Este martes el Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal que permitirá a las autoridades operaciones digitales encubiertas para investigar presuntos delitos. Esto ha despertado las suspicacias de periodistas y medios de comunicación, ya que podría hacerlos objeto de espionaje.
La iniciativa fue aprobada con los votos de 63 diputados, de un total de 84. Hay que resaltar que el Congreso está controlado por el partido Nuevas Ideas, dirigido por el presidente Nayib Bukele.
En un reporte, la AFP señala que la reforma “otorga calidad de prueba en los juicios a la «evidencia digital». Esto incluye “documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información almacenada, recibida y transmitida mediante tecnologías de la información y comunicación”, afirma el reporte.
Faculta a la Policía, con la previa autorización por escrito del Fiscal General de la República, «operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias”. Igualmente para acceder a contenido de evidencia digital, los fiscales y policías deberán requerir una orden judicial solicitada por la Fiscalía.
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Periodistas preocupados
Para César Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se corre el riesgo no solo de «manipulación” sino que también “se podría usar la ley como una autorización para el espionaje».
Human Rights Watch, así mismo, criticó la reforma. «Nos preocupan las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo para emplear agentes encubiertos digitales», manifestó Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de esta organización internacional.
Sin embargo, el oficialismo defiende la medida y negó que se quiera perseguir a alguien.
“La figura de agente encubierto digital es un procedimiento que se ha utilizado siempre con el objetivo de incautar evidencia y ponerla a la disposición de las autoridades. Aquí no hay persecución ni espionaje, solo combate al delito», aseveró Eduardo Amaya, un diputado oficialista.
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El caso Pegasus
Recientemente el diario El Faro denunció que el año pasado, durante meses, el gobierno de habría usado el software israelí Pegasus para intervenir a periodistas y dirigentes sociales.
«El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group», manifestó a mediados de enero Sofía Medina, Secretaria de Comunicaciones.
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