Como un instrumento de represión política, así calificó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la propuesta de «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros» que está promoviendo el oficialismo en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Con dicha ley, el gobierno de Daniel Ortega busca ejercer mayor control sobre todas aquellas organizaciones que reciben fondos, ya sea de agencias internacionales o de gobiernos extranjeros.
La CPDH rechazó las intenciones del gobierno, porque “estigmatiza como agentes externos” a toda persona natural y a toda persona jurídica que desarrolla “proyectos o actividades con financiamiento externo”.
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Pero además de criminalizar a la sociedad civil, también lo hace con ”países amigos que apoyan el desarrollo humano”, sostiene la organización defensora de derechos humanos.
“La cooperación internacional apoya proyectos. El mayor volumen de esta cooperación es para los Estados, pero también apoya iniciativas de la sociedad civil para reducir la pobreza, para aumentar el conocimiento, habilidades, capacidades, de liderazgos sociales en comunidades y barrios, la asistencia, el acompañamiento y la denuncia pública de defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas independientes que facilitan el acceso a la información y la difusión de información y opiniones”, explicó Denis Darce, abogado de la CPDH, en conferencia de prensa.
“Es una amenaza real contra el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, todos de rango constitucional y protegidos por el derecho internacional”, expresó.
Limita derecho a la información y al desarrollo de liderazgos
La CPDH enfatizó que en los últimos dos años han aumentado en Nicaragua las plataformas digitales de información, por lo que la ley busca limitar el desarrollo de las mismas y que el ciudadano no tenga alternativas más allá de la información oficial.
Aseguró igualmente que el gobierno de Ortega pretende evitar que surja un liderazgo político nuevo. “Cualquier ciudadano, cualquier persona que recibe algún tipo de cooperación desde fuera para desarrollar su trabajo va a estar limitado de poder ejercer un liderazgo político”, refirió, recordando que se limitará el derecho a ser elegidos y ejercer un cargo público.
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“Es un instrumento de represión, es grandísimo. Incluso podríamos decir que la gravedad de esta iniciativa puede llegar más allá de las mismas reformas del INSS que dieron paso a la protestas de abril del 2018”, manifestó Darce.
La organización indicó que al prohibir a un “agente externo” participar en “asuntos de política interna”, le está prohibiendo participar en asuntos como los derechos humanos, la educación y la opinión pública.
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Recurso de inconstitucionalidad
El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, urgió a la sociedad civil y al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) cerrar fila en torno a rechazar la iniciativa del gobierno.
“Con esta ley lo que se está tratando es de criminalizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, criminalizar el derecho a la educación, a la salud y dejar en estado de indefensión a los nicaragüenses que de una u otra manera están queriendo contribuir al respeto de los derechos humanos y la democracia”, subrayó.
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“Esta iniciativa no contribuye en nada al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos humanos. Este tipo de iniciativas es una criminalización al trabajo de la sociedad civil, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos”, agregó.
Carmona adelantó que desde ya prepararán un recurso de inconstitucionalidad contra de la ley, una vez que el oficialismo la haya aprobado.
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