Confiscaciones despiertan temor y alarma en la población

El hacer efectivas las confiscaciones a las propiedades de los 94 nicaragüenses que recientemente fueron despojados de su nacionalidad y declarados “traidores de la patria”, ha despertado el temor en la población.

Varios nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera del país tienen miedo a que el régimen se apodere de sus bienes de manera ilegal, tal como ya lo hizo en los años ochenta durante el período posrevolucionario.

“Anthony” es un exiliado que se fue huyendo hacia Costa Rica y a quien protegemos su identidad por temor a represalias. Él dejó su pulpería de Nicaragua en manos de sus hijos. Ahora siente temor que despojen a su familia del negocio y su casa al no estar presente para defender lo que con mucho sacrificio trabajó por años.

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“No hay garantía de los derechos humanos”

“El otro problema es que si uno regresa a Nicaragua te pueden fregar, o te apresan o te mandan a otro lado y ahí si te van a despojar hasta de lo que andas puesto, en Nicaragua no hay garantía de los derechos humanos”, externó.

Otro ciudadano bajo condición de anonimato expresó su temor a que le arrebaten sus bienes, pues asegura que “ahora cualquier excusa es válida para el régimen, desnacionalizarte para tener bienes que le generen poder o un lucro”.

“Estos nicaragüenses que se fueron durante los últimos años podrían ser los nuevos desnacionalizados con el propósito de los Ortega-Murillo puedan tener más recursos que le generen riquezas y así se va fortalecer la nueva piñata”, puntualizó.

Muchos de los que han migrado de Nicaragua hacia otros países, principalmente a Costa Rica, no solo lo han hecho por la situación política, si no porque la crisis económica que vive el país los ahoga y por tanto, deben buscar oportunidades laborales fuera, pero ahora temen que les quiten sus propiedades. Ese es el caso de “Sandra”, una señora de 45 años de edad a quien llamamos así para proteger su identidad.

“Están llegando de la alcaldía a las casas”

“Da miedo. Uno no sabe cuando van a llegar a quitarte lo que tanto te ha costado. Solo Dios sabe lo que me costó mi casa y nada se lo debo a los sandinistas, me costó lágrimas y sudor, a veces no comía para comprar una piedra, una bolsa de cemento”, comparte Sandra.

La ciudadana que labora en Costa Rica como dependienta en una tienda, cuenta que “están llegando de la alcaldía a las casas a verificar quien vive, quien no” y que ante esa situación “ya ni sabe qué pensar”.

“De mi casa me han llamado, que me regrese, que me van a quitar la casa ¿pero a qué voy a regresar si allá no hay vida? Al menos aquí ganamos, por muy poquito, pero ganamos para poder enviar 50 o 100 dólares para allá”, relata Sandra.

Ante todo este panorama el exdiplomático José Dávila apunta que es una angustia para una persona cuando el Estado se ha adueñado de su propiedad, sin indemnización, y sin compensación con otro bien, y aunque un Estado puede expropiar por utilidad pública o por fraude o propiedad mal habida un bien, en ninguna circunstancia debe arrebatar sus bienes a nadie de forma ilegal, arbitraria, muchos menos por revancha política.

“Cuando una persona no ha trabajado, no tiene idea de los esfuerzos, apuros y dificultades que se pasan para llegar a ser dueño de una propiedad, una casa, tus bienes en general. Inclusive si la propiedad es heredada, sus ascendientes pasaron por ese proceso de lucha y trabajo”, puntualizó el exdiplomático.

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Por lo pronto Dávila visualiza un país sin horizonte, sumado a los sistemáticos actos represivos contra la propiedad privada y los derechos fundamentales, que cada día dinamitan la institucionalidad de este país centroamericano.

Constitución: “se prohíbe la confiscación de bienes”

Otro ciudadano que se encuentra en en Costa Rica, es “Miguel”, a quien también le protegemos la identidad por temor a represalias, él se siente un poco más confiado y le ha dado aliento a su madre que vive en Nicaragua, quien le ha dicho que tiene miedo que le quiten su casita.

“Con esto que ha escuchado mi mamá me llamó diciéndo que tiene miedo que le quiten la casa, yo le digo que no, que eso es solo a los que andan metidos en política, y pues esperemos que no pues, porque uno no se mete en nada”, explica el ciudadano oriundo de Carazo.

La confiscación de propiedades que ha realizado del régimen de Ortega a organizaciones no gubernamentales, del sector privado, así como bienes a excarcelados y desterrados políticos, es una clara violación a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que prohibe este tipo de acciones arbitrarias y obliga a los funcionarios que lo hagan a responder con sus bienes a la hora de un proceso legal.

“Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua.