Las autoridades nicaragüenses condenaron a 35 años de cárcel al taxista José Martín Ocampo Aburto por haber asesinado a la adolescente de iniciales J.C.P.R, de 17 años de edad el pasado 25 de enero, en una comarca de Chichigalpa, Chinandega.
Medios oficiales reportaron que el sujeto admitió los hechos ante el juez indicando que el crimen se dio supuestamente por robarle un teléfono celular Samsung J2 Prime.
El juez Ángel Antonio Miranda Arteaga, condenó a 5 años y seis meses por el delito de robo y 30 años por el «asesinato» de la jovencita, pero este solo cumplirá 30 años de cárcel por ser esa la pena máxima en el país.
Durante la realización del juicio el delincuente que poseía antecedentes de tráfico de drogas e incumplimiento de pago de pensión alimenticia, dijo que «nunca había tenido problemas con la ley».
Asimismo descartó haber cometido algún tipo de abuso sexual.
La joven fue asesinada cuando se estaba preparando para hacer el examen de admisión de la UNAN-León y por tal razón había salido a las 5:30 de la mañana de su casa en el reparto Marvin Salazar, de Chichigalpa, para dirigirse a la terminal de buses de ese municipio y llegar a la escuela Filemón Rivera, donde recibía clases.
Posteriormente abordó el taxi conducido por el delincuente.
Luego Ocampo le dio golpes con el codo y puño derecho a la víctima en el rostro para neutralizarla. Cuando llegó a un camino desolado y montoso, parqueó el taxi, bajó a la adolescente y la arrastró seis metros, regresó al taxi y fue por la gata del vehículo y le dio varios golpes en la cara y cabeza a la menor.
Defensoras de mujeres han pedido que se cambie tipificación de delito
El crimen ha causado mucha indignación entre agrupaciones feministas por pedir que se cambie la tipificación del delito por el cual fue señalado Ocampo.
Por su parte la feminista María Teresa Blandón opina que “este gobierno nunca ha estado a favor de las mujeres” y comenta que desde hace muchos años, las mujeres han luchado por sus derechos y solo han obtenido represión y criminalización por parte de las autoridades estatales.
Blandón también considera que el alto índice de femicidios en el país se debe al debilitamiento del marco legal. “No hay un marco legal que regule, funcione o que sea efectivo para garantizar la vida de las mujeres” comenta Blandón y agrega que “el marco legal puede ser bueno porque existe una ley integral de violencia contra las mujeres que no deja de tener sus bondades”, pero que el gobierno de Daniel Ortega hizo una reforma a esta ley que restringe el femicidio al ámbito privado.
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