- Hijo del difunto Adolfo Jarquín y la ex dirigente de la Juventud Sandinista, Darling Carolina Ríos Munguía son los bendecidos en los máximos cargos. Foto portada: Presidencia
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), controlada por el gobierno de Nicaragua, recibe un presupuesto público aproximadamente de 58 millones de córdobas, de ese fondo se destinan 30 millones de córdobas en salario para el personal permanente.
Expertos en temas de investigación y derechos humanos aseguran que esta instancia es inoperante ante la ciudadanía y es una ‘inversión de millonadas de córdobas a una estructura del Estado que no le sirve al pueblo’.
Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), dice que los nicaragüenses están huérfanos de una procuraduría: “creo que más valdría que no existiera porque no ahorraríamos un montón de dinero en gastos inútiles”.
Cuevas sostiene que las máximas autoridades de la PDDH tienen aproximadamente un salario jugoso de C$90 mil actualmente. “Estamos hablando que hay una inversión de un millonada de córdobas a una estructura del Estado que no le sirve al pueblo. No tiene razón de ser. No tiene razón de existir”, expresa el jurista.
El abogado de la CPDH recuerda que en tiempo pasado en la Procuraduría de Derechos Humanos ha habido escándalos por los salarios de los directivos, donde el antiguo procurador Omar Cabezas y el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel se “aumentaron el salario de un tajo de casi 140 mil córdobas cada uno”.
Darling Munguía Ríos y Adolfo Jarquín León, juramentados Procuradora y Subprocurador de Derechos Humanos de Nicaragua. Cortesía
En ese escándalo, a una semana de estar en el cargo Ortel solicitó la contratación de cinco asesores con salarios de C$35 mil córdobas, luego Omar Cabezas pidió C$350 mil córdobas para su despacho. También el subprocurador se gastó C$21,226 en combustible.
Dayra Valle, Investigadora del Colectivo Transparencia Nicaragua, dice que lo que llama la atención de este presupuesto es la nómina a pagar que casi es del 80% de los funcionarios de esta instancia. Aparentemente la destinación totalizada para el pago de funcionarios de es de treinta millones de córdobas; el pago de horas extras del personal permanente es de trescientos treinta mil córdobas.
“Estamos hablando de alrededor de casi 47 millones de córdobas se gastan en servicios personales, es decir, los salarios más las prestaciones de ley”, manifestó Valle.
La PDDH registra en el informe presupuestario los “alcances esperados para el 2020”, donde supuestamente debe capacitar en temas de derechos humanos a 9,600 personas. Realizar 8 ferias integrales en las delegaciones territoriales y 48 visitas a centros de privación de libertad. La instancia tiene un ajuste para estas capacitaciones de C$199 mil.
La Investigadora aduce que 9,600 personas es “demasiado” y que es un desperdicio para el gasto público, también expresa que “han venido en aumento estas capacitaciones desde el año 2018, pero quisiéramos ver que funcionarios y en qué temas están trabajando porque estamos ante un Estado poco respetuoso ante los derechos humanos”, detalla Valle.
Comisión de la Verdad no detalla gastos públicos ni pagos de salarios
Por otro lado la Comisión de la Verdad, creada en abril de 2018, no aparece en el presupuesto público y se presume que los recursos financieros sean suministrados por la misma Asamblea Nacional.
Dayra Valle se refiere a este tema diciendo que la Comisión de la Verdad sí debe aparecer en el presupuesto que le destina la Asamblea Nacional y tiene que haber detalles de sus operaciones.
“Se habla que la Comisión realiza labores como visitas, investigaciones pero no se ve reflejado el presupuesto que ameritarían para las gestiones”, dice la investigadora y agrega que “al menos debería estar en las designaciones de las subvenciones”.
Valle señala que debe existir a la información de la ciudadanía cómo se pagan los funcionarios que trabajan en esta Comisión, cómo se pagan las gestiones que ellos realizan. “No sabemos cuál es el presupuesto que se le ha designado”, dice y subraya que hay “poca transparencia de las designaciones presupuestarias cuando sabemos que sí han tenido recursos hacia ellos para realizar una labor que le fue encomendada por la Asamblea Nacional”.
La Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión de la verdad el 29 de abril de 2018 para investigar las muertes y daños causados durante las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Foto: NICARAGUA INVESTIGA
Pablo Cuevas manifiesta que la Comisión de la Verdad es “una producción del señor Gustavo Porras” y “que lógicamente el quien tiene que proveerle los recursos es la Asamblea Nacional. Es por eso que no está figurada en el Presupuesto General de la República”
“Ya ni hablemos de los salarios, pues es evidente que Cairo Amador recibe un salario y si a criterio del señor de Gustavo Porras no está siendo bien su trabajo sería despedido”, dice Cuevas reiterando que la Comisión de la Verdad es inoperante porque “lo menos que hacen es servir a los intereses del pueblo, sino responden a los intereses partidarios”, agrega.
Cairo Amador, miembro de la Comisión de “la verdad” de Daniel Ortega
Por otra parte, Pablo Cuevas dejó claro que “Gustavo Porras es un ser obediente a los designios de la pareja presidencial donde él y su comparsa, que también son obedientes a la pareja presidencial son los que eligieron a esta Comisión”.
La PDDH fue rebajada a un nivel ‘B’ por su indiferencia ante la represión estatal que estalló en abril de 2018. La Procuraduría no se ha visto operando públicamente ante los derechos humanos, pero hace días apareció retomando denuncias de tres oficiales que supuestamente fueron agredidos por unos nicaragüenses en la Isla de Ometepe.
Nicaragua Investiga
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