Cazadores furtivos, legales y pobladores desalmados han atacado a los pocos tapires, lapas verdes, pumas, tigrillos y otras especies que quedan en varias zonas del país, lo que convierte a Nicaragua, en un depredador de su fauna.
Incluso, se reportan casos de animales que han sido sacrificados por simple entretenimiento por pobladores.
Todas estas cosas constituyen graves delitos ambientales, sobre todo, cuando se trata de especies que en la escala internacional se encuentran declaradas en vías de extinción.
Entre junio 2022 y marzo 2024, por ejemplo, se han reportado al menos seis sacrificios de animales, como el tigrillo margay y el puma, todos denunciados en redes sociales y medios de comunicación. Las más recientes víctimas fueron dos pumas, una que fue atropellada mortalmente en Rivas y otra que fue sacrificada por un cazador en Rancho Grande, Matagalpa.
Pobladores de Bilwi asesinan a un jaguar en peligro de extinción
Triste realidad
Organizaciones ambientalistas expresan que esta es la «triste realidad” que se vive en Nicaragua. “Lamentablemente no se están cumpliendo con los convenios internacionales de la vida silvestre, ni con la legislación ambiental local, y los gobiernos municipales poco o nada han legislado resoluciones municipales alrededor del tema del cuido de la vida silvestre”, explica Elizabeth Sequeira, expresidenta de Jóvenes Ambientalistas.
Pero no ha sido por desconocimiento del tema, sino por falta de seguimiento de las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y el desinterés del sector privado turístico nicaragüense, señala la experta.
“En el digesto ambiental aprobado por la Asamblea Nacional el año pasado en noviembre, nuevamente se resalta la protección de las especies y el incluir en el Código Penal el cuido de toda la vida silvestre. Además de sanciones, multas y hasta cárcel, por cazar o matar en especial las especies sombrilla como el jaguar”, precisa la joven ambientalista, que lamenta que la ley sigue en espera.
Caza generalizada: garrobos, iguanas y lapas
A pesar de los múltiples llamados públicos de las organizaciones ambientales, la población no logra concientizarse en relación a la protección de la fauna y por el contrario la ha continuado “depredando”.
“Vemos un comercio de vida silvestre de lapas, armadillos e iguanas verdes. Y en la temporada de verano, vemos como especies como el garrobo negro son cazados para la preparación de platillos propios de este período. Esto además implica quemas de áreas verdes que desenlazan en incendios, afectaciones al bosque y daños al ciclo hídrico”, plantea Sequeira.
La Ley 641 del Código Penal de Nicaragua es clara en su artículo 380 en cuanto a las penas contra las personas que atenten contra la fauna protegida, sin embargo, hacen falta autoridades eficientes que la implementen para asegurar la protección de la fauna.
“El que cace animales que han sido declarados en peligro de extinción por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, o definidos como tales por la ley o por disposición administrativa, será sancionado con pena de uno a cuatro años de prisión y de quinientos a mil días multa. Los extremos mínimo y máximo de la pena prevista en el párrafo anterior, serán aumentados al doble, si la actividad se realiza en áreas protegidas”, reza la normativa vigente.
Agrega que “si la caza se realiza sobre especies de animales que no están en peligro de extinción, pero sin el permiso de la autoridad competente o en áreas protegidas, se impondrá de cien a cuatrocientos días multa”.
Hasta ahora no se conocen investigaciones ambientales que deriven en castigo contra las personas que atenten contra las especies silvestres en Nicaragua.
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