La reciente investigación anunciada por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, sobre las violaciones de derechos humanos y laborales en Nicaragua, podría tener consecuencias económicas y políticas significativas para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el analista político y exiliado nicaragüense Óscar René Vargas, esta acción podría ser utilizada como una herramienta para presionar al gobierno de Ortega a sentarse a negociar, en un contexto de mayor presión con Donal Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos y el senador Marco Rubio como secretario de Estado.
“La consecuencia más concreta que podría tener (la investigación) en el marco del Cafta es que pueda ser suspendido provisionalmente el acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso sería lo peor que puede pasar”, señaló Vargas, refiriéndose al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.
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Una eventual suspensión del tratado afectaría gravemente la economía nicaragüense, en particular a la Zona Franca, que emplea a más de 120,000 trabajadores.
La investigación, iniciada el pasado 10 de diciembre en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, examinará las múltiples denuncias de violaciones sistemáticas de derechos laborales, represión política y desmantelamiento del estado de derecho en Nicaragua.
En un comunicado, la representante comercial de Estados Unidos enfatizó que estas prácticas “socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con un comercio justo que respete los derechos humanos.
Efectos devastadores para economía nacional
Para Vargas, las repercusiones podrían ir más allá de la suspensión del Cafta y generar un efecto en cadena en la economía nicaragüense.
“Las consecuencias serían tremendas. Por ejemplo, afectaría el comercio exterior del país, las nuevas inversiones extranjeras y podría provocar una fuga de capital”, explicó el experto.
Además, señaló que la incertidumbre sobre el futuro del tratado podría llevar a las compañías extranjeras a dejar de invertir en Nicaragua, agravando la situación económica.
Aunque ya el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado leyes como la Nica Act y la Ley Renacer, que establecen sanciones y restricciones económicas contra el régimen, Vargas destaca que estas medidas no se han implementado plenamente.
En este caso, sin embargo, el analista considera que la investigación podría ser más que un simple gesto simbólico. “Puede ser una medida de presión para forzar a negociar a Ortega”, afirmó.
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Vargas destacó que los 120,000 trabajadores de la Zona Franca serían los primeros en sufrir las repercusiones económicas, lo que podría incrementar el descontento social y la inestabilidad interna.
Además, advirtió que “repercutiría negativamente en el futuro del país, afectando tanto el comercio como las inversiones extranjeras”.
El régimen de Ortega y Murillo, que ha mantenido una postura desafiante frente a las críticas internacionales, enfrenta un nuevo frente de presión diplomática y económica.
La investigación de Estados Unidos, que incluirá una consulta pública y una audiencia formal en enero de 2025, podría marcar un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y en la lucha por restaurar la democracia en Nicaragua.
Vargas concluye que el elemento central de estas medidas es forzar a Ortega a negociar porque las consecuencias económicas serían insostenibles para su régimen.
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