En la disputa silenciosa por los recursos y el favor del poder en Nicaragua, los militares le han ganado el pulso a los policías. Por primera vez en la historia reciente del país, el Ejército recibirá más dinero de forma directa que la Policía Nacional, según establece el proyecto del Presupuesto General de la República para 2027.
Durante los años posteriores al estallido social de 2018, la Policía fue la principal punta de lanza del control interno y la gran receptora de atención estatal. Sin embargo, la nueva distribución del gasto para 2027 refleja un cambio en las prioridades de Daniel Ortega y Rosario Murillo: hoy, blindar la lealtad de las Fuerzas Armadas parece ser el objetivo central para la supervivencia del régimen.
De acuerdo con el dictamen legislativo de la ley presupuestaria, las cuentas de ambas instituciones quedan repartidas así: el Ejército de Nicaragua contará con C$ 5,766.3 millones de córdobas (unos 157 millones de dólares) de asignación directa para sus operaciones y logística, dentro de un presupuesto global de Defensa de C$ 5,804.8 millones.
En tanto, la Policía Nacional recibirá C$ 4,935.1 millones de córdobas de forma directa. Aunque el bloque general de Orden Público y Seguridad Ciudadana suma C$ 12,502.6 millones, esa cifra engloba también a otras dependencias estatales, dejando a la institución policial por debajo de los militares en fondos propios.
Un crecimiento militar del 120% desde 2018
Este sorpasso financiero no ocurrió de la noche a la mañana. Registros presupuestarios y análisis independientes muestran que la partida del Ejército ha crecido más de un 120% en comparación con 2018, año en que iniciaron las protestas antigubernamentales. Con esta nueva inyección, la institución castrense supera a la Policía y se consolida como la estructura armadas con mayor respaldo económico del Estado.
En 2018, el presupuesto del Ejército era de solo 2,577.6 millones de Córdobas. La cifra ha ido en aumento hasta completar un monto récord para el próximo año.
El precio de la fidelidad «hasta el último aliento»
El desplazamiento presupuestario ocurre en paralelo a un abierto alineamiento político de la cúpula militar. Aunque la Constitución ordena que el Ejército sea apartidista, su comandante en jefe, el general Julio César Avilés, ha cerrado filas públicamente con Ortega y Murillo.
En actos oficiales recientes, Avilés prometió defender la continuidad del gobierno «hasta el último aliento» y calificó a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos como «traidores y vende patrias», adoptando sin matices el discurso del partido gobernante.
Un blindaje mutuo hasta 2031
La apuesta del Ejecutivo por asegurar el control de los cuarteles también se ha sellado mediante reformas legales a la medida. A finales de 2024, la Asamblea Nacional modificó el Código Militar para ampliar el período del jefe del Ejército de cinco a seis años y permitir su reelección indefinida.
Tras asumir un nuevo mandato en febrero de 2025, Avilés permanecerá en el cargo hasta febrero de 2031, acumulando 21 años consecutivos al mando (2010-2031) y rompiendo la alternancia militar vigente desde 1990. Para los analistas, el presupuesto de 2027 confirma el nuevo equilibrio de poder: mientras la Policía mantiene el control cotidiano de las calles, Ortega y Murillo han decidido invertir sus mayores recursos en garantizar que el poder de fuego militar permanezca bajo su absoluto control.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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