Policía nicaragüense ha institucionalizado la tortura, según expertos

• Se han violentado al menos una docena de tratados internacionales, dice experto. 

En Nicaragua se ha institucionalizado la práctica de la tortura en contra de los ciudadanos por parte de la Policía Nacional y esta práctica no nació en 2018, afirma a el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Félix Maradiaga.

En una entrevista con Nicaragua Investiga, Maradiaga afirma que desde antes que estallara la crisis, el IEEPP veía como «preocupante que se venía notando un patrón de denuncias sobre tratos inhumanos en la Policía Nacional».

De acuerdo a datos del IEEPP, en el año 2018 en que estalló la crisis política, se multiplicó por 5 la posibilidad de que los nicaragüenses fuesen expuestos a tratos inhumanos por su pensamiento político, en comparación a años anteriores.

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Maradiaga menciona que una investigación realizada en 2012, reflejó que solamente en el municipio de Nueva Guinea se habrían presentado al menos 52 casos de tortura. «Podemos decir que este ha sido un patrón de comportamiento de la Policía Nacional que estaba bajo la sombra» comenta el director del IEEPP.

Asimismo, Maradiaga recuerda que en 2013, se conocieron casos de jóvenes que habrían sido detenidos y torturados con ácido en el contexto de las protestas por Ocupa INSS.

Antes de la crisis política, estos casos de tortura eran más recurrentes en los municipios del interior del país, específicamente en el triangulo minero y algunos municipios rurales de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y Madriz, de acuerdo a Maradiaga.

Una adolescente manifestante denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que fue secuestrada y torturada junto a su hermana por grupos afines al gobierno del mandatario Daniel Ortega. Según su denuncia los sujetos le marcaron su cuerpo con la palabra “plomo”. Foto: NI

Gobierno de Ortega ha violentado «una docena» de tratados internacionales contra la tortura

El Estado de Nicaragua ha violentado «por lo menos una docena de tratados que van desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta el tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América que establece que no se deben utilizar las fuerzas uniformadas militares y policiales para fines políticos».

Asimismo, el gobierno de Daniel Ortega también ha violentado otros tratados como la Convención Interamericana Contra la Tortura y acuerdos sobre comportamiento policial en el marco del Sistema de Integración Centro Americana.

Según el asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derecho Humanos, Pablo Cuevas, al ser firmante de estos tratados, se asume la «responsabilidad de tutelar el derecho de los ciudadanos a ser tratados de manera digna, de evitar o prescribir tratos crueles o inhumanos».

Por otro lado, Cuevas menciona que la tortura está tipificada como un delito por el Código Penal nicaragüense, por lo cual, «el ciudadano que cometa tortura contra otro ciudadano, ya sea policía o funcionario público, se convierte automáticamente en un delincuente».

Pablo Cuevas, de CPDH. Foto: NI

Cuevas explica que cuando un Estado violenta este tipo de tratados y realiza actos crueles e inhumanos en contra de la población civil, «está sujeto a la condena internacional» porque se ha asumido el compromiso de combatir este tipo de acciones, sin embargo, Cuevas agrega que cuando son las autoridades quienes potencian estas prácticas, «se vuelve un Estado torturador» e incluso cómplice.

Caso de la familia Reyes Alonso

«Es un acto de tortura» afirma Cuevas sobre el caso de la familia Reyes Alonso de León, en donde un contingente policial al mando del comisionado Fidel Domínguez entró violentamente a la casa de la familia, golpeó a las personas que se encontraban en la vivienda, los amarró y obligó a que grabaran un video bajo amenazas en donde se comprometieran a «no alterar la paz» y «respetar el trabajo de la policía en su labor constitucional».

Por su parte, Maradiaga opina que «indudablemente», lo ocurrido en León se trata de un acto de tortura por parte de la fuerza pública, mientra que el defensor de derechos humanos resalta que la sociedad nicaragüense debe rechazar este tipo de acciones y que el Departamento de Asuntos Internos de la institución policial junto al Ministerio Público deberían estar investigando lo ocurrido y el comisionado Domínguez debería haber sido removido de su cargo.

Maradiaga y Cuevas coinciden al concluir que el Estado de Nicaragua es cómplice de tortura en este caso y que no garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos.