos humanos Fidel Zavala, cuya detención ha sido criticada por organizaciones sociales nacionales e internacionales.
Zavala fue detenido en febrero de 2025 junto a más de veinte dirigentes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) supuestamente por la comercialización y venta irregular de lotes y parcelas.
El organismo judicial informó que fue condenado por el delito de estafa agravada contra tres personas a quienes defraudó por un monto total de 4.025 dólares, imponiendo cinco años de prisión por cada una.
Precisó que los hechos ocurrieron entre noviembre de 2018 y febrero de 2021.
La reconocida organización Cristosal dijo que Zavala es una de «las voces más valientes de El Salvador» por denunciar «torturas, tratos crueles y corrupción en los centros penales» y que la condena «confirma la persecución y criminalización» de los defensores de derechos humanos».
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En tanto, la UNIDEHC dijo que el activista fue víctima de un «proceso con contenido político y no jurídico», apelará la sentencia e iniciará procesos y demandas a nivel internacional.
El activista había sido detenido en 2022 también por estafa, pero salió de la cárcel un año después al ser absuelto por falta de pruebas, aunque la fiscalía apeló. Al salir de la prisión denunció torturas, malos tratos y muertes de presos.
Esos abusos los presentó en una denuncia ante la fiscalía contra el sistema penitenciario con el apoyo de la UNIDEHC, de la cual se convirtió en su vocero.
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Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionaron la nueva detención y expresaron su preocupación por Zavala debido a que podría sufrir vejámenes en prisión por la denuncia interpuesta.
La captura del activista ocurre en el marco del régimen de excepción declarado en marzo de 2022, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, en su «guerra» contra las pandillas.
Bukele goza de amplia popularidad por someter a las pandillas, pero grupos de derechos humanos denuncian que entre los más de 93.000 detenidos desde 2022 hay miles de inocentes y han ocurrido más de 500 muertes en prisión.
AFP
