El régimen sandinista negó a las autoridades brasileñas asistencia jurídica internacional sobre el caso del asesinato de su ciudadana Raynéia Lima, estudiante que fue asesinada el 23 de julio de 2018, en Managua. Información que fue publicada por el medio CONFIDENCIAL.
Según los documentos del Ministerio Público de Pernambuco, Nicaragua justificó la acción porque se trata “de un delito político amnistiado”.
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El procurador Luis Antonio Miranda Amorin, de la oficina 13 de esa instancia, había informado desde el pasado 22 de mayo a los abogados de Acción Penal (AP) que las autoridades de Nicaragua le negaron una copia íntegra de los actos de investigación del caso.
“La documentación contiene una carta con la solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal (…) trámite que dirigió esa Procuraduría a Nicaragua, que tenía como objetivo la obtención de copia integral de los actos de investigación y judiciales relacionados al homicidio de Raynéia”, dijo Miranda a Acción Penal.
Brasil aseguró que si no existe una nueva «manifestación» de las autoridades de Nicaragua en un plazo de 90 días, el caso de la estudiante será enviado al archivo de ese Departamento para que se formule de nuevo una solicitud de cooperación.
Si Nicaragua vuelve a negarse a esto, declararon que realizarán «otras medidas que se estimen convenientes».
Un caso en impunidad
La estudiante brasileña, Raynéia Lima, fue asesinada por el paramilitar sandinista, Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien confesó haberla asesinado en el juicio realizado por el sistema judicial controlado por la dictadura de Daniel Ortega.
Solís fue liberado en 2019 bajo una Ley de Amnistía aprobada por el régimen sandinista.
En una investigación realizada por Nicaragua Investiga, se reveló que Gutiérrez Solís cuenta según su planilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), con un sueldo de C$16,222.50 ($442.35 dólares), cantidad pagada por el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), del Proyecto de Tarifa Social de Transporte, que era administrado por la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic).
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